Roger José García Ballesteros de 57 años, fue encontrado muerto en una zona montañosa en la comarca Saguatepe jurisdicción de Boaco. Este hombre era prófugo de la justicia por haber asesinado a Carmen Reyes tras haberle propinado heridas profundas en la garganta.
Se presume que García se quitó la vida por la vía del ahorcamiento. La Policía Nacional estaba en busca del presunto femicida que huyó desde el 31 de agosto, fecha que se cometió el hecho.
Según un informe presentado por la Policía Nacional, el pasado 13 de agosto, entre los principales delitos que registran en las Comisaría de la Mujer son: 1,166 casos de intimidación o amenazas contra la mujer; 532 violaciones; 505 lesiones psicológicas y 474 abuso sexual.
Abuso sexual, un mal silenciado en la guerra de los 80
Precisamente la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) presentó un informe esta semana en donde denuncian las condiciones de inseguridad, riesgo e inestabilidad que ha generado la violencia durante estos últimos años. También evidenciaron la falta de inoperancia de parte de la justicia para dar respuestas a los familiares de las víctimas.
Maryce Mejía de Enlace Nacional de la RMCV, expuso que poseen testimonios de las víctimas que han sufrido agresiones; sin embargo, enfatizó que la desatención y la inseguridad sigue presente de parte del Estado de Nicaragua.
Mejía hizo un llamado para evitar las mediaciones en lo abusos y agresiones de violencia, pues cuando hay una práctica de esta se corre el riesgo la vida de mujeres y niñas. “Después de la mediación puede haber más violencia”, remarcó la defensora de los derechos hacia la mujer.
Los integrantes de la RMCV aseguran que ven inoperancia de los operadores de justicia para dar respuesta a los familiares de las víctimas. “Es lamentable que en estas condiciones la Policía Nacional esté más dedicada a interés político y no estén dando respuesta a las víctimas” donde están siendo hay violencia de género y violencia familiar.
Las denuncias que han quedado en la impunidad
Argentina Hernández, habitante del barrio Camilo Ortega de Managua, aprovechó la conferencia para exigir que se haga justicia sobre el caso de su hija que fue encontrada ahogada en el Río de Pijibay, en Bluefields. Ella relató que en enero de 2019 su marido se llevó a su hija cuando le faltaban tres días para cumplir los 15 años.
“Yo fui a poner la denuncia el mismo día a San Judas, pero la muchacha que me llevó el caso no dio para las autoridades allá en Bluefields. El 12 de agosto me llegaron a avisar que a ella (su hija) la hallaron ahogada. Fui a poner el caso y tampoco me pusieron caso”, denunció Hernández.
Hernández pidió justicia para que su denuncia no quede en el impunidad, pues asegura que el autor del hecho sigue en libertad.
Yadira Velázquez Rivera también pidió justicia por el caso de su hija que fue asesinada por una persona que, según las autoridades, tiene problemas esquizofrénicos. Pero la señora alegó que el autor del hecho fue puesto en libertad el mismo día que mató a su hija.
Ella denunció justicia sobre el caso de su hija para que no quede en la impunidad. “Mi hija no le hacía daño a nadie, solamente trabajamos”, clamó en llantos Velázquez.
“Me ha quitado la mitad de mi vida, mi hija era la mitad de mi vida, era mi compañera, mi todo”, dijo con lágrimas la mujer.
Familiares deben enfrentar la cruel impunidad
El silencio se ha convertido en el mayor aliado de los agresores contra las mujeres. Hasta el mes de julio, la organización Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado un total de 42 femicidios, de los cuales solo 13 se encuentran en proceso judicial y únicamente cuatro han recibido sentencia.
Son varios los casos de femicidios en Nicaragua que no han sido atendidos con los debidos procesos y que su indeterminación solo prolonga el sufrimiento de los familiares de las víctimas.
Tal es el caso de Dina Alexandra Carrión quien fue asesinada el 3 de abril de 2010 presuntamente a manos de su pareja Juan Carlos Siles Saravia, diez años después de su asesinato y su femicida aún continúa en libertad.
Aída Carrión, hermana mayor de la víctima, destaca que “aún no hay justicia debido a la impunidad que prevalece en el estado ya que las leyes existen, pero no son aplicadas para las mujeres y en otros casos las penas no son otorgadas a cómo deberían”.
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