Nicaragua entre los países más corruptos de la región

Con una puntuación media de 22, Nicaragua se ubica como el tercer país de las Américas con mayores concentraciones de corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020, que es elaborado anualmente por la organización Transparencia Internacional, ubica a Nicaragua como uno de los países con peor desempeño en el tema a nivel regional.

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Con una puntuación media de 22, Nicaragua se ubica como el tercer país de las Américas con mayores concentraciones de corrupción, únicamente después de Haití y Venezuela (18 y 15 puntos respectivamente), y por ende el más corrupto a nivel de Centroamérica.

Mientras tanto, las puntuaciones más altas durante el año 2020 fueron ocupadas por Canadá y Uruguay, con 77 y 71 puntos respectivamente.

Nicaragua decae desde 2012

Nicaragua ha decaído 7 puntos en el índice desde el año 2012. Los problemas de corrupción y de falta de transparencia agobian al país desde antes del estallido de la crisis sociopolítica de 2018. Sin embargo, durante los últimos años la situación solo se ha venido profundizado, ocupando la posición 159 de 180 países a nivel mundial de percepción de corrupción.

Entre 2018 y 2019 el país perdió tres puntos, pasando de 25 a los 22 que sostiene actualmente. Ese mismo año Transparencia Internacional calificó de “autoritario” al gobierno de Daniel Ortega y lo acusó de violentar los derechos políticos de los ciudadanos tras reprimir a través del uso de la fuerza las protestas cívicas de aquel entonces.

Pandemia debilitó más la situación

Transparencia Internacional describe a la región como “un polo de corrupción y mala gestión de fondos” que, siendo una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19, representa un mayor reto ya que se “ha puesto de relieve profundas desigualdades sociales y económicas que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población”.

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La organización destaca que “al igual que en otras partes del mundo, los gobiernos americanos tomaron medidas extraordinarias ante la COVID-19, con estados de emergencia que restringían los derechos civiles”. Además, destaca que “en todo el continente, los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y actualizada sobre datos estadísticos sanitarios y suministros de emergencia”.

Insisten en que uno de los mayores retos es “lograr que los fondos y programas de ayuda para la COVID-19 no acaben en manos de la corrupción y lleguen a sus destinatarios legítimos. De no distribuirse debidamente estas ayudas, existe el riesgo de que aumente el malestar social, se aviven las llamas de un populismo dañino y crezcan aún más la pobreza y la desigualdad”, un tema especialmente crítico para Nicaragua ya que hasta el momento las autoridades no brindan información respecto al manejo de los fondos otorgados por los organismos internacionales ni existe un control claro sobre la aplicación de pruebas del coronavirus las cuales se mantienen centralizadas por las autoridades.

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