Nación

Ortega impone multa de $200,000 a empresa del Grupo Pellas

NSEL, compañía perteneciente al consorcio del Grupo Pellas, se encontraba en una disputa legal ante Procompetencia debido a una denuncia presentada en agosto de 2022

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha lanzado su primer ataque contra el gran capital en Nicaragua. A través del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua (Procompetencia), el gobierno ha impuesto una multa de $200,000 a la empresa Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL) por prácticas anticompetitivas, según informó el diario La Prensa.

NSEL, compañía perteneciente al consorcio del Grupo Pellas, se encontraba en una disputa legal ante Procompetencia debido a una denuncia presentada en agosto de 2022 por la Corporación Velásquez Pereira S.A., empresa dedicada a la agroexportación y suministro de caña de azúcar. La denuncia acusaba a la empresa azucarera de negar la renovación del contrato de compra-venta de caña de azúcar alegando riesgo legal. Esta acción, según la Institución de Gobierno, violaba la Ley 601 de promoción de competencia.

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El tribunal administrativo de Procompetencia determinó el pasado 29 de mayo que la decisión de NSEL de no renovar el contrato de compra-venta de caña de azúcar a la Corporación Velásquez desplazó injustamente a esta última del mercado, abusando de su posición dominante.

Como resultado, se le impuso una multa equivalente a 1,253 salarios mínimos, aproximadamente $200,000. Además, se ordenó a NSEL cesar en su negación de trato hacia la Corporación y llevar a cabo un programa de cumplimiento para evitar prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante en futuros contratos de compra-venta de caña de azúcar con otros proveedores, según detalla La Prensa.

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La Institución gubernamental también informó sobre su decisión a los certificadores internacionales de la empresa del Grupo Pellas para que tomen pronto sus propias medidas correctivas.

Ataques a empresarios

Esta sanción contra la empresa del Grupo Pellas es la primera que el gobierno de Ortega impone al gran capital, en medio de una ola de ataques contra los empresarios después de la ruptura de su alianza «política-económica» con grupos económicos del país, tras el inicio de las protestas en abril de 2018.

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«Cuando ellos hablaban con mucho respeto del Gobierno, de los frutos que daba esta alianza en el orden económico y social, le daba trabajo a la gente, y también le daba mucha riqueza a los ricos, mucha riqueza le daba a los ricos, pero el capitalismo salvaje lo que quiere es cada día más dinero y más dinero a costa de lo que sea, y les importó poco en ese momento el crecimiento económico que les beneficiaba a ellos, porque querían tragárselo todo, y le sirvieron de instrumento al yanqui. Hicieron alianza con los curas hijos del demonio y empezó esa ola de terror», dijo Ortega en 2021 sobre los empresarios.

En los últimos días, el propagandista del régimen, William Grigsby, ha iniciado una campaña de amenazas contra los empresarios Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Piero Coen y Roberto Zamora, a quienes acusó de delincuentes y de haber financiado las protestas de 2018.

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