La lucha por los derechos de la diversidad sexual en Nicaragua lleva muchos años y ha tenido grandes costos, no solo económicos, sino también humanos.
Recuerdo que los de la generación de la década de los 80 y 90, como José Ignacio López y Joel Zúñiga, me contaban lo difícil que era ser gay o transgénero en Managua, para entonces, te golpeaban o te mandaban a echar preso a la Casa 50, detrás de las oficinas de Seguridad de Estado, en la Loma Tiscapa.
En 1992, en Nicaragua fue puesto en vigor el artículo 204 de la Constitución Política, que criminalizaba la homosexualidad: «Comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo”.
Ese artículo contenía una disposición que convertía en delito mantener relaciones homosexuales en privado, cuando una de las partes tenga responsabilidad sobre la otra. Además, permitía procesar a personas por ejercer la defensa de los derechos de las lesbianas y los gays, facilitar información sobre salud sexual o por mantener relaciones de carácter homosexual en circunstancias que no están penadas, en el caso de ser heterosexuales.
Para inicios del año 2000, Nicaragua, Panamá y Belice eran los únicos países de Centroamérica que penalizaban la homosexualidad. Fue hasta en noviembre de 2007 que el gobierno nicaragüense aprobó un nuevo Código Penal, que sería puesto en vigor en 2008, y que se derogó el artículo 204, despenalizando la homosexualidad.
A partir de entonces, sin riesgo a ser criminalizados, la población LGTBIQ comienza a dar grandes pasos de expresión organizativa, para reivindicar sus derechos. El recuento de los trece años transcurridos, revela que nunca hubo interés ni compromiso pleno del Estado con la tarea que supone reconocer, defender, promover y restituir derechos a la población sexualmente diversa.
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En 2009 se aprobó nombrar a Samira Montiel como nueva Procuradora para Asuntos de Diversidad Sexual. En una nota de La Prensa, del 30 de noviembre de 2009, se informó que “según el procurador Omar Cabezas, de esta manera (el nombramiento) no se hace más que reconocer a los ciudadanos y ciudadanas en su condición de personas con iguales deberes y derechos constitucionales, que deben ser respetadas sin importar su condición, opción sexual o labor”.
Supongo que el procurador Cabezas se amparó en el artículo 27 de la Constitución Política, que reza que “todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derechos a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”.
Ese paso no abonó, pues a partir de entonces se realizaron un sinnúmero de propuestas para el cambio social, en aras del respeto y la tolerancia para las personas sexualmene diversas, que fueron desestimadas por el Gobierno y, luego, dejadas en el olvido por muchas organizaciones y activistas defensores. Esa desobligación se ha visto agravada por la crisis sociopolítica en Nicaragua, a raíz del estallido social de abril de 2018.
Obstaculización del Estado
En el mismo año 2009, una resolución ministerial se refirió solamente a las personas en su condición de orientación sexual, dejando de lado la identidad de género; esta no tuvo reglamentación de estricto cumplimiento y tampoco financiamiento, para la educación del personal de las distintas áreas disciplinarias del Ministerio de Salud.
Las múltiples reuniones con la procuradora Montiel fueron una pérdida de tiempo, pues no pasaban de motivar a realizar trabajos mediante las oenegés que apoyaban estas iniciativas y no como responsabilidad de la PDDH, y por ende, del Estado. Tiempo después se dio una pequeña sorpresa, cuando en funciones de cargo como ministra del Minsa, Sonia Castro nos “facilita” la nueva resolución ministerial 671-2014, en la que ya mencionan la identidad de género y otras expresiones del género. Tampoco ha tenido gran impacto en el país, por falta de voluntad gubernamental para reglamentar e impulsar desde los pénsum académicos de todas las escuelas del área de la Medicina. Eso sin contar que también debería ser del conocimiento de los ciudadanos nicaragüenses.
Entre 2010 y 2017, organizaciones y movimientos sociales pusieron en marcha diversos proyectos con los que parecía verse una luz al final del túnel, sobre todo cuando prosperó la iniciativa de nombrar como facilitadores judiciales a activistas de distintas organizaciones de la diversidad sexual, que fueron juramentados.
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Pasadas varias horas del solemne acto, el 14 de diciembre de 2017, “la Corte Suprema de Justicia hace del conocimiento público, mediante su portal web, que queda revocada la juramentación y se deja sin efecto legal alguno el trámite de acreditación como Facilitadores Judiciales de los 24 miembros de la comunidad de la diversidad sexual, realizada el día miércoles 13 del mismo mes”. Fue cuando nos dimos cuenta que estábamos siendo utilizados por el Gobierno, para aparentar que en Nicaragua se “respetaban los derechos humanos”, cuando en realidad es todo lo contrario.
El año 2018 vino a abrirnos más los ojos, pues nos dimos cuenta del total irrespeto y de las arbitrariedades que ejecuta el Gobierno de Daniel Ortega contra todos los ciudadanos nicaragüenses, crímenes de lesa humanidad, encarcelamientos arbitrarios, secuestros, desmantelamiento de organizaciones, etcétera.
La población LGBTIQ, desde sus expresiones organizadas, documentó estas terribles situaciones que sucedían en todo el país. Contamos con el Informe de afectaciones que realizó la Mesa Nacional LGTBIQ, en el que se reflejaban estadísticas, por orientación e identidad, y las áreas geográficas donde se cometieron las violaciones de derechos humanos.
La división
Lamentablemente, en este sector nos encontramos con una terrible división. Algunas organizaciones, como Sitradotrans, dirigida por Yadira Gómez, y que pertenece al sindicato José Benito Escobar; Odetrans, por Venus Caballero; Adeseni, por Marlene Vivas, y Amodisec, por Natty Natalie, son fieles al Gobierno de Ortega y Murillo, por tanto, son las únicas financiadas por el Fondo Mundial que trabaja de la mano con el Gobierno, mediante la CONISIDA; y de paso tienen sintonía con la procuradora Samira Montiel, gran militante sandinista.
Otras no estamos de acuerdo con el Gobierno, como la Mesa Nacional, DEIGEORSEX en Estelí, de la que soy una de las fundadoras; el Club Metamorfosis, en Carazo, por Chester Cortés, y Adisnic, de Chinandega, por Vladimir Maradiaga. Aunque la discordia no termina allí, la competencia por adquisición de financiamiento exterior, es grande, así como la tiradera que se tienen ellas, desde desconocimiento de unas con otras, así como el trabajo que realizan y las descalificaciones en la ejecución y transparencia de los proyectos.
Limitaciones
Me es triste reconocer, principalmente por parte del gremio transgénero femenino, que hemos vivido arrinconadas, trabajando solamente en el tema de la prevención del VIH-Sida, ITS y el ejercicio del trabajo sexual por sobrevivencia, no dando salida a otras temáticas revelantes, como la participación ciudadana en espacios de toma de decisión, el acercamiento a políticos y la oferta de propuestas (nuevas agendas) en aras de que se nos tome en cuenta en agenda pública.
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Ahora nos vemos más limitadas que nunca, ya que como parte de la escalada represiva, el Gobierno ha cancelado personerías jurídicas. Además, con la puesta en vigor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, limita el acceso a fondos de la cooperación externa y ello retrasa procesos de trabajo con estas temáticas, sometiendo a la sociedad al desconocimiento de los derechos humanos de esta población.
Desafíos
El reto es grande, pues con la represión ejecutada por los Ortega Murillo, desde abril 2018, hasta ahora, nuestro país se ha visto con un aproximado de 40 años de retraso en materia de derechos humanos. No nos queda más que iniciar un proceso de diálogo y reconciliación entre todos los gremios que conformamos la población LGTBIQ en Nicaragua, y consensuar una sola estrategia que nos beneficie como sector, pues los gobiernos son transitorios, pero nuestras demandas no, y estas organizaciones que le sirven al sandinismo deben recapacitar en cuanto a sus quehaceres y demandas.
Dicha estrategia debe estar clara en cuanto a qué se demandará primero. Hay derechos que necesitan ser reconocidos en Nicaragua, como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Ambos condenados por sectores sociales, bajo la influencia de la Iglesia Católica.
La ventaja es que contamos con las suficientes herramientas jurídicas para dar la batalla, comenzando con que somos un Estado laico, contamos con recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el examen periódico universal presentado en 2018, y las recomendaciones que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es suscriptor, y estas son de estricto cumplimiento.
*La autora es exrea política y defensora de los derechos humanos de la diversidad sexual.
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