A partir de ahora la Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de dar el visto bueno a los certificados emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).
Este jueves 15 de febrero la Asamblea Nacional, controlada por el dictador Daniel Ortega, aprobó de manera unánime la Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales, en donde se estipula que toda certificación ambiental, permisos y autorizaciones del MARENA deberán contar a su vez con la certificación de la Procuraduría en un plazo de 30 días.
El diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, defendió la medida asegurando que con esto se complementan los procesos de autorizaciones o permisos ambientales relacionados al desarrollo de proyectos y obras de construcción.
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“Tiene que haber una forma de verificar, de comprobar los aspectos legales de la propiedad, para verificar y comprobar la idoneidad de los inversionistas o de las empresas que van a invertir o de las personas que van a desarrollar el proyecto”, subrayó el legislador.
En este punto, señaló que es importante la participación de la Procuraduría, ya que esta maneja los registros mercantiles y el registro público de la propiedad.
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