La Policía sandinista, al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, irrumpió la noche de este sábado en la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, con sede en León, y se las llevaron sin que se conozca su paradero, según informó en Twitter la investigadora Patricia Molina.
«La Policía sandinista entró como delincuentes a medianoche de ayer en la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, quienes tenían previsto dejar el país próximamente. Las llevaron con rumbo desconocido. No sabemos nada de ellas. Espero que respeten su vida y su integridad. Algunos guardias se quedaron en la casa donde vivían», publicó la investigadora.
La Policía sandinista entraron como delincuentes a media noche de ayer a la casa de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, ellas iban a dejar el país próximamente. Se las llevaron con rumbo desconocido. No sabemos nada de ellas. Espero respeten su vida y su pic.twitter.com/HCtYi2T1Tv
— Martha Patricia M (@mpatricia_m) July 2, 2023
Las religiosas católicas saldrían del país la próxima semana después de que el Ministerio de Gobernación (Migob) les negara la renovación de la visa, según informó una fuente cercana a las hermanas, reportó Confidencial. Por su parte, las afectadas no dieron más detalles.
La Fraternidad Pobres de Jesucristo fue fundada por el sacerdote brasileño Gilson Sobreiro con el propósito de brindar atención a los más necesitados. Tiene presencia en 14 países, incluyendo Nicaragua, y sus programas incluyen alimentación, vivienda y acompañamiento espiritual.
Percusión religiosa
Las hermanas religiosas informaron a los beneficiarios de sus proyectos que ya no continuarán en Nicaragua y que seguirán su labor en El Salvador. El pasado 23 de junio, a través de una publicación en redes sociales, la organización expresó su gratitud por su estancia en Nicaragua.
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Con esta nueva expulsión, se eleva a 84 el número de religiosos obligados a abandonar el país de manera arbitraria. Según datos de la investigadora Molina, en los últimos cinco años han abandonado Nicaragua 44 religiosos y 40 monjas, siendo más significativas las expulsiones a partir de 2022.
El régimen Ortega-Murillo, que antes de abril de 2018 mostraba cercanía a la Iglesia católica, ha emprendido una feroz persecución en contra de su jerarquía, a la que acusa de haber participado en una supuesta trama para derrocarlos hace cinco años, con las masivas protestas en su contra.
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Insultos, profanación de templos, confiscaciones, expulsión de sacerdotes, quema de imágenes religiosas, exilio y la condena a 26 años de cárcel del monseñor Rolando Álvarez por su defensa de los derechos humanos han sido parte de la represión del régimen hacia la Iglesia.
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