La propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, representa “un secuestro a la institucionalidad democrática” y también criminaliza los aportes a la construcción democrática, asegura la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en un comunicado publicado en sus plataformas digitales.
Para la Fundación la propuesta atenta contra la libertad de prensa en Nicaragua al calificar a los periodistas como “agentes extranjeros”.
El artículo 12 de la iniciativa de ley establece que los ciudadanos que perciban fondos del extranjero, ya sea en concepto de salario, financiamiento o donación, serán considerados como «Agentes Extranjeros», incluidos los periodistas que trabajan para agencias internacionales o medios de comunicación que reciban fondos del exterior
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“Esta iniciativa de ley pretende criminalizar la actuación y los aportes a la construcción democrática de las organizaciones, asociaciones, personas o jurídicas, medios de comunicación independiente, calificándolos como “agentes extranjeros” y enmarcando a la cooperación internacional como injerencista y una amenaza para la seguridad del Estado”, subrayan en la comunicación.
Por tanto, denuncian ante la comunidad internacional, el pueblo de Nicaragua y organismos de derechos humanos que “la iniciativa de ley “Regulación de agentes extranjeros”; que impulsan diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, representa un secuestro de la institucionalidad democrática y grandes violaciones a los Derechos Humanos fundamentales de los nicaragüenses”.
Según la Fundación Violeta Barrios la acción que quiere concretar la Asamblea Nacional es una maniobra de la pareja presidencial para acallar voces críticas con su gobierno.
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“Pretenden sepultar la libertad de expresión, que es la piedra fundamental de la construcción democrática, la participación ciudadana, el derecho a la organización, a la libertad de información, la libertad de prensa; derechos consignados en la Constitución Política de Nicaragua, en la Ley de Participación Ciudadana, Ley de Acceso a la Información Pública, actualmente vigentes en el marco jurídico nacional”, sentencian.
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