El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se pronunció en contra del destierro del Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, a quien la dictadura obligó a abandonar el país.
El funcionario estadounidense reposteó en su red social X el pronunciamiento que la Oficina Internacional de Libertad Religiosa emitió este viernes 15 de noviembre de 2024, en condena por la expulsión del alto prelado.
«Preocupado por el exilio forzado del obispo Herrera, Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, por parte de las autoridades nicaragüenses. La mitad de los obispos de Nicaragua no puede regresar a casa. Los flagrantes ataques de Ortega y Murillo contra el pueblo católico no debilitarán la fe de su pueblo», indicó Nichols.
La reacción del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, se suma al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Panamá que este jueves 14 noviembre de 2024 tildó de «atentado a la dignidad» del pueblo nicaragüense la expulsión del obispo de la diócesis de Jinotega y presidente de laConferencia Episcopal de este país.
Iglesia panameña tilda de «atentado» la expulsión del obispo Carlos Herrera
El Vaticano, por su parte, confirmó ayer la noticia de la expulsión de Monseñor Herrera, obispo de Jinotega y líder de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien fue enviado al exilio en Guatemala.
Según el portal oficial Vatican News, «Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez ha sido desterrado a Guatemala por las autoridades nicaragüenses».
Hostigamiento y represión a religiosos
La expulsión de Monseñor Herrera se suma a los casos de otros dos obispos nicaragüenses Rolando Álvarez, quien fue desterrado y desnacionalizado a principios de este año; e Isidoro Mora, otro miembro de la Conferencia Episcopal que también fue obligado a salir del país bajo amenazas del régimen.
Además, el Colectivo Nicaragua Nunca Más recordó que, en 2019, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, se vio forzado a exiliarse tras recibir amenazas de muerte, lo que refleja un patrón de hostigamiento sistemático contra la Iglesia católica.
El destino de los obispos exiliados pone de manifiesto la creciente persecución religiosa en Nicaragua, donde las autoridades de Ortega y Murillo han intensificado sus esfuerzos para silenciar a la oposición, incluyendo a la Iglesia, considerada una de las voces más críticas del régimen.
Desde 2018, cuando las protestas en contra del gobierno fueron brutalmente reprimidas, la Iglesia ha jugado un papel central en la denuncia de violaciones a los derechos humanos, lo que ha generado la hostilidad de la dictadura.
El caso de Monseñor Herrera, así como la persecución sistemática a otros líderes religiosos, sigue siendo un reflejo de la grave crisis política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua bajo el mandato de Ortega y Murillo.
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