Una comisión especial del nuevo Parlamento en Venezuela pidió a la Fiscalía dictar medidas cautelares contra diputados opositores electos en 2015, mientras el presidente del Tribunal Supremo de Justicia pidió hace días modificar leyes para sancionar a quienes, a su entender, usaron la Asamblea Nacional para “aniquilar la República”.
Para la oposición, esas declaraciones y esfuerzos forman parte de una “nueva escalada de persecución” contra los integrantes del poder legislativo electo hace seis años, que alegan, sería el “legítimo” Parlamento vigente.
El gobierno venezolano es uno de los más cercanos a la administración de Daniel Ortega en Nicaragua. Archivo/NI
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, exhortó el viernes (22 de enero) al nuevo poder legislativo a reformar cinco leyes que permitan aplicar la justicia “con firmeza y contundencia” contra “aquellos que intentaron utilizar los espacios del poder Legislativo para aniquilar la República”, en alusión a los diputados leales a Juan Guaidó, líder opositor que ha sido reconocido por 50 gobiernos como presidente interino.
El chavismo controla el Parlamento al haber obtenido 253 de sus 277 puestos en unas elecciones que la oposición, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) desconocen por no haber contado con las garantías mínimas de una elección libre, justa y transparente. Esa mayoría le permite aprobar y modificar sin limitaciones leyes orgánicas e incluso, la misma Constitución.
Moreno pidió reformar el Código Penal, las leyes contra el terrorismo, la delincuencia organizada, de drogas y contra la corrupción, muchas de las cuales el chavismo ha esgrimido para procesar judicialmente a opositores.
Su exhorto ocurrió días antes de que una comisión designada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista pidiera al fiscal general Tarek William Saab, el miércoles (27 de enero), que prohíba salir del país a 35 diputados electos hace seis años.
Las medidas cautelares también incluyen a un grupo de venezolanos que forman parte o colaboran con el llamado gobierno interino de Guaidó. En total, se solicitaron a la Fiscalía prohibiciones del país contra 43 personas.
José Brito, presidente de esa instancia legislativa, que busca investigar las “acciones perpetradas contra la República”, explicó que su solicitud guarda relación con la oferta de condonación de deuda de Paraguay con Venezuela y la aprobación de 18 millones de dólares para gastos legales en ese caso de parte de la comisión delegada, que dice representar al Parlamento de 2015.
Guaidó destaca entre los acusados, a quien Brito señaló de liderar “un entramado que se configura como delincuencia organizada”. Indicó que las sanciones financieras y energéticas impuestas por Estados Unidos a Venezuela se convirtieron en “un gran negocio” que habría beneficiado a políticos.
“La mayoría están aquí en el país, incluso, esto llega a un entramado de sectores económicos, empresariales, industriales, vínculos con muchos de este tinglado que se circunscribe como delincuencia organizada”, remarcó a la prensa.
«Aniquilación» de la democracia
Guaidó denunció en un comunicado oficial, publicado el mismo miércoles, que esos hechos constituyen “una nueva acción represiva y un paso más en la estrategia de aniquilación de las fuerzas democráticas”.
Brito, sancionado por Estados Unidos, es un “comprobado colaborador y cómplice de la corrupción de Nicolás Maduro”, según palabras de Guaidó.
“Alertamos a la comunidad internacional de esta arremetida de la dictadura y solicitamos acciones firmes para proteger al pueblo de venezolano de quienes ya han sido señalados por la OEA, ONU y Corte Penal Internacional como criminales de lesa humanidad”, reza el texto difundido por su despacho.
El dirigente opositor destacó que la cita de Brito con el fiscal general ocurrió el mismo día en que Jorge Rodríguez, presidente del nuevo Parlamento, instalaba “una supuesta mesa de diálogo” con el principal gremio empresarial del país.
En su cuenta en Twitter, Guaidó felicitó a los diputados que “no vendieron su dignidad” ante los presuntos intentos de soborno de parte del madurismo.
“Por eso son perseguidos por la dictadura y sus cómplices. Perdimos la cuenta de cuántas veces la dictadura, de manera ilegítima, amenaza y me dicta prohibición de salida del país. Esto no nos ha detenido en representar a los venezolanos para denunciar al régimen en el mundo”, dijo.
Brito, quien hasta hace un año era parte de la oposición leal a Guaidó, insistió en que su comisión “no es un paredón de fusilamiento” y acotó que los implicados en las denuncias tendrían “derecho a la legítima defensa”.
Hace dos semanas, explicó que su labor buscaba exponer “los daños terribles y la burla” cometida, a su entender, por sus excolegas parlamentarios, a quienes luego calificó como “una partida de malandros de la extrema derecha”.
José Antonio Mendoza, miembro de la comisión delegada que lidera Guaidó y uno de los diputados mencionados en la lista de señalados, acusó al oficialismo de “hostigamiento político” y de exhibir “doble discurso” mientras los persigue y, al unísono, pretende promover diálogos con varios sectores nacionales.
“Estamos en Venezuela, vamos a seguir en Venezuela, porque no hemos cometido ningún delito”, declaró a la Voz de América. “Vamos a seguir acompañando a los venezolanos. Ellos esperan que la dirigencia política abandone Venezuela. No le vamos a dar la espalda a los venezolanos”, garantizó.
Por su parte, Luis Florido, otro de los mencionados, afirmó que lo ocurrido es parte de una agenda para “desactivar la acción” que han tenido desde la AN opositora y la comisión delegada.
“Evidentemente que pueden accionar contra nosotros de distintas maneras. Sin embargo, nosotros tenemos algo que es muy importante, que es el respaldo de un pueblo que no quiere que Nicolás Maduro continúe en el poder, que es el respaldo de la comunidad internacional”, indicó a VOA Noticias.
Se espera que el Parlamento cite pronto a declarar a los diputados involucrados en la denuncia. En febrero, la comisión debe presentar sus conclusiones ante la plenaria del Palacio Federal Legislativo de Caracas, especificó Brito.
Foro Penal, organización no gubernamental que promueve los derechos humanos, precisó esta semana que hay 353 presos políticos en Venezuela y que 9.304 ciudadanos siguen sujetos a “procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares”.
[Con información de Carolina Alcalde y Álvaro Algarra desde Caracas]
Nicaragua Investiga
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