México: el país con mayor asesinatos de periodistas sin resolver, según informe

ElComité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), publicó este martes su Índice Global de Impunidad 2022, con reveladoras cifras de la última década en cuanto a los peores casos de asesinatos de periodistas y encarcelaciones en varios países del mundo.

“México es uno de los casos más atroces”, indica el documento revelado por Jennifer Dunham, subdirectora editorial del CPJ. La organización ha documentado 28 asesinatos de periodistas sin resolver allí en los últimos 10 años, la mayor cantidad de cualquier país en el índice, haciéndolo el más peligroso del hemisferio occidental para los periodistas.

La nación centroamericana ocupa el sexto lugar en el índice del CPJ. Mientras que Somalia sigue siendo el peor ofensor en el índice por octavo año consecutivo. Siria, Sudán del Sur, Afganistán e Irak, respectivamente, completan los cinco países principales en el índice, que cubre el período del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2022. Las calificaciones se calculan en función del tamaño de la población del país.

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La gran mayoría de los asesinatos siguen quedando impunes, según el Índice Global de Impunidad 2022 del CPJ. En total se registraron 263 casos de periodistas asesinados en represalia por su trabajo durante la última década en todo el mundo. En 206 de esos casos, o el 78 %, el CPJ registró total impunidad, lo que significa que nadie ha sido condenado en relación con el crimen.

Myanmar hizo su primera aparición en el índice en 2022, en este país se estarían dando los peores encarcelaciones de periodistas del mundo. “La junta militar de Myanmar ha encarcelado a decenas de periodistas y ha utilizado amplias leyes antiestatales y de noticias falsas para suprimir la información independiente. También asesinó al menos a tres periodistas”, revela el informe.

Aún así, en países elegidos democráticamente, informó Dunham, las autoridades muestran “poca voluntad política para enjuiciar a los asesinos de periodistas o frenar la violencia contra la prensa. Más bien, los líderes, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, lanzan regularmente ataques verbales contra los medios, incluso cuando los reporteros enfrentan amenazas constantes por su información”.

Al menos 13 periodistas fueron asesinados en México en los primeros nueve meses de 2022, la cifra más alta jamás documentada por el CPJ en ese país en un solo año. Al menos tres de esos periodistas fueron asesinados en represalia directa por sus reportajes sobre delincuencia y corrupción política, y habían recibido amenazas antes de su muerte. El CPJ está investigando el motivo de los otros 10 asesinatos para determinar si estaban relacionados con el trabajo.

A pesar de que el gobierno de México ha implementado mecanismos de proteccion para que periodistas amenazados se puedan inscribir, dichas medidas no irían lo suficientemente lejos para evitar la impunidad, aseguró Jessica Jerreat, editora de Libertad de Prensa de la Voz de América.

“A veces es fácil atrapar a la gente de bajo nivel, a los pistoleros, al gatillero; pero en la impunidad, particularmente en los periodistas, siempre tienes que volver a ¿por qué fue ese periodista? Y es por la historia que estaban siguiendo. Alguien está tratando de silenciarlos o alguien objeta las críticas o el trabajo de investigación que están realizando”, dijo Jerreat.

En marzo de 2022, Jesús Ramírez, coordinador de comunicación de la Presidencia de la México, dijo en redes sociales que 16 personas habían sido detenidas en relación con los asesinatos de seis periodistas en lo que va de 2022, asegurando que “no habrá impunidad en ningún caso”. Sin embargo, según el CPJ, la tasa de arrestos aún no ha dado lugar a condenas. Además, algunos de los arrestados, como los sospechosos del asesinato del periodista Jacinto Romero Flores en 2021, fueron liberados por falta de pruebas.

