El gobierno de El Salvador anunció este miércoles que pedirá al Congreso una nueva prórroga, la segunda, de un régimen de excepción que inició el 27 de marzo, para continuar con su ofensiva contra las pandillas que ya deja casi 35.000 detenidos.
«Luego de analizar los resultados de los dos meses del régimen de excepción, pedirán al consejo de ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga», señaló la Casa Presidencial en su cuenta de Twitter.
El Presidente @nayibbukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad. Luego de analizar los resultados de los dos meses del Régimen de Excepción, pedirán al Consejo de Ministros que solicite a la @AsambleaSV su prórroga. #GuerraContraPandillas pic.twitter.com/BAqWxvXh6E
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) May 25, 2022
Según el Ejecutivo, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, se reunió en la madrugada de este miércoles con su gabinete de seguridad y el fiscal general, Rodolfo Delgado, para evaluar los resultados de los dos meses que lleva el régimen de excepción.
Este régimen fue decretado el pasado 27 de marzo en busca de contener la violencia de las pandillas. El 26 de abril entró en vigencia una primera prórroga de 30 días.
El gobierno de Bukele le declaró la «guerra» a las pandillas luego de que asesinaron a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo.
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Según datos de la Policía Nacional Civil, desde el inicio de la ofensiva y en el marco de ese estado de excepción, fueron detenidos hasta el martes sin una orden judicial 34.585 personas, presuntos pandilleros, una cifra sin precedentes en los últimos 30 años en este país centroamericano.
Si se considera a los 16.000 que ya estaban en prisión, actualmente hay 50.585 detenidos por presuntos vínculos con las pandillas, que se presume tienen unos 70.000 miembros.
El régimen de excepción, además de permitir a las autoridades detenciones sin orden judicial, restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones.
A pedido del mandatario, el Congreso, controlado por el oficialismo, también aprobó a inicios de abril una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.
La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
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