El rol combativo de la empresa privada en los años 80

Jorge Salazar entró con su camioneta Cherokee al parqueo de una gasolinera Esso en El Crucero. Aparentemente, lo había citado ahí Néstor Moncada Lau, mano derecha de Daniel Ortega y sancionado por los Estados Unidos.

Era la tarde del 17 de noviembre de 1980, un año y escasos meses desde la revolución que había prometido a los nicaragüenses el fin de la violencia. Ya en la gasolinera estaba un carro blanco y, dentro, dos personas esperándolo. Uno de ellos asesinaría a Salazar a balazos momentos después, desatando el caos en el lugar.

Salazar era el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, y en ausencia del presidente, Enrique Dreyfus, coordinó la salida de los diputados de las organizaciones sindicales en el Consejo de Estado creado durante la revolución, en respuesta al aumento desproporcionado de organizaciones sandinistas en el mismo.

Eso ocurrió el 12 de noviembre, cinco días antes de su asesinato, que los medios de propaganda sandinistas asociaron al desmantelamiento de un supuesto “complot contrarrevolucionario”, de una “conspiración somocista”. Salazar nunca apoyó a ningún Somoza. Tampoco su organización tuvo buenas relaciones con el somocismo.

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De hecho, el COSEP obtuvo su nombre en la primera Gran Convención del Sector Privado de Nicaragua, celebrada en marzo de 1974 para, entre otras cuestiones, abordar la falta de respuesta del gobierno de Anastasio Somoza Debayle durante la reconstrucción de Managua, destrozada por el terremoto de diciembre de 1972.

Ya existía un Consejo Superior, fundado con la firma de un Acta de Compromiso por parte de varios representantes del sector privado el 16 de febrero de 1972, a instancias del Instituto Nicaragüense de Desarrollo. Se llamó Consejo Superior de la Iniciativa Privada hasta que, en la Gran Convención de 1974, pasó a ser la organización que hoy persiste.

Empresarios protestaron contra la muerte de Jorge Salazar. Tomada del archivo de La Prensa

La empresa privada contra Somoza

Hubo roces en esos años, como los impuestos a las exportaciones elevados por Somoza en 1973, luego del terremoto, mismos que gestaron resentimientos en el sector privado a pesar de que Somoza afirmaba que los productos de sus negocios no recibieron trato especial.

A Somoza lo acusaban de competencia desleal y de utilizar la reconstrucción de Managua como excusa para centralizar el poder económico y político, pero fue el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, lo que propició el quiebre total entre el gobierno y el sector privado.

La atrocidad en contra del principal enemigo civil de Somoza llevaría al sector privado a tomar una posición proactiva en contra del gobierno. Era tan evidente el quiebre, que el Frente Sandinista lo anunció en su comunicado de 1978, titulado La consigna es: ¡Muerte al somocismo!: “los comerciantes, industriales y gran capital financiero, hasta hace unos meses no TENIA una mayor participación en la lucha antisomocista… En la medida en que la crisis del somocismo se ha agudizado, el mismo sector financiero ya se pronuncia contra Somoza”.

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Uno de los gremios que conforma el COSEP, la Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC), fue la que llamó a una huelga general de 15 días en enero de 1978 tras la muerte de Chamorro, en abierta condena del gobierno de Somoza. Más tarde, el 30 de agosto, volvería a hacer el llamado; la segunda huelga duró 28 días.

A consecuencia de esto, a la Cámara le fue revocada su personería jurídica, pero eso no impidió una última huelga en junio de 1979 que aceleró el colapso de la dictadura.

Conflictos con el sandinismo

La promesa de una Nicaragua libre para muchos implicaba libertad en un sentido pleno, que incluía la esfera económica, pero el carácter marxista-leninista de la vanguardia del sandinismo engendraría nuevas discordias. El ingeniero Jorge Salazar creía en esa libertad y pagó con su vida.

Nuevamente el sector privado se veía en oposición a un gobierno autoritario, pero el discurso marxista-leninista que observaban en el FSLN suponía una crisis existencial que iba más allá de lo político, encapsulada en las palabras del jefe del Ejército Popular Sandinista, el general Humberto Ortega, quien declaró animosamente en un discurso de 1981: “van a hacer falta árboles y postes en Nicaragua para colgar a todos los burgueses, opositores, vende patrias”.

Un mes después del asesinato de Salazar a manos de la Seguridad del Estado sandinista, el liderazgo del COSEP organizó una reunión extraodinaria en el Teatro Cabrera. De esa reunión surgió una carta dirigida al Coordinador de la Junta de Gobierno, Daniel Ortega.

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“Hemos analizado el proceso de cambio, hemos advertido los peligros del sendero por el cual Uds. quieren hacer avanzar la Revolución, hemos sentido la frialdad con que el gobierno ha acogida nuestras recomendaciones” explicaba el liderazgo del COSEP en la carta.

“La economía se derrumba. La producción no presenta síntomas de recuperación. La paz social no se materializa” se lamentaban, a la vez que denunciaba la injerencia de los gobiernos de Cuba y Libia en el país y el distanciamiento de países que apoyaron a la oposición cívica antisomocista, como Costa Rica y Venezuela.

La carta denunció el proyecto marxista-leninista del FSLN, que se realizaba “a espaldas del pueblo” y sólo aseguraba “más sangre y sufrimiento a nuestro pueblo”. Firmaron los líderes de las cámaras del COSEP y tres de ellos, Benjamín Lanzas (CNC), Gilberto Cuadra (CONAPRO) y el propio Enrique Dreyfus (INDE), fueron encarcelados. Los condenaron a siete meses de prisión, pero diversas presiones nacionales e internacionales hicieron que los liberaran cuatro meses después.

El resto de la década, el COSEP se mantuvo en oposición al gobierno y sirvió como una de las principales agrupaciones opositoras en el país. La candidatura de Violeta Barrios de Chamorro por la Unión Nacional Opositora fue respaldada por el COSEP y bajo su gobierno este obtuvo personería jurídica y una prominencia considerable, siendo los expresidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños Geyer miembros de la gremialidad.

“Modelo COSEP”

Anastasio Somarriba, expresidente del COSEP (2001-2003), afirmó en la edición especial de 2012 de Revista COSEP que, de no ser por el actuar de la organización, “Nicaragua se hubiera convertido en otra Cuba sin sentido, con una dictadura más feroz de la que tuvo”.

Sin embargo, las tribulaciones y esfuerzos que se vivieron en los ochenta no impidieron que el COSEP pactase con el FSLN una vez este declaró victoria en las elecciones de 2006, presentando una nueva imagen.

Muchos, tanto dentro como fuera de Nicaragua, se preguntaron dónde había quedado la retórica socialista del Frente, a la vez que el COSEP, presidido por José Adán Aguerri, parecía haber dejado atrás el recuerdo de lo vivido durante el proceso revolucionario luego de quince años de crecimiento.

De manera inversa a lo que declaró Somarriba, la cooperación del sector privado a partir de 2007 fue vital para la consolidación del poder del Frente Sandinista. Para 2009, el “Modelo COSEP”, así denominado orgullosamente por la propia organización, era ya una realidad tangible.

Aguerri, que ya era presidente desde 2007, lo seguiría siendo hasta 2020. Se reeligió diez veces consecutivas habiendo reformado los estatutos del COSEP, y desde su posición promulgaría al Modelo COSEP como, entre otros calificativos, el modelo para “una Nicaragua próspera y democrática”.

El Modelo COSEP colapsó tras los eventos de 2018 y la crisis subsiguiente. Luego de las elecciones del COSEP de 2020, el empresario Michael Healy relevó a José Adán Aguerri, quien fue detenido por el gobierno de Ortega el pasado 9 junio, acusado de “realizar actos que atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación”, entre otros cargos.

Presidente del sector privado de Nicaragua, Cosep, Michael Heally asumió recientemente la dirigencia gremial en Nicaragua. Foto VOA

El COSEP se posicionó en contra del gobierno de Ortega tras la represión de 2018 e incluso convocó a paro nacional en varias ocasiones, pero ninguna de las huelgas duró tanto como las que fueron convocadas en contra de la administración Somoza.

Los paros del 14 de junio, 13 de julio y 7 de septiembre de 2018 duraron 24 horas, así como el paro del 23 de mayo de 2019, palideciendo ante los 15 días que duró la huelga más corta que el COSEP convocó contra el somocismo tras la muerte de Pedro Joaquín Chamorro.

A pesar de la escalada de la represión que inició el gobierno con la detención arbitraria de la expresidenta de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro el pasado 2 de mayo, Cristiana Chamorro, y la detención de su expresidente, el COSEP parece haber abandonado la idea del paro nacional como mecanismo de presión en contra del régimen de Ortega.

También se ve una posición escurridiza, nada firme ni cercana a la que un día mantuvieron los antiguos dirigentes de esa gremial que hoy es ampliamente cuestionada por haber cedido ante las presiones de un gobierno que les ha acusado de conspirar y haber organizado en su contra un golpe de Estado.

Ni empresas confiscadas, ni empresarios detenidos han logrado que el Cosep regrese a su papel combativo del pasado.