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“Los datos del CPJ dicen que a menudo son los políticos o los jefes de algún tipo de crimen organizado. Los cárteles son a menudo los presuntos perpetradores de estos ataques. Y puede ser muy difícil llevar esos casos o investigar a ese nivel. Creo que existe la sensación de que una vez que tienes a la persona que realmente llevó a cabo el ataque, tal vez sea suficiente, tal vez, pero en realidad no lo es”, apuntó Jerreat.

La editora agregó que tras conversaciones con periodistas en México, estos habrían revelado que hay historias que les preocupa asumir porque temen que se conviertan en un tema por el que serán atacados o amenazados.

“Creo que la autocensura es el aspecto más debilitante de la libertad de prensa. Cuando envías un mensaje tan amenazador a toda una comunidad de periodistas para que simplemente no cubran un tema determinado, es increíblemente dañino para nuestra audiencia. Los periodistas están allí para informar a nuestras audiencias, a nuestros televidentes, para ayudarlos a comprender y dar sentido al mundo que los rodea sobre los eventos que suceden en sus comunidades”, agregó.

El caso de Brasil

Brasil, por su parte, ocupa el noveno lugar en el índice. Entre los hechos expuestos por la CPJ se encuentra el asesinato ocurrido en junio en el Amazonas del periodista británico Dom Phillips y el experto en temas indígenas Bruno Pereira, a manos de personas de las que la policía sospecha que tienen vínculos con la pesca ilegal en la región.

“Sus asesinatos destacaron los peligros que enfrentan los periodistas que cubren la Amazonía y el tema ambiental en general”, apuntó Dunham. En febrero, el asesinato del periodista comunitario Givanildo Oliveira por parte de presuntos miembros de la organización criminal conocida como Comando Rojo generó preocupación sobre los crecientes riesgos que enfrentan los reporteros en las favelas y comunidades marginadas de Brasil.

Por otro lado, la familia del periodista deportivo brasileño Valério Luiz de Oliveira, asesinado en 2012 en represalia por su reportaje sobre un destacado club de fútbol, enfrentó otro revés en su búsqueda de justicia luego de que el juicio contra sus presuntos asesinos se retrasa repetidamente. Su hijo, el abogado Valério Luiz de Oliveira Filho, habló con el CPJ sobre su lucha de una década para garantizar que los asesinos de su padre enfrentaran la justicia, lo que describió como «una pesadilla sin fin».

Otro país en el Índice de Impunidad es Filipinas, en el séptimo lugar, donde dos asesinatos a comentaristas de radio generaron temores sobre la cultura de violencia en el país. Pakistán e India ocuparon los puestos 10 y 11 en el índice, respectivamente. Ambos han aparecido todos los años desde que el CPJ comenzó a revelarlo por primera vez en 2008.

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Esta edición del Índice llega paralelo al décimo aniversario del Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Seguridad de los Periodistas. Dicho mecanismo busca desarrollar programas para proteger a los periodistas y combatir la impunidad en casos de violencia contra la prensa. “El plan ha contribuido a construir coaliciones internacionales de gobiernos y sociedad civil, y sirvió para generar cambios en el terreno, como la creación de mecanismos nacionales de seguridad en al menos 50 países”, informó la ONU. Las medidas del plan incluyen ayudar a los países a desarrollar legislación y mecanismos favorables a la libertad de expresión e información, y apoyar sus esfuerzos para implementar las reglas y principios internacionales existentes.

Finalmente, Rusia y Bangladesh cayeron este año por primera vez desde que el CPJ inició el índice en 2008 porque esos países tenían tres y cuatro asesinatos sin resolver en el período del índice, respectivamente, por debajo del límite de cinco requerido para su inclusión en el informe. “Rusia se ha clasificado durante mucho tiempo entre los peores países del mundo en cuanto a asesinatos de periodistas, y los reporteros que cubren temas como la corrupción oficial y las violaciones de los derechos humanos suelen ser objeto de su trabajo. Desde que Vladimir Putin asumió el poder a fines de 1999, al menos 25 periodistas han sido asesinados en represalia directa por su trabajo”, agregó el informe.

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