Entre los años 2018 y 2019 diferentes instituciones públicas del país adquirieron un total de 142 camionetas doble cabina y 124 motocicletas. La información publicada por el colectivo Transparencia Nicaragua se basa en los datos públicos disponibles en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico (Siscae).
Los hallazgos del colectivo muestran que los vehículos corresponden en su mayoría a camionetas Toyota, doble cabina, 4×4. Este tipo de camionetas, junto a las motocicletas, fueron altamente asociadas con grupos paramilitares afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante las protestas sociales de 2018, quienes a través de estos se desplazaban con armas de alto calibre para reprimir a opositores.
De acuerdo al informe de Transparencia Nicaragua, en 2018 un total de 16 instituciones públicas realizaron 34 procedimientos para adquirir estos vehículos.
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Las principales instituciones en adquirirlos fueron el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (Marena), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Economía Familiar (Mefcca), y la Dirección General de Ingresos (DGI).
La adquisición representó un costo de poco más de 130 millones de córdobas, es decir alrededor de 4 millones de dólares. En las cuales la principal fuente de financiamiento fue el gobierno de Nicaragua, aunque también se contó con recursos externos provenientes del Banco Mundial, el Fondo Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros.
La compra de medios de transporte en 2018 correspondió a un total de 122 camionetas, 102 motocicletas, 22 