Nicaragua se ubica en el segundo lugar en la lista de países con «riesgos altos» de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de Latinoamérica y el Caribe, así lo reflejó el informe del Instituto de Gobernanza de Basilea que analiza la capacidad de las medidas o la lucha antilavado de activos que ejecutan los países frente a este delito.
La metodología de puntuación destinada para este informe indica que los países con puntuaciones menores de 3 puntos no presentan un «alto riesgo de lavado de dinero», sin embargo, aquellos cuya puntuación es mayor 4 sí presentan un «alto riesgo» de que exista el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y que, no haya o sean muy escasas las políticas públicas que permitan hacerle frente a este delito.
Nicaragua obtuvo una puntuación del 6.70 a nivel de la región de Latinoamérica y el Caribe, solamente la supera Haití con una puntuación de 8.16.
Oscar René Vargas, analista político, expone que lo que se traduce de esta puntuación obtenida por Nicaragua es que el país centroamericano «sigue demasiado expuesto al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y los delitos relacionados».
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El índice de Antilavado de dinero y activos, (conocido como AML por sus siglas en inglés), estudia el nivel de soborno, corrupción, transparencia financiera, transparencia pública, rendición de cuentas, riesgos legales y políticos de cada país para determinar la puntualización final que obtendrían cada uno de ellos.
Para ello, el índice está «basado en datos de 17 fuentes disponibles públicamente, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial».
El analista político Vargas, añade que uno de los principales problemas en Nicaragua es precisamente que existe una «corrupción institucionalizada» que constituye un paso a la impunidad para aquellos funcionarios cercanos al círculo del régimen sandinista gocen de impunidad ante estos delitos.
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«La impunidad es la hermana siamesa de la corrupción. La mayoría de las personas que hoy ocupan los principales cargos de gobierno, el segundo anillo del poder oculto, están imbuidas de un espíritu de pandilla, un pacto de sangre, en el que todos defienden a todos. Dentro de esa lógica nunca se emprenderá acciones legales contra quienes se le atribuyen actos no transparentes con el dinero público y delitos relacionados», expresa el analista.
Para Vargas, entre los funcionarios del Estado de Nicaragua hay un «inmenso, increíble y persistente peculado», en todos los niveles, incluyendo los cimientos de las instituciones públicas, hoy controladas por el dictador nicaragüense Daniel Ortega.
«La corrupción es uno de los principales vehículos para el lavado de dinero, junto con otras actividades ilegales como el tráfico de drogas, lavado de dinero o el uso de dinero efectivo en operaciones al margen del sistema financiero», puntualiza.
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