Dictadura fuerza la salida de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo

La dictadura liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa forzando la salida de grupos religiosos en Nicaragua. En esta ocasión, las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, con sede en León, se ven obligadas a abandonar el país tras la negativa del Ministerio de Gobernación (Migob) de renovar sus visas.

Según el medio Confidencial, las religiosas no han dado detalles específicos sobre las razones de su partida, pero fuentes cercanas a la organización han señalado que el Migob no ha renovado sus visas de residencia, lo que las ha llevado a tomar la decisión de continuar su labor en El Salvador.

La Fraternidad Pobres de Jesucristo, fundada por el sacerdote brasileño Gilson Sobreiro, es reconocida por su dedicación a ayudar a los más necesitados. Con presencia en 14 países, incluyendo Nicaragua, las hermanas han brindado apoyo a través de alimentos, vestimenta y oraciones.

De acuerdo con una fuente anónima, las religiosas comunicaron a los beneficiarios de su ayuda que ya no estarán en el país, sin proporcionar detalles específicos sobre las razones de su salida. En una publicación en redes sociales el 23 de febrero pasado, las hermanas expresaron gratitud por su estancia en Nicaragua y agradecieron a todos aquellos que formaron parte de su historia durante los últimos siete años.

La partida de las hermanas eleva a 84 el número de religiosos expulsados del país desde 2018 debido a la dictadura orteguista. El régimen ha utilizado diversas tácticas de presión, como el exilio forzado, la denegación de entrada y la no renovación de visas de residencia, lo que ha generado una creciente tensión entre el gobierno y la Iglesia católica. Según los datos recopilados por la investigadora Martha Patricia Molina, en los últimos cinco años han abandonado Nicaragua 44 religiosos y 40 monjas, siendo más significativas las expulsiones a partir de 2022.

Desde abril de 2018, Ortega ha mantenido una postura en contra de la Iglesia Católica, a la cual acusa de ser golpista debido a su defensa activa de los derechos humanos durante y después de las protestas gubernamentales que exigían el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos.