Mario Arana, Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM, confirmó haber recibido información de funcionarios norteamericanos sobre una eventual sanción a través de la suspensión del DR-CAFTA, el acuerdo comercial más importante para nuestro país, que permite exportar diferentes productos con aranceles preferenciales hacia Estados Unidos.
Arana dijo que a ellos mismos les sorprendió conocer que esta posibilidad está siendo contemplada por Estados Unidos «porque en teoría no está fácil salirse, así unilateralmente de un acuerdo de esta índole».
Sin embargo, Arana dice que fue informado del mecanismo que Estados Unidos podría utilizar para lograr poner fin al acuerdo comercial con Nicaragua.
-«Nos han explicado las razones y en particular, argumentan que Nicaragua cae bajo la categoría de un problema de seguridad para Estados Unidos y como tal con una orden ejecutiva ellos podrían suspender el tratado», aseguró Arana.
Esto significaría, que una sola firma del Presidente de Estados Unidos Donald Trump bastaría para poner fin al acuerdo.
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Arana desmintió que ellos anden abogando por suspender este acuerdo, y asegura que solamente han sido informados directamente en diferentes reuniones.
«Es un asunto que es bastante serio», dijo y advirtió que de concretarse, Nicaragua podría perder solo en el sector textil y confección unos 120 mil empleos, lo que se traduce en afectaciones directas a medio millón de familias.
El representante empresarial reiteró que la solución es política y que está en manos de Ortega resolverlo pronto.
-«Lo que decimos como sector privado es que estamos acá para darle una salida a la crisis política del país, quien atrasa no somos nosotros», manifestó.
Mario Arana, Presidente de AMCHAM. Foto: NI
EEUU ya tiene a Nicaragua como problema de seguridad nacional
El pasado 28 de noviembre el Presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva por medio de la cual declaró a Nicaragua como «una amenaza a la seguridad nacional» de su país.
«Por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza», expresaba parte del documento.
Es precisamente bajo esta declaración que Estados Unidos ha actuado con leyes como la Nica Act y otras sanciones individuales a funcionarios nicaragüenses a quienes señalan de participar de manera directa en los actos de represión y violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Agencias
En tanto esta semana el senador estadounidense Marco Rubio informó a la plataforma digital Voces en Libertad que buscan sanciones internacionales contra Daniel Ortega, pero además están planteando sus propios mecanismos como país.
Rubio se mostró confiado en lo que puedan lograr al hacer alguna solicitud al Presidente Donald Trump, porque aseguró que «hasta ahora todo lo que se le ha pedido a esta Casa Blanca, lo ha hecho».
Sin embargo, el senador no explicó detalles de cuáles son las medidas que se están contemplando y por lo tanto no es posible saber con certeza si las advertencias de Arana en torno a la posibilidad de suspender a Nicaragua del DR-CAFTA forman parte de esas medidas que se pondrán sobre el escritorio de Trump.
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Sandinistas acusan a empresarios
En declaraciones al canal 10 de televisión, Luis Barbosa, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores responsabilizó a los empresarios en caso de concretarse esta posibilidad. «Nosotros hacemos responsables al sector empresarial vinculado al golpismo, porque al fin y al cabo lo que están pretendiendo traer hacia nuestro país es más desempleo, más pobreza y más miseria», aseguró el dirigente sindical aliado de Daniel Ortega.
Barbosa asegura que son los empresarios vinculados a AMCHAM y al Cosep los que según él, cabildean en Estados Unidos para suspender el acuerdo.
En un reporte de 2016, El 19 Digital, uno de los principales medios del conglomerado familiar Ortega-Murillo, aseguró que «Nicaragua es el país de Centroamérica que más ha aprovechado el CAFTA» y explicaba que a esa fecha, la industria textil y confección en el país había crecido un 94%.
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, para ese entonces, Laura Dogu, expresó a ese medio que las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos habían crecido en un 170% en los primeros 10 años de funcionamiento.
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El Economista Néstor Avendaño dijo a Nicaragua Investiga que la suspensión de este acuerdo sería muy grave para el país y “nos estaríamos acercando a la visión macroecónomica de la década de los 80”, lo que se traduce en un panorama de mucha pobreza.
Avendaño dijo que algo como eso haría caer el 30% del comercio global del país y dejaría sin mercado el 42% de los productos exportables, además Nicaragua ya no podría comprar bienes a Estados Unidos a precios preferenciales, ya que actualmente gracias a este acuerdo comercial, el 25% de las importaciones que hace nuestro país provienen del mercado norteamericano.
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