CIDH adopta medidas cautelares a favor de madres y hermana de víctimas de 2018

La CIDH constató que las beneficiarias están siendo víctimas de persecución, intimidación y vigilancia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares a favor de las nicaragüenses Josefa Esterlina Meza, Tamara Patricia Morazán Martínez y Lizeth de los Ángeles Dávila Orozco, tras considerar que se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

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Las medidas para las dos madres y hermana que forman parte de la Asociación Madres de Abril (AMA) fueron adoptadas el pasado 2 de septiembre y se extienden a sus núcleos familiares.

La CIDH constató que las beneficiarias están siendo objeto de persecución, intimidación y vigilancia de “personas no identificadas, civiles armados, agentes estatales y paraestatales” debido a su participación dentro de AMA.

Meza, Morazán y Dávila, aseguran que los eventos están relacionados con las denuncias que han presentado por la muerte de sus hijos y hermano durante los meses de mayo y junio de 2018.

Las tres beneficiarias indicaron ante la CIDH que el asedio incrementó a raíz de la inauguración del museo “Ama y No Olvida, museo de la memoria contra la impunidad”.

La Comisión solicitó al Estado de Nicaragua adoptar medidas que garanticen la vida e integridad de las tres beneficiarias, incluyendo sus núcleos familiares. El Estado debe asegurar que sus derechos “sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos” señala el comunicado de prensa de la CIDH.

Familiares de “víctimas de 2018” bajo asedio constante

Meza y Morazán denunciaron la muerte de su hijo y hermano, respectivamente, el 3 de junio de 2018 ante la Fiscalía y desde entonces han sido asediadas por patrullas policiales y motorizados.

Jonathan Morazán, hijo de Meza y hermano de Morazán, fue asesinado el 30 de mayo de 2018 mientras participaba en la denominada “Madre de todas las marchas”. Desde entonces ambas han participado de forma activa en AMA, lo que ha provocado una situación de intimidación permanente.

Mientras tanto, Dávila presentó su denuncia el 2 de mayo de 2018 por la muerte de su hijo, Álvaro Conrado Dávila. Y desde su regreso al país tras su participación en sesiones de la CIDH en Ecuador, ha sufrido constante asedio de personas afines al gobierno.

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Después de brindar declaraciones a medios de comunicación exigiendo justicia por la muerte de Álvaro, recibe mensajes a su teléfono y redes sociales con amenazas y descalificaciones a su hijo.

La CIDH detalla en la resolución que, incluso un familiar de Dávila, que sería chofer del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, “habría mencionado ‘ojalá que los maten a todos esos hijueputas’, refiriéndose a su familia”.

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