Una investigación realizada por la Fundación Arias, de Costa Rica, reveló que tanto policías costarricenses y militares de Nicaragua están siendo involucrados con la trata de personas en la frontera sur.
“Se han detectado situaciones de corrupción tanto de cuerpos policiales costarricenses como de las fuerzas armadas de Nicaragua, que están involucrados con estas organizaciones (de tráfico de migrantes). Coadyuvan dando información para facilitar el paso, avisando de retenes u operativos a cambio de dinero”, dice el informe, del cual tuvo acceso el diario La Nación e ese país.
La investigación fue realizada entre los meses de febrero y agosto de 2020, y dice “que existen vínculos entre policías costarricenses y militares nicaragüenses con las redes de traficantes de migrantes desde Nicaragua hacia Costa Rica”, cita la nota del diario de referencia.
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“Los traficantes de migrantes trabajan aliados con algunos militares de Nicaragua y ciertos policías de Costa Rica. Una de las estrategias es compartir información. Los militares y policías de ambos países ya conocen las placas de los carros (de los traficantes) y no los paran, y los coyotes ya conocen los horarios en que estos funcionarios se encuentran en su puesto, para pasar en ese momento”, subraya la investigación.
Uno de los relatos plasmados en el informe detalla que “al llegar a Peñas Blancas la persona que realiza el viaje se encarga de contactar a miembros del Ejército y realiza el pago para que puedan pasar al otro lado de la frontera”.
Otro testimonio, recolectado en entrevista con funcionarios públicos, subraya que: “Muchas personas que traficaban drogas, se dedican al tráfico de personas, porque tiene una rentabilidad similar al tráfico de drogas y la pena es menor. Es lamentable decirlo, pero acá en Costa Rica, hay varios puestos policiales que están involucrados en organizaciones, nos indican que es de paso libre, donde les cobran cierta cantidad de dinero para dejarlos pasar, esos son lamentablemente los que tenemos aquí en Costa Rica”.
La Nación describe que el estudio utilizó “una técnica de investigación mixta (cualitativa-cuantitativa) para el cual, entre otros recursos, se entrevistaron 284 personas solicitantes de refugio en nuestro país”.
La Fundación Arias entrevistó a 14 vecinos de las zonas fronterizas y migrantes irregulares, así como a 14 funcionarios de entidades como la Fuerza Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería y las municipalidades de los cantones fronterizos de La Cruz (Guanacaste), Upala y Los Chiles (ambos en Alajuela).
Con la investigación se busca propiciar condiciones de vida dignas para esas personas, “detallando la situación de huida de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica —desplazados por la fuerza, a raíz de la violencia política en su país— y revelando los peligros y las violaciones de derechos que sufren al cruzar la frontera”.
De acuerdo al informe, el tráfico de personas lo manejan “estructuras criminales organizadas”, las cuales operan en redes compuestas por coyotes (quienes cobran por trasladar migrantes ilegalmente), policías, militares, taxistas y demás personas dedicadas al transporte, así como vecinos.
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