Secretismo informativo, reversión del marco legal de la ley 779, falta de confianza en la institución policial, impunidad de femicidas, puesta en libertad de hombres acusados de violencia de género, desmontaje y confiscación de organizaciones de mujeres son, entre otras, las decisiones estatales que dificultan el trabajo incesante de lucha contra la violencia hacia las mujeres que se venía gestando desde hace más de 30 años por organizaciones feministas.
“La violencia machista versus violencia estatal e institucionalizada contra las mujeres, es una muestra de la doble violencia que enfrentan las mujeres de Nicaragua. La crisis de derechos humanos en el país ha creado las condiciones perfectas para que las vidas de las mujeres estén en riesgo y que la violencia se establezca Desde antes del 2018 ya existía control estatal, se había edificado un ambiente de sumisión como una respuesta de Estado ante la violencia que experimentaban las mujeres”, analiza Thais Xiu, activista feminista de una colectiva de mujeres, de la cual omitimos su nombre por razones de seguridad.
A pesar del enorme trabajo hecho por las organizaciones de mujeres para posicionar el marco jurídico como la ley 779, aprobada hace diez años y que representara el primer instrumento jurídico mencionando el “femicidio” y la responsabilidad estatal como respaldo legal en la prevención de la violencia hacia las mujeres y en la búsqueda de justicia para las víctimas, también esa ley representa el principal instrumento utilizado por el gobierno para revertir el contenido de la ley 779.
“La ley está siendo utilizada como unas de las tácticas del gobierno para seguir violentando a personas opositoras y eso se puede ver claramente en la reforma a la ley al nombrar como “homicidios” los femicidios, al negar y disminuir las cifras que presentan las organizaciones de mujeres, al negar las cifras que deberían de ser de acceso público. Cómo una mujer va a confiar en instituciones del Estado como la policía, quien en el 2018 secuestró, encarceló, violó mujeres y que continúan siendo un recordatorio constante de que el gobierno no vela por su ciudadanía y que no vela por las mujeres”, reflexiona una feminista del Occidente del país.
Mujeres demandan un alto a la violencia y liberación de presas políticas en Nicaragua
El silencio informativo como estrategia de que no hay violencia hacia las mujeres
La utilización del secretismo como mecanismo de negación de la violencia hacia las mujeres, según feministas consultadas, es parte de las nuevas tácticas gubernamentales para mostrarse como un estado que está velando por la seguridad de las mujeres; sin embargo en el 2020 Nicaragua fue uno de los pocos países que no respondió a las medidas implementadas por la CEDAW para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes en los términos de violencia; “responder con el silencio es de por sí una respuesta y forma parte de la estrategia general para continuar agrediendo y mostrar una cara de Nicaragua que no existe, porque aquí se sigue violentando a las mujeres, se sigue asesinando a las mujeres, se sigue desapareciendo a las mujeres y no hay una respuesta clara”, afirma una activista feminista, quien forma parte de redes de apoyo que acompañan a mujeres que viven violencia.
Si bien el tema de la violencia hacia las mujeres es endémico como parte del sistema, en contextos de crisis política, el asedio y el cierre de los espacios de lucha por los derechos humanos en general y el de las mujeres en particular se acrecientan debido a la imposición de un sistema represivo que coarta la democracia.
Por ello, es importante destacar la opinión de algunas activistas feministas consultadas sobre la importancia de señalar que el gobierno promueve la violencia hacia las mujeres a través de sus políticas de impunidad, porque eso se traduce a otras áreas de la sociedad, “se trasladan a la cotidianidad y da un aval para que los hombres sigan asesinando a más mujeres, porque un Estado de impunidad en términos de derechos humanos se va a traducir a impunidad en la casa, en la calle, en las universidades, entonces sí hay una relación entre lo que está pasando con las políticas represivas del gobierno y el hecho de que las mujeres se queden sin alterativas para prevenir y luchar contra sus agresores.
Las organizaciones de mujeres que daban un acompañamiento fuera del aparato del Estado y que fueron confiscadas, canceladas su personería, sus lideresas en el exilio o han sido presas políticas, es una manera de decirle a las mujeres defensoras de derechos humanos que ellas no alcanzan dentro del sistema en Nicaragua y que ellas son una amenaza.
Esta situación se suma a la crisis de violencia que las mujeres están experimentando, no hay una respuesta clara para las mujeres que continúan en el país, no tienen alternativas para encontrar apoyo y prácticamente el gobierno está obligando a callar a las mujeres para hacer sus denuncias porque la narrativa gubernamental está cargada de polarización, pues una mujer que no tiene afiliación política alguna, o es opositora, igual si tuvo una participación en organizaciones de sociedad civil, no va a ir a denunciar. Por otra parte, hay casos de mujeres que no tienen conocimiento sobre sus derechos, se quedan en un país sin ningún tipo de red, pues muchas activistas que hacían acompañamiento han tenido que migrar.
Hay otras brechas para muchas mujeres que no tienen escolaridad, que no cuentan con redes de apoyo, sin acceso a tecnología, y esas inequidades, desigualdades con el paso del tiempo hacen más difícil la vida de las mujeres que son presas fáciles de la violencia machista. A estas limitaciones tiene que dar respuesta el Estado.
La reforma al código penal no garantiza la disminución de los femicidios
A inicios del 2021, el gobierno de Nicaragua reformó el Código Penal con la inclusión de cadena perpetua para los femicidas. Hasta mediados del 2022, según informó el diario La Prensa, se contabilizaban 22 sentenciados por esta ley.
Sin embargo, la figura jurídica “cadena perpetua” según declararon los legisladores oficialistas en su momento, “no viola los derechos humanos, porque se trata de una cadena perpetua “revisable”, pues el condenado podrá apelar a la libertad condicional después de 30 años de prisión”. Esta decisión se suma a la vulnerabilidad en el manejo de las sentencias con cárcel para los femicidas, pues cada año, el actual gobierno, pone en libertad a centenares de presos comunes que incluyen a asesinos de mujeres.
A esta fragilidad en la aplicación de las leyes, se suma el aumento y atrocidad con que son ejecutados los femicidios. El observatorio de las Católicas por el Derecho a Decidir indica que en Nicaragua durante el primer trimestre de 2023 se duplicó el número de femicidios cometidos durante el mismo periodo de 2022.
Según sus datos, en los tres primeros meses del 2022 hubo 14 mujeres asesinadas; mientras en ese mismo periodo de este año, se reportaron 30 mujeres asesinadas incluyendo mujeres nicaragüenses que viven en el exterior. Hasta el cierre de octubre 2023, cincuenta mujeres han sido víctimas de femicidios, incluyendo a la segunda mujer quemada viva durante los últimos años, el pasado cinco de noviembre, Luvy Vargas de 19 años en el municipio de Waslala, municipio del Caribe Norte, una de las zonas donde más se cometen femicidios.
“Las cifras de este año son alarmantes. Estamos a casi nada de superar las cifras de feminicidios del año pasado. El caso de Luby Vargas se asimila al atroz crimen de Vilma Trujillo en el 2017 que fue quemada en una hoguera, es una práctica que ya se había visto en este país, esto hacer ver que hay un total descuido de parte de quienes deberían proteger a las mujeres y esto es totalmente inaceptable y viene desde la política que existe en el nivel estatal donde no existe protección para nosotras”, enfatiza una joven activista feminista.
Un caso fehaciente de violencia machista y de Estado
Retardación de justicia, corrupción, protección estatal a los victimarios, procesos que saltan el debido proceso, engaños, es lo que experimentan las mujeres que denuncian la violencia que viven. El siguiente es un testimonio y denuncia de una joven que acompañó a su tía a llevar un proceso que estuvo a punto de terminar en femicidio. Protegemos su identidad, por razones de seguridad, no así el lugar de los hechos.
“Yo acompañé a una compañera de manera directa como familiar víctima de violencia y mi familia también la acompañó. Hicimos el proceso vía judicial, en el municipio de Ciudad Sandino, Managua. Logramos obtener justicia y que ese hombre no la asesinara, estuvimos pendiente de ella, de lo que necesitaba y en reiteradas ocasiones regresó con su agresor y entendimos que estaba bajo los efectos del “círculo de la violencia, le presentamos muchas redes de apoyo y finalmente logramos que ella saliera de ese ciclo de violencia. Ella tiene dos niños con ese hombre.
La primera gran complicación cuando le acompañamos a poner la denuncia fue la revictimización a la que ella se enfrentó, al hacerle preguntas como “porque se queda allí”; “porque no salió de ahí” y estas típicas preguntas eran revictimizarte y humillantes hacia mi tía. Notamos que había un total desinterés y que no había profesionales que la atendieran, era evidente que no había una persona preparada profesionalmente para atender, porque ella estaba en una crisis, pues múltiples veces sufrió golpes directos; no solo vivía violencia psicológica sino también violencia física.
Mi tía enfrentó el soborno que hizo su ex pareja al juez asignado y a ella le pusieron a una fiscal de oficio, e incluso lograron sobornar a las personas que ayudaban como testigo a mi tía. Según la ley, el primer paso que se saltaron en este caso es poner preso al victimario y no lo hicieron, mintieron al decir que no fue trasladado a la cárcel porque había ocurrido algo en el camino y el hombre nunca estuvo preso y cuando leímos el acta para que mi tía firme decía que el juicio se cancelaba porque no habían podido trasladar al agresor desde Tipitapa hasta Cuidad sandino, fue cuando nos alármanos pues creímos que había sido arrestado. Nunca estuvo preso. Fue engaño tras engaño, alargaron el proceso judicial todo el tiempo. A esto se sumaba que la defensora de oficio presionaba a mi familiar que negociara con su agresor para que este no pagara por sus delitos.
Mi tía estuvo a punto de ser asesinada y no valieron las pruebas de la violencia vivida porque el proceso estaba viciado. Es difícil porque en ese momento bajo el contexto no tenía apoyo más que el de la propia familia y de quienes estuvimos pendiente.
Fue muy cansado el proceso por la vía estatal pues ellos mismos se encargaron de retrasar el proceso a más de un año. Finalmente logramos obtener un poco de justicia, de reparo porque cambiaron después de nuestra insistencia. No haber dejado sola a mi tía fue decisivo y logramos que se pusiera una orden de alejamiento del hombre, que no cumplió, pero sí se logró saliera de la casa y que esta le quedara a los niños bajo salvaguarda de mi tía; pero nunca logramos la justicia penal y que el victimario pagara por lo que había hecho de intentar asesinar a mi tía, este fue un proceso muy difícil y no lo hubiésemos logrado sin la insistencia de los propios familiares”, concluye la joven.
El aumento de las niñas y mujeres desaparecidas
Un hecho que preocupa a la sociedad nicaragüense, es el aumento de denuncias de niñas y mujeres desaparecidas. Este es un tema pendiente pues no existe sistematización de este delito. Las redes sociales de internet son las únicas vías de denuncia de los familiares. Fue difícil encontrar datos fehacientes que den cuenta de esta nueva pandemia de violencia hacia las mujeres.
“La desaparición de niñas y adolescentes va en aumento, si lo vemos reflejado en las redes. No es sorpresa que el Estado no brinde una respuesta efectiva a esta grave problemática, donde en la mayoría de casos, la policía nacional devuelve la responsabilidad a las familias de las víctimas. Por ello, las redes sociales se están convirtiendo en el único sostén que tienen estas familias para denunciar y buscar a sus desaparecidas.
La población es la que asume la responsabilidad en buscar a estas niñas y adolescentes y eso es inconcebible que sea la población quien este tomando este rol en términos de procesos investigativos. Las instituciones estatales creadas para proteger derechos de la niñez y adolescencia tienen la responsabilidad de crear sistemas de alerta como en otros países para reportar de manera inmediata la desaparición de una niña o adolescente. Cuando las instituciones no atienden con inmediatez esto implica una máscara estatal sobre la importancia que da a los derechos de las mujeres, cuando en el diario vivir de un montón de familias se vive la angustia de niñas desaparecidas que hasta el día de hoy no se han encontrado”, concluye la joven feminista de Occidente.
¿Qué se puede hacer?
Como sociedad corresponde demandar que se cumplan las leyes. Apoyar a las víctimas, no justificar a los agresores, no criticar desde los prejuicios a las adolescentes y jóvenes que son linchadas en las redes sociales. No ser complacientes con los abusadores sexuales ni testificar a su favor ya que se sabe que estos actos nunca se realizan frente a testigos.
En las familias escuchar y creer a las víctimas de abuso y violencia donde muchas veces se mantiene la “unidad familiar” a cambio del silencio cómplice ante sus abusadores por el poder que se les asigna. En el vecindario, denunciar la violencia que nos afecta, aunque las víctimas directas no se atrevan a hacerlo.
Las instituciones sociales como las iglesias, los centros educativos, las organizaciones civiles, las empresas y las mismas familias pueden promover la igualdad entre hombres y mujeres para que esa igualdad sea el centro del respeto a la vida humana, específicamente de las mujeres y las niñas.
El Estado debe promover programas nacionales permanentes prevenir y sancionar la violencia, poner en práctica las políticas públicas que respaldan los derechos humanos de las mujeres y la niñez; por ejemplo, en los casos de demandas de pensión de alimentos, entre otros.
Las instituciones correspondientes deben atender la denuncia con sensibilidad y aplicar el marco legal existente, libre de prejuicios y conveniencias de ningún tipo. Así mismo, retomar el resarcimiento a las víctimas implementando la reparación tan necesaria, por ejemplo, con los huérfanos del femicidio.
