Amnistía de 1990, el perdón y olvido a los crímenes de la década sandinista

En la década de los 80s hubo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, censura, malversación de fondos, expropiación de propiedades y demás acciones ilícitas cometidas desde el gobierno que quedaron impunes.

El 13 de marzo de 1990 toda una década de crímenes fue borrada de un plumazo por el gobierno sandinista de la época a través de una amnistía que trataba de imponer la reconciliación de los nicaragüenses por ley, sin ningún proceso de justicia ni reparación para las víctimas mortales de la guerra, calculadas en más de 50 mil personas.

En la década de los 80s hubo ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, censura a medios de comunicación, malversación de fondos públicos, expropiación de propiedades privadas y demás acciones ilícitas cometidas desde el gobierno y que con esa Ley de amnistía estaban quedando en la impunidad.

El origen de esta amnistía se encuentra en los acuerdos de Esquipulas I y II firmados en 1986 y 1987 respectivamente, en Guatemala. Estos acuerdos fueron suscritos por los presidentes de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y el objetivo era pacificar la región centroamericana que vivía conflictos armados en los últimos tres países, mientras que los otros dos eran perjudicados por los problemas internos de sus vecinos, ya sea por migración, afectaciones a sus economías o el uso de su territorio para bases militares.

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En el caso de Nicaragua, la contrarrevolución, el grupo armado con el que los sandinistas estuvieron enfrentados toda la década de los 80s, ocupaba territorio hondureño y costarricense para establecer sus bases militares y desde ahí hacer incursiones armadas hacia Nicaragua. Lo mismo pasaba en los casos de El Salvador y Guatemala.

Además de las guerras, había pobreza, escasez, hiperinflación, inseguridad, nulas oportunidades de desarrollo, entre otros factores que no convenía a ninguno de los países, ni a sus habitantes. La paz en la región era urgente. En ese contexto fue que se dio la firma de los acuerdos de Esquipulas, que llevaron a la amnistía de 1990.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Joso Baena Soares, lee el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre los sandinistas y los rebeldes contra el 25 de marzo de 1988 en Sapoa.PAOLO BOSIO / AFP

El primer acuerdo incumplido por Ortega

Óscar Arias por Costa Rica; Vinicio Cerezo por Guatemala; José Napoleón Duarte por El Salvador; José Azcona por Honduras; y Daniel Ortega por Nicaragua, fueron los cinco presidentes que se reunieron el 24 y 25 de mayo de 1986 en Esquipulas, Ciudad de Guatemala para firmar el primer acuerdo que buscaba la paz de la región.

Los compromisos adquiridos en ese momento fueron bastante generales y según la misma declaratoria quedaron “aspectos por resolver, como son las maniobras militares, el control de armamento y la verificación del cumplimiento de los acuerdos”.

Además, los Estados se comprometieron a firmar el Acta de Contadora por la Paz y la Cooperación en Centroamérica, propuesta por el Grupo de Contadora, conformado por México, Panamá, Venezuela y Colombia, que prestaron sus servicios para mediar en la pacificación de Centroamérica.

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El numeral 8 de la sección dos del Acta decía que los firmantes se comprometían a “emitir y, en su caso, refrendar, ampliar y perfeccionar las normas legales que ofrezcan una verdadera amnistía, que permita a sus ciudadanos su plena reincorporación a la vida política, económica y social. De igual manera, garantizar la inviolabilidad de la vida, la libertad y la seguridad personal de los amnistiados”.

El primer acuerdo de Esquipulas también establecía que los Estados debían garantizar los derechos de sus ciudadanos, pero Daniel Ortega incumplió al establecer con el decreto presidencial 250, en enero de 1987, un Estado de Emergencia Nacional por un año, restringiendo a los nicaragüenses de sus derechos básicos como la libre movilización, el derecho a la inviolabilidad de los domicilios, la libertad de expresión, entre otros.

El segundo acuerdo. Ortega firmó obligado

Después de haber firmado Esquipulas I, los presidentes se volvieron a reunir en el mismo lugar el 6 y 7 de agosto para firmar un nuevo acuerdo. Este no fue tan general como el primero, e incluso era más extenso y detallado. Los cinco presidentes centroamericanos, incluido Daniel Ortega, se comprometieron a facilitar elecciones libres, aunque más que comprometido, Ortega se vio obligado.

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, relató a Nicaragua Investiga en 2019 que Daniel Ortega se vio obligado a firmar el “Plan Arias para la Paz” propuesto por el exmandatario costarricense porque no iba a ser bien visto que los demás países firmaran un acuerdo para pacificar la región y que solamente Nicaragua no firmara.

“Ante los ojos del mundo iba a ser un desastre que no quisiera firmar un plan de paz cuando se estaba sangrando Nicaragua” explicó Arias. La verdadera intención de Daniel Ortega era seguir en el poder.

Un mes después de firmar Esquipulas II, o más bien el «Procedimiento para establecer la Paz firme y duradera en Centroamérica», se creó la Comisión Nacional de Reconciliación cuyo mandato era verificar el cumplimiento de los acuerdos y estaba presidida por el difunto Cardenal Miguel Obando y Bravo, y su suplente el también difunto obispo Bosco Vivas.

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Por el gobierno la comisión estaba integrada por el ex vicepresidente Sergio Ramírez y el Ministro de la Presidencia René Núñez; por la oposición, Mauricio Díaz y Erick Ramírez Benavente, y como “ciudadanos notables, el reverendo Gustavo Parajón Domínguez y el doctor Gonzalo Ramírez de la Cruz Roja Nicaragüense.

Mauricio Díaz, que integró esta comisión cuenta que el decreto de Estado de Emergencia aprobado por Ortega para 1987 tuvo que ser derogado después de la firma de Esquipulas II, y así consta en la Ley 34, Ley de Derogación Del Estado de Emergencia Nacional. “Dentro de las estrategias de estos viejos zorros marxistas (sandinistas) esto era para endurecer las posiciones antes de comenzar a conceder algunas cosas producto de Esquipulas II”, valora Díaz 24 años después.

Los compromisos convenidos en Esquipulas II también incluían el cese del fuego, la reapertura de medios de comunicación que habían sido cerrados como la Radio Corporación y el diario La Prensa; elecciones libres y amnistías para “perdonar” los crímenes cometidos durante los conflictos y de esa manera conseguir la paz y la reconciliación en la región, pero dejando un lado la reparación y atención a las víctimas. Y fue así que en 1988 llegaron los acuerdos de Sapoá.

Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA)

La paz, la única alternativa de los sandinistas

En su “Relato de Cómo se Logró la Paz”, el expresidente Enrique Bolaños explica que el Frente Sandinista “no tenía ya quién les supliera recursos frescos para mantener la nave a flote. Sabía que la Unión Soviética (URSS) estaba ya cerca de la quiebra y que Cuba era tan indigente como Nicaragua. Estados Unidos no levantaría ni un dedo para evitar la caída del sandinismo al precipicio económico, político, social, moral… Solo le quedaba aceptar un arreglo como el que le presentaba Esquipulas II.

Mauricio Díaz coincide con esta visión, pues comenta que hasta que las potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética dejaron de apoyar a los sandinistas y contras respectivamente, fue que se comenzó a vislumbrar el fin de la guerra civil en el país.

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Del 21 al 23 de marzo de 1988, el gobierno sandinista se reunió con la Resistencia Nicaragüense conocida como la contrarrevolución en Sapoá, departamento de Rivas y ante los testigos, el Cardenal Miguel Obando y el Secretario General de la OEA Joao Clemente Baena, finalmente los grupos enfrentados firmaron el Acuerdo para el Cese al Fuego Definitivo.

Los firmantes del acuerdo fueron el general en retiro del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, y por la contrarrevolución Adolfo Calero Portocarrero. Después de la firma, las partes convinieron tres meses de cese al fuego para facilitar las negociaciones que se trasladaron a Managua a partir del 6 de abril de 1988. Fue así que poco a poco se consiguió la libertad de varios presos políticos y se terminó con la celebración de las elecciones de febrero de 1990.

PEDRO LINGER / AFP

La amnistía de doña Violeta

A casi un mes de haber asumido el gobierno, el 23 de mayo de 1990, Violeta Barrios promovió otra Ley de Amnistía, la número 50 en la historia de Nicaragua.

La Ley 100 derogaba la Ley 81, que fue la amnistía que habían aprobado los sandinistas dos meses atrás, pero en esencia decía la mismo. Era el perdón y olvido para los crímenes de los 80s y los de aún más antes porque la amnistía de Violeta Barrios no determina la fecha desde cuándo son perdonados los delitos, pero sí dice que son los cometidos hasta el 23 de mayo de 1990.

El miércoles 28 de marzo de 1990 el diario LA PRENSA publicó el Acuerdo de Transición al que habían llegado el gobierno saliente de Daniel Ortega y el entrante de Violeta Barrios. En este acuerdo, el punto cinco establecía que “ambos equipos de transición respaldan las iniciativas de los poderes públicos tendentes a crear un clima de Reconciliación Nacional y de Amnistía en beneficio de las familias nicaragüenses”.

Años más tarde, en noviembre de 2005, el propio Daniel Ortega reconoció “el favor” que les hizo el gobierno de Violeta Barrios al amnistiar los crímenes de los sandinistas. “Para mí lo más positivo de la gestión de doña Violeta fue el favor de la reconciliación. Creo que ella contribuyó en mucho en avanzar rápidamente en lo que es la despolarización”, dice Daniel Ortega en el documental La transición: Los años de doña Violeta.

“Estas amnistías no han servido para reconciliar a nuestros países, si no para que se siga como un círculo vicioso la violencia”, considera Mauricio Díaz, exintegrante de la Comisión Nacional de Reconciliación, e indica que en el caso particular de Nicaragua, son los mismos actores de los 80s los que están causando el daño a una nueva generación.

En 2019, la actual administración sandinista aprobó la amnistía número 53 de toda la historia nicaragüense, en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno desde abril del 2018, a como señala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. “En toda la vida los sandinistas se han salido con la suya. Han logrado delinquir y después que les apliquen el alzheimer; el perdón y el olvido”, concluye Díaz.

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