Aunque la organización Freedom House considera a Nicaragua como un «país no libre», en su más reciente informe sobre la libertad en internet, lo catalogó como «parcialmente libre» en su informe sobre este campo, al ubicarlo con una puntuación de 41 sobre un total de 100 en sus indicadores de obstáculos al acceso a la red, límites al contenido y violaciones a los derechos de los usuarios.
Pese a esto, advirtieron que la «libertad en internet disminuyó en Nicaragua en medio de una represión generalizada contra la disidencia, que se venía gestando desde las protestas antigubernamentales de 2018».
Esto se traduce en la autocensura de periodistas, dirigentes políticos y sociales, incluso desde el exilio, ante los temores de que haya persecución contra sus familias dentro del país, mientras que los medios independientes o libres operan desde el exterior para poder continuar informando sobre el acontecer del país.
Preocupación por Ley de Telecomunicaciones
Freedom House se hace eco de las preocupaciones por la aprobación en noviembre de 2024 de la Ley de Telecomunicaciones Convergentes, o Ley 1223, debido a las amplias facultades que otorga a Telcor de pedir a las operadoras la información de sus usuarios, lo cual incluye la estadística y de datos georreferenciados. El análisis se hizo antes de la entrada en vigencia del instrumento jurídico que rige al país desde el pasado 6 de noviembre.
«Organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalaron que estas disposiciones podrían otorgar al gobierno un acceso prácticamente ilimitado a los datos personales de los usuarios disidentes. Por otra parte, en septiembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del código penal que permitía a la Policía Nacional solicitar, sin orden judicial, información digital a las empresas de telecomunicaciones —incluidos registros de llamadas, mensajes de texto y de voz, datos de geolocalización y direcciones de protocolo de internet (IP)— sobre personas bajo investigación», destaca la organización internacional en su capítulo sobre Nicaragua.
Añaden el bloqueo de sitios web de medios independientes y universidades, que alcanzaron un total de 15 el pasado mes de marzo, a los que les retiraron el dominio .com.ni, que se practicaron desde la Universidad de Ingenería, encargada de suministrarlos a las empresas digitales.
Otra de las preocupaciones fue la reforma de la Ley de Ciberdelitos, que ahora permite juzgar, encarcelar y emitir penas de hasta 15 años de cárcel por emitir comentarios en redes sociales que las autoridades consideren infractores de este instrumento jurídico, incluso al establecer la «jurisdicción extraterritorial»; es decir, si consideran que los supuestos delitos se cometieron fuera del país.
Internet lento y costoso
Sobre el acceso a Internet, Freedom House citó cifras oficiales e independientes que ubican por encima de 4 millones; es decir, más de la mitad de la población con acceso a Internet, aunque la velocidad de conexión es lenta. «Según datos del Índice Global de Velocidad de Ookla de mayo de 2024, Nicaragua ocupó el puesto 127 de 147 países analizados en cuanto a velocidad de banda ancha móvil y el 97 de 181 países analizados en cuanto a velocidad de banda ancha fija», destaca el análisis.
Mencionaron como los cortes eléctricos, las defiencias de la electricidad y los desastres naturales aún continúan siendo un riesgo para la conectividad en el país centroamericano. Otra limitante es el costo elevado del servicio de internet al compararlo con el salario mínimo y las disparidades geográficas en el país.
«El acceso a internet en Nicaragua sigue siendo económicamente inaccesible para muchos, aunque se ha abaratado un poco en los últimos años. El costo mensual promedio del servicio de banda ancha fija se mantuvo entre los más bajos de Centroamérica. Un análisis de la empresa británica Cable reveló que el servicio mensual de banda ancha fija en el país costaba un promedio de 34,50 dólares en 2024, lo que representaba entre el 10 y el 22 por ciento del salario mensual promedio de una persona que gana el salario mínimo».
Esto a pesar de que el país tiene los planes de datos más baratos de toda Centroamérica, al menos hasta 2023, con un costo promedio de 0,55 dólares.
En el periodo de análisis del estudio, Freedom House no reportó ningún bloqueo por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a internet, pese a los bloqueos ni.
Nicaragua con las peores calificaciones en cuanto a libertades, según Freedom House
Ataques a medios y opositores
Otros datos que llaman la atención son los reportes de que «la familia presidencial mantiene estrechos vínculos con varios accionistas del sector de las telecomunicaciones en Nicaragua, y recientemente se ha expresado preocupación por la posibilidad de que el régimen intente influir aún más en el mercado. Tecomunica, propiedad de la empresa estatal ENATREL y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), anunció en noviembre de 2022 que prestaría servicios de internet en todo Nicaragua, poco después de que Ortega manifestara su deseo de aumentar los impuestos a los proveedores de servicios existentes. Anteriormente, Tecomunica solo se había dedicado a la creación y el mantenimiento de redes wifi en espacios públicos. Algunos consideran extraña la coincidencia entre el momento del anuncio y la propuesta pública de Ortega de aumentar los impuestos a las telecomunicaciones, interpretándolo como un intento del régimen por ejercer mayor control sobre el mercado.»
Freedom House resalta los cambios legales que subordinaron aún más a Telcor a la presidencia de la República desde 2023, lo que no hace transparente su gestión. Mientras que mencionaron las restricciones a medios independientes para eliminar su contenido con el uso de la Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio. Entre los ejemplos que mencionan sobre esto último está el video de Youtube de un creador de contenido venezolano que debió retirar de la plataforma después de que el medio prorégimen Juventud Presidente usó material de esa institución.
Otros casos incluyen a Nicaragua Investiga, que estuvo fuera de línea por varias horas en 2022 después de quejas del banco Banpro, así como 100 % Noticias que en 2020 le cerraron dos canales en Youtube por supuestas infracciones que auparon medios sandinistas.
Autocensura, campañas de desinformación y control mediático
En el capítulo de la autocensura hablaron de los riesgos que viven periodistas y políticos opositores ante la represión estatal contra las voces críticas. «Ante la censura y la persecución, los periodistas frecuentemente evitan informar sobre ciertos temas políticamente sensibles. Un informe trimestral de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), que abarca los primeros tres meses de 2024, reveló que los medios locales se abstuvieron de cubrir eventos relacionados con la Iglesia Católica, entidad blanco del régimen de Ortega, durante la Semana Santa, y también evitaron informar sobre la organización Miss Universo».
La organización habló de la manipulación del régimen de la información tras controlar los principales medios audiovisuales y radioeléctricos del país; las campañas de desinformación son recurrentes, gracias a la adquisición de medios por parte de la dupla Ortega-Murillo, por medio de sus hijos y testaferros.
«El régimen también organiza actividades fraudulentas en redes sociales para servir a sus intereses políticos. En una iniciativa conocida como Proyecto Digital, se reveló que más de 100 empleados de diversas instituciones públicas trabajaban desde un edificio del Servicio Postal de Nicaragua para producir contenido y publicarlo en múltiples plataformas de redes sociales, incluyendo TikTok, Instagram, Facebook y X. Células similares operan en otros edificios públicos de diferentes municipios. Uno de sus mandatos es crear y difundir noticias e información falsas para proyectar una imagen positiva del régimen de Ortega, difamar a los críticos y generar ansiedad —por ejemplo, insinuando que la policía arrestará a alguien», subrayaron sobre este tipo de prácticas.
Periodismo independiente se deteriora
Freedom House dijo que el periodismo independiente sigue deteriorándose por las restricciones estatales, un entorno hostil y menos ingresos publicitarios.
«Durante el período analizado, la situación del periodismo independiente siguió deteriorándose, dejando a los nicaragüenses con menos opciones para acceder a información confiable en línea. En marzo de 2024, el director del medio digital República 18 afirmó que había menos de 100 periodistas activos en Nicaragua, y que los que quedaban debían abstenerse de criticar al gobierno o participar en discursos políticamente sensibles. Como resultado, muchas zonas del país carecen por completo de periodistas independientes. Según el informe de FLED de enero a marzo de 2024, no existe presencia de periodismo independiente local en siete departamentos, que representan el 41 % de los departamentos y regiones autónomas del país, lo que convierte a los medios estatales en la principal fuente de información en estas zonas».
Esto además de los ataques cibernéticos que sufrieron medios independientes desde el año 2018, la confiscación de sus bienes y el exilio forzado de un grueso número de periodistas.
Periodista Nicaragua Investiga
