Ejército salvadoreño toma control de servicio de transporte

Militares están conduciendo autobuses en El Salvador, después de que el gobierno incautó una empresa de transporte y arrestó a su propietario por haber aumentado el precio de los pasajes.

El ejército salvadoreño tomó el control de un grupo de unidades de transporte privado propiedad de ACOSTES de RL, sociedad administrada por Catalino Miranda, quien fue detenido por autoridades del país por haber aumentado el precio del pasaje del transporte.

Las unidades, unas 293, administradas por Miranda fueron confiscadas el fin de semana por el Gobierno de El Salvador, que además canceló el permiso de concesión de la línea, luego que el presidente Nayib Bukele anunciara algunas medidas para palear la crisis económica que vive el país, entre ellas la suspensión por tres meses del cobro de impuestos al combustible y la eliminación por un año del pago de aranceles de importación de ciertos productos, entre otras.

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Entre las medidas se incluye una intensa campaña de supervisión para que el transporte público de pasajeros no incremente las tarifas.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno informó que la empresa de Miranda “infringió la novena cláusula del contrato de concesión» y que «se alteraron documentos firmados por el Viceministerio de Transporte, en donde aparece una tarifa diferente a la autorizada”.

Bukele se justifica

El mandatario salvadoreño justificó la captura del empresario en su cuenta de Twitter, señalando que los transportistas están advertidos de abstenerse de incrementar los pasajes.

“Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte. Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso. No jueguen con fuego”, escribió.

Representantes de la empresa privada del país emitieron un comunicado de prensa expresando su preocupación por la toma de los autobuses y pidieron al Gobierno respetar los principios democráticos.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) dijo que “la expropiación no solo viola el derecho a la propiedad privada de una persona o empresa, sino que pone en riesgo el patrimonio que construimos con esfuerzo y nos somete a la discrecionalidad de los mandatarios”.

En el documento los empresarios también indican que el camino al desarrollo y la prosperidad tienen su base “en el respeto a la libre empresa y a la propiedad privada».

La Administración Bukele por su parte justifica los decomisos amparándose en la Carta Magna del país.

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