En los próximos días, la dictadura de Nicaragua planea aprobar una reforma a la Ley de Ciberdelitos (Ley 1042), una de las leyes más duras del mundo contra la libertad de expresión y la información. Según expertos, esta reforma básicamente acaba con varios derechos que están protegidos por la Constitución del país, y pretende quitarle la voz a los nicaragüenses en el espacio digital.
Expertos que prefieren mantenerse anónimos por miedo a represalias advierten que la dictadura no solo quiere controlar las redes sociales y los medios digitales, sino también infundir miedo para que nadie se atreva a criticar o dar su opinión sobre lo que pasa en el país.
«Esto es algo que solo hemos visto en lugares como Corea del Norte o Rusia», dijo un defensor de los derechos humanos.
¿Qué cambia con esta reforma?
La reforma fue enviada al Parlamento el 10 de septiembre por el dictador Daniel Ortega, y su aprobación eliminaría varios derechos constitucionales, como la libertad de expresión y opinión. Un experto señaló que el Artículo 30 de la Constitución, que asegura el derecho de los nicaragüenses a expresar sus opiniones en público o privado, ahora quedaría básicamente anulado.
Otro artículo que también desaparece es el 50, que garantiza el derecho a participar en los asuntos públicos. «Si no podemos hablar, ¿cómo vamos a participar?», se pregunta uno de los expertos.
También queda sin efecto el artículo 52, que otorga el derecho a hacer peticiones, denunciar irregularidades y criticar de forma constructiva al gobierno o a cualquier autoridad.
Montaje de casos y control total
Además, con esta reforma, la dictadura tendría una vía libre para inventar casos contra cualquier persona que le incomode.
Según otro experto en acceso a la información, ahora será más fácil armar un caso sin pruebas y acusar a cualquiera de ser «autor intelectual» o «cooperador necesario». En otras palabras, si te ven como una amenaza, podrían encasillarte en cualquiera de esas categorías y procesarte.
Y lo peor: cualquiera que tenga un celular podría ser víctima de estos montajes. Si lo que compartís en tus redes no les gusta, te podrían acusar de difundir «noticias tergiversadas». ¿Qué significa esto? Básicamente, cualquier noticia que no les convenga.
Lo que dice la reforma
La nueva ley busca castigar a quienes «difundan o tergiversen» noticias en redes sociales, aplicaciones móviles o cualquier plataforma digital. Las penas irán de tres a cinco años de cárcel, y si la publicación incita al odio o pone en peligro el «orden público» o la «salud pública», podrías pasar hasta diez años en prisión.
No solo eso, también castigarían a quienes ayuden a difundir este tipo de información o colaboren de cualquier forma. Incluso, las penas se aumentarían si la dictadura dice que alguien organiza o financia la difusión de esta información.
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