En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), este miércoles 13 de noviembre de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defendió el despojo arbitrario de la nacionalidad a opositores y excarcelados políticos.
Carmen Rodríguez, delegada de la Procuraduría General de la República, justificó el destierro de 357 nicaragüenses y la pérdida de la nacionalidad de otros 94, a través de la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2023, que fue aplicada de forma retroactiva a los 222 excarcelados políticos que fueron enviados al exilio, principalmente a Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos desmienten a la dictadura
Rodríguez defendió las acciones del Estado nicaragüense basándose en la reforma a la Constitución y en leyes aprobadas por la dictadura, tales como la Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Sin embargo, estas reformas han sido cuestionadas por su inconstitucionalidad, ya que violan principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo el derecho a la nacionalidad y la protección frente a la expulsión arbitraria.
Hasta septiembre de este año, la dictadura de Ortega ha despojado de su nacionalidad a más de 300 opositores, activistas y periodistas, muchos de los cuales fueron arrestados y luego desterrados tras ser excarcelados en condiciones precarias.
La aplicación retroactiva de la reforma constitucional, que afecta a personas que ya habían sido excarceladas bajo el régimen, ha sido utilizada como una justificación para el exilio forzado de aquellos que se oponen al régimen.
Represión sistemática del régimen
En la misma sesión ante la ONU, se abordaron otras preocupaciones sobre la represión sistemática a opositores y la cancelación de personerías jurídicas a organizaciones sin fines de lucro.
En respuesta a cuestionamientos de Bélgica y Estados Unidos sobre el despojo de nacionalidad, Rodríguez justificó que las acciones del régimen estaban dentro del marco legal, ignorando los llamados internacionales a revisar las reformas y leyes que han sido usadas para perseguir a disidentes políticos.
En cuanto a los recientes arrestos de los diputados del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, la delegada María Elsa Frixione también negó las acusaciones de represión transnacional.
A pesar de las evidencias presentadas en informes internacionales sobre la persecución de nicaragüenses fuera del país, el régimen de Ortega rechazó toda responsabilidad en lo que calificaron como «intentos de intromisión en asuntos internos de Nicaragua».
Por su parte, Brasil reiteró su preocupación ante la ONU por la situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente por la cancelación de personerías jurídicas y la represión a minorías, en particular los pueblos indígenas.
El representante brasileño destacó la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de la violencia y persecución, y pidió la derogación de las leyes que permiten el despojo de la nacionalidad, reforzando la crítica internacional al régimen de Ortega.
El informe final del EPU, se emitirá el próximo viernes 15 de noviembre , el cual expondrá los avances de Nicaragua en cuanto a las recomendaciones de ciclos anteriores, mientras la comunidad internacional sigue esperando respuestas más concretas por parte del régimen de Ortega para poner fin a las violaciones de derechos humanos y el cierre del espacio cívico.