El régimen de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), confiscó cuatro propiedades ubicadas en el costado sur del Parque General Zelaya, en el municipio de Managua, haciendo uso de la figura de declaración de “utilidad pública”.
Según el Acuerdo Administrativo 17-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta, los terrenos pertenecían a las empresas Importadora y Comercializadora Sociedad Anónima, Almacenes Comerciales COSMO Sociedad Anónima, y Auto Hotel Fantasía Sociedad Anónima.
Dictadura confisca los bienes de las 94 personas que despojó de su nacionalidad
Los terrenos arrebatados comprenden un área de 2,467.4 m² propiedad de Importadora y Comercializadora Sociedad Anónima; 6,075.76 m² de Almacenes Comerciales COSMO Sociedad Anónima; y 900.36 m² y 2,347.74 m² de Auto Hotel Fantasía Sociedad Anónima.
A manos de la alcaldía de Managua
Según la declaratoria, estas inmensas propiedades pasaron a nombre de la Alcaldía de Managua como unidad ejecutora “que desarrollará e implementará” proyectos.
La PGR asegura que se basa en el artículo 44 de la Constitución Política para declarar de utilidad pública las propiedades. En su argumentación sostiene que “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad, este Derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes».
Luego del inicio de las protestas de abril de 2018, la dictadura de Ortega Murillo ha revivido el fantasma de las confiscaciones, una práctica que inició en la época de los 80 y benefició a altos mandos del Frente Sandinista.
En los últimos años, Ortega ha arreciado las confiscaciones. Entre las propiedades robadas están medios de comunicación y bienes pertenecientes a ONG, Iglesia católica y opositores.
Según juristas, este robo de propiedades es una clara violación a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que prohíbe este tipo de acciones arbitrarias y obliga a los funcionarios que lo hagan a responder con sus bienes a la hora de un proceso legal.
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