La reciente reforma total- no parcial como la presenta la dictadura- a la Constitución Política de Nicaragua, diseñada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, establece la creación de «regímenes especiales de desarrollo», un concepto que evoca las controvertidas Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) implementadas en Honduras bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández y que fueron derogadas en 2022.
El nuevo artículo 175 de la Constitución reconfigurada a la medida de Rosario Murillo, establece la división del territorio nacional en departamentos, regiones autónomas, municipios y regímenes especiales de desarrollo.
Además señala que “las leyes de la materia determinarán la creación, extensión, número de organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales”.
Reformas a la medida de Rosario Murillo y su dinastía familiar
Según un análisis de la exguerrillera y activista Mónica Baltodano, estas zonas no estarán sujetas a la soberanía nacional ni a las leyes locales, operando bajo un esquema que privilegia a las empresas transnacionales.
“Son territorios en los que no rige ni la constitución ni las leyes. No están sometidos a la soberanía del país. Eso es un esquema ultra neoliberal, donde los trabajadores no tienen derechos y las empresas no tienen obligaciones, ni tributarias, ni laborales, ni ambientales”, advirtió Baltodano, experta en municipalismos.
El riesgo de estas zonas radica en la creación de territorios donde los derechos de los trabajadores y las comunidades locales quedan anulados. Además, abre la puerta a la apropiación de tierras comunales y recursos naturales, afectando gravemente a las poblaciones indígenas y campesinas.
Una fuente consultada por Nicaragua Investiga que prefirió el anonimato coincidió con la preocupación de Baltodano y agregó que los regímenes especiales de desarrollo que incluyó la dictadura en la nueva Constitución representa una amenaza directa a la soberanía del país y los derechos de su pueblo.
“Esto no es más que una fachada para la expansión de un modelo extractivista y autoritario, que prioriza los intereses de las élites y las empresas transnacionales sobre las necesidades de la ciudadanía. En este panorama, la lucha por los derechos territoriales y la autonomía local quedan anulados frente a un régimen que está decidido a sacrificar el futuro del país en nombre del poder absoluto”, dijo la fuente.
Las Zede en Honduras se aprobaron en 2013 durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) y fueron promovidas por el de Juan Orlando Hernández (2014-2022) como estrategia para “crear empleo”.
Ocho años después en 2022, bajo la presidencia de Xiomara Castro, fueron derogadas por el parlamento hondureño al considerar que ceden soberanía a extranjeros y son criminales para el pueblo.
Desmantelamiento de la autonomía municipal
Otro aspecto preocupante de la reforma desde la perspectiva de Baltodano es la eliminación de la autonomía municipal. Desde 1987, la Constitución reconocía a los municipios como entes con independencia política, administrativa y financiera.
Sin embargo, el nuevo texto borra esta disposición, consolidando un modelo de mando vertical desde el Ejecutivo.
“También eliminan la obligación del Estado de destinar recursos a los municipios en particular a los más pequeños. Debemos pues esperar que también harán una nueva Ley de Municipios y desaparecerán la Ley de Transferencias y otros instrumentos, para refrendar la línea de mando vertical sobre los territorios, -como lo han venido haciendo- ahora sin ninguna cortapisa”, señaló la exguerrillera.
Además, el control sobre las autoridades locales se refuerza mediante un aumento del periodo de los gobiernos municipales a seis años, la posibilidad de destitución arbitraria por parte del régimen y la eliminación del sistema proporcional en la elección de concejales. Todo apunta a una centralización absoluta del poder.
¿Quién no puede ser presidente bajo la nueva Constitución de la dictadura?
Esquema legal para la perpetuación del régimen
Estas reformas que transforman la Constitución Política de Nicaragua no sólo consolidan el modelo autoritario de la dictadura, sino que también establecen un marco legal que valida la represión y la explotación de los recursos del país de los que el régimen Ortega-Murillo se ha adueñado.
En nombre del «desarrollo», se institucionaliza la apropiación de tierras, el despojo de recursos naturales y la precarización laboral. Todo esto se suma a un contexto de criminalización de la oposición, militarización de la sociedad y la imposición de un Estado policial.
Estas reformas se perfilan como una herramienta para la concentración de poder y el despojo de recursos naturales y territorios, con graves implicaciones sociales y ambientales.
Nicaragua Investiga
