El nuevo informe para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de junio y julio señala que no ha habido ningún progreso respecto a las preocupaciones vigentes relacionadas con los derechos humanos.
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El informe destaca que aún continúan reportándose amenazas contra las personas que son opositoras al gobierno.
Oacnudh destaca que en estos últimos meses no se observaron señales emergentes que indicaran la voluntad de las autoridades estatales de aliviar las tensiones provocadas por la crisis sociopolítica de 2018, ni de aplicar las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de la Oacnudh en su informe de 2019.
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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había destacado que “la pandemia del COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático en Nicaragua”.
Destacan que la respuesta del Estado a la COVID-19 siguió necesitando de mayor transparencia, siendo limitados el acceso a la información y los esfuerzos para su difusión.
De igual forma, la Oficina ha continuado documentando despidos de médicos por criticar la respuesta del Estado a la COVID-19, la intimidación y ataques contra el clero y fieles católicos, así como las amenazas en contra de activistas y periodistas.
Tras dos años del estallido social sigue prevaleciendo impunidad
A través del informe, la Oacnudh expresa su preocupación a que más de dos años después de la crisis, aún no existan investigaciones o procedimientos penales para identificar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
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Actualmente hay 89 “presos políticos” y destacan la necesidad de “mayor transparencia y claridad en relación con la respuesta del Estado a la COVID-19, incluyendo el intercambio de información sobre el número de casos, muertes y pruebas realizadas”.
“La falta de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue alentando la repetición de esos actos” aseguran.
La OACNUDH resalta su especial preocupación por la falta de datos sobre las infecciones entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, como también la falta de información sobre las medidas específicas implementadas para proteger de la pandemia a los grupos vulnerables.
Las tenciones provocadas debido a la crisis del 2018 siguen vigentes ya que según el informe “tampoco se ha mostrado voluntad de parte del gobierno a respetar las recomendaciones brindadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe del 2019”.
Con la preocupante situación del COVID-19 a nivel mundial, en Nicaragua la preocupación continua latente ante la falta de transparencia brindada por las autoridades, y por ello la comunidad internacional “mantiene un monitoreo de cerca al país”.
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