Nicaragua se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en la región centroamericana, advierte el reciente informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y la red regional Voces del Sur (VDS).
El país cerró el 2023 con nuevas formas de represión, ataques y amenazas a la libertad de prensa, según documentaron las organizaciones.
La modalidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consistió en «destierro de facto«, confiscaciones, detenciones ilegales, acoso y vigilancia a las familias de periodistas, indica el Informe Anual 2023.
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Ese año las organizaciones documentaron 86 ataques en contra de 64 periodistas y dos radios comunitarias en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, cerradas en septiembre.
Acoso a familiares de periodistas
El principal agresor fue el Estado con 52 ataques registrados, seguido de los grupos paraestatales que ejecutaron 26 agresiones.
El régimen utilizó, principalmente, tácticas de asedio y vigilancia en las afueras de las casas de los periodistas por parte de agentes policiales, fanáticos sandinistas y personas no identificadas. También se conoció que varios profesionales sufrieron el cierre de sus cuentas bancarias sin justificación alguna.
Sumado a ello, la dictadura extendió el asedio a los familiares de los comunicadores que se encuentran en el exilio, incluso, hacia quienes ya están retirados del oficio o jubilados, pero continúan viviendo en Nicaragua, señala el informe.
Régimen impone autocensura y deja sin periodistas a varias regiones
A su vez, las organizaciones mostraron preocupación por la autocensura y el silencio entre las víctimas que prefieren no denunciar para evitar represalias y una mayor escalada de los ataques.
El año anterior la cifra de denuncias fue menor en relación a 2022. Esto es una «viva muestra del terror» que ha infundado el Estado para disminuir las denuncias en su contra a nivel nacional e internacional, destaca.
Incluso, «FLED constató que en 5 de los 17 departamentos ya no existe práctica periodística independiente. Muchos de los periodistas de estos departamentos han migrado, se han autocensutado, exiliado o han dejado la labor periodística para dedicarse a otras labores para subsistir».
Los que quedan en el país ejercen la labor desde la clandestinidad. Otros, haciendo coberturas neutras, afirma.
Según el recuento de las organizaciones regionales, al menos 36 periodistas fueron forzados al exilio en 2023, aumentando la cifra a 242 exiliados desde 2018.
Ante el masivo exilio de periodistas, el ataque frontal fue contra directores, editores y ejecutivos de medios de comunicación, quienes, además, fueron blanco de difamación y calumnias.
FLED y VDS exigieron el respeto a los derechos fundamenteales y la libertad inmediata de Víctor Ticay, condenado a ocho años de prisión por dar cobertura a un evento religioso en un contexto de restricciones contra la Iglesia católica.
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