Organizaciones salvadoreñas pidieron este martes a la justicia que declare inconstitucional una reforma penal que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes presuntamente originados por pandillas, lo que podría limitar y «criminalizar» el trabajo de la prensa en el país.
Como parte de su «guerra contra las pandillas» en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, con ayuda del Congreso aliado, instauró un régimen de excepción que permite la captura de personas sin orden judicial. Además se reformaron las leyes para castigar con hasta 45 años a quienes formen parte de estos grupos delictivos.
También se sanciona con penas de entre 10 y 15 años a quienes «reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general».
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«Las reformas están imponiendo una limitación absoluta de derechos, particularmente sobre el ejércicio periodístico. Esto implica que los periodistas puedan ser procesados por informar», aseguró en una rueda de prensa Ruth Elenora López, representante de la organización promotora de derechos humanos Cristosal.
Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema una demanda contra la reforma referida a la difusión de mensajes.
«Lo que se está haciendo en este caso es criminalizando el ejercicio periodístico por cuanto se impone una mordaza al derecho que un periodista o un medio de comunicación tiene para informar a la ciudadanía, es un atentado a la libertad de información», señaló el presidente de la APES, César Castro.
Castro señaló, al igual que López, que existe «poca confianza» que la demanda «pueda avanzar», al considerar que la Sala de lo Constitucional «está en sintonía» con el gobierno de Bukele.
«Esto servirá unicamente para agotar los mecanismos de justicia que hay en el país, antes de que busquemos llevar esta situación ante instancias de justicia internacional», remarcó Castro.
A pedido de Bukele, el Congreso decretó a fines de marzo un régimen de excepción por un mes para frenar la violencia de pandillas, a las que se les atribuyen 87 homicidios entre el 25 y 27 de marzo.
Según el presidente, quien goza de altos niveles de popularidad, en 24 días se han detenido a 13.573 pandilleros.
Las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en este país centroamericano asediado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros en El Salvador, de los cuales casi 30.000 estarían tras las rejas, luego de las recientes capturas.
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