El dictador Daniel Ortega presentó un paquete de reformas ante la Asamblea Nacional a la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, para controlar las redes sociales, los medios digitales y judicializar fuera y dentro del territorio nacional a quien trate de afectar, “desestabilizar la tranquilidad y la paz social de las personas, familias y la comunidad en general”.
Se trata de unas leyes más duras de la dictadura para intentar callar las críticas en las redes sociales y en los medios digitales que no controla. Fue introducida a la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, el 10 de septiembre.
La iniciativa enviada al Legislativo con trámite de urgencia, «está destinada a fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos que se cometan aprovechándose de los sistemas informáticos, de las nuevas tecnologías y las redes sociales, dentro o fuera del país, por personas naturales o jurídicas; o bien, ejecutados por criminales individuales o por organizaciones de la criminalidad nacional o internacional, que de una u otra forma tratan de afectar o desestabilizar la tranquilidad y la paz social de las personas», dice la exposición de motivos.
«La presente Ley también será aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional», resalta la iniciativa de la dictadura.
El control a las redes sociales
La dictadura pretende en el artículo 30 de la iniciativa controlar las redes sociales y amenaza a quien según ellos propague, difunda o tergiverse noticias usando, tecnologías de la información, redes sociales o aplicaciones móviles «se impondrá la pena de tres a cinco años de prisión y trescientos a quinientos días multa»
«Si la publicación o difusión de la información, incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública, se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y quinientos a ochocientos días multa», advierte la dictadura.
«La misma pena se impondrá a los cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de este delito», continúa el artículo 30,
La dictadura dice que las penas se incrementarán hasta dos tercios a las «personas que organicen, financien, realicen, colaboren y/o faciliten la creación o difusión masiva de la información antes señalada por los medios y formas descritas en el párrafo primero del presente articulo.”
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