Una vez más Daniel Ortega ha llevado al límite a Nicaragua. El dictador ha cercenado las libertades haciendo que el país retroceda considerablemente en cuanto a derechos fundamentales, lo que le ha valido calificaciones reprobadas de parte de la organización Freedom House.
Freedom House es una organización no gubernamental con sede en Washington D. C., Estados Unidos, que realiza investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos.
De acuerdo a una serie de parámetros, el organismo de investigación le da a Nicaragua una calificación de 19/100 en su informe anual sobre libertad en el mundo y lo ubica como el país del continente americano que más retrocedió en materia de libertades. La caída ha sido de 28 puntos desde 2017 (47/100).
El país pasó de una clasificación como “parcialmente libre” en 2019 a “no libre” en 2020 y desde entonces el deterioro ha sido cada vez mayor.
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En cuanto a derechos políticos, Freedom House otorga a Nicaragua un puntaje de 5/40 y en el tema de libertades civiles le da 14/60.
Deterioro inició con el retorno de Ortega
Freedom House apunta que desde que Daniel Ortega llegó al poder se “inició un período de deterioro democrático marcado por la consolidación de todos los poderes del Estado bajo el control de su partido, la limitación de las libertades fundamentales y la corrupción desenfrenada en el gobierno”. Destaca como el régimen atacó con “violencia y represión” a los civiles que protestaban en 2018 y como esto derrumbó el estado de derecho y consolidó el poder de la dictadura.
En la categoría de derechos políticos frente a un proceso electoral, Nicaragua recibió cero puntos pues ni el jefe de gobierno actual (Daniel Ortega), ni demás autoridades nacionales fueron elegidas en “elecciones libres y justas”. Igual puntaje recibió en cuanto a los representantes legislativos y si las leyes, marco electoral y órganos de gestión pertinentes “los aplican de manera imparcial”.
“El CSE y el poder judicial generalmente sirven a los intereses del FSLN y han jugado un papel crucial en el fortalecimiento de Ortega y el poder del FSLN. A principios de 2021, la Asamblea Nacional controlada por el FSLN nombró a personas que mantenían vínculos con Ortega para el nuevo comité de gobierno del CSE. El CSE también empleó la Ley de Soberanía para prohibir que los candidatos de la oposición se presentaran a las elecciones legislativas de noviembre y nunca ocuparan cargos públicos”, detalla Freedom House.
Ortega ha cooptado el pluralismo político
En cuanto a pluralismo político y participación, el país centroamericano recibe un apenas 3 puntos sobre 16, esto debido a que “los partidos políticos enfrentan obstáculos legales y prácticos para su formación y funcionamiento”, además son “cooptados o descalificados por las instituciones alineadas con Ortega”, aunado a que a “menudo se requiere la afiliación al FSLN para ocupar cargos en el servicio civil”.
“Los grupos minoritarios, especialmente los residentes indígenas en el Caribe y las regiones orientales, están políticamente subrepresentados. El gobierno y el FSLN ignoran en gran medida sus reclamos”, detalla el informe, y agrega, que “la incidencia política exitosa de las mujeres generalmente se restringe a iniciativas que cuentan con el apoyo del FSLN, que no ha priorizado las preocupaciones políticas de las mujeres”.
En temas de funcionamiento de gobierno, Nicaragua recibe una calificación de 2/12, esto porque “Ortega y el FSLN dominan la mayoría de las instituciones públicas”, la corrupción “está muy extendida pero rara vez se investiga” y las operaciones gubernamentales y la formulación de políticas “son generalmente opacas. Agregan que el dictador “ha sido acusado de limitar el acceso a la información”.
“En 2020, observadores independientes alegaron que el gobierno intencionalmente no informó el número de casos de COVID-19 y que a la Organización Panamericana de la Salud se le negó el acceso a los hospitales. Desde entonces, los médicos han sido acosados, amenazados o, en ocasiones, obligados a exiliarse por cuestionar la respuesta del gobierno a la pandemia”, explica el informe.
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Libertades civiles siguen siendo arrebatadas
Las libertades civiles: de expresión y creencia también han sido arrebatadas por el régimen de Ortega, la calificación e en cuanto a la existencia de medios de comunicación “libres e independientes” es igual a cero, pues según Freedom House, “el gobierno ha intimidado y arrestado a periodistas, censurado los medios de comunicación y tratado de privar a los medios impresos de suministros esenciales, incluidos tinta y papel”, agregan que el régimen ha “atacado” a los medios extranjeros, impidiendo que los reporteros ingresen al país.
Pero eso no es todo, agregan que los nicaragüenses no son “libres de practicar y expresar su fe religiosa o su incredulidad en público y en privado”. Resaltan los ataques y amenazas que han recibido miembros del clero católico de Nicaragua.
La libertad académica y el sistema educativo tampoco se han escapado de las fauces del orteguismo, por tal razón Freedom House le da una calificación de 1/4 detalla que “los docentes han sufrido hostigamiento por parte de autoridades y grupos progubernamentales y deben seguir estrictas directrices del Ministerio de Educación”, “estudiantes que han sido obligados a asistir a mítines progubernamentales”, además de la cancelación de personería jurídica a varias universidades.
Agregan que Ortega también ha restringido el derecho a la “libertad de reunión”, así como el “ataque” contra organizaciones no gubernamentales que ha cerrado “acusándolas de socavar el régimen o actuar como agentes extranjeros”.
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Nicaragua comparte categoría con Cuba y Venezuela
En cuanto al estado de derecho, explican que “Nicaragua carece de un poder judicial independiente. El poder ejecutivo influye fuertemente en la nominación de los jueces, y la lealtad al partido gobernante determina sus nombramientos”. Además expone que existen “violaciones rampantes” en en materia civil y penal.
“A diciembre de 2022, el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos registró a más de 225 presos políticos bajo custodia desde 2018. Los juicios de 2022 contra presos políticos de alto perfil se llevaron a cabo a puerta cerrada y con plazos acelerados”, argumenta el informe.
El estudio de Freedom House refleja una vez más la grave situación político-social que existe en Nicaragua. El país comparte la categoría de “no libre” con los regímenes de Cuba y Venezuela, y a nivel centroamericano es el país que más causa preocupación por las violaciones a los derechos fundamentales, seguido por El Salvador, quien en manos de Nayib Bukele ha caído tres puntos y ahora se encuentra en la categoría de “parcialmente libre”.
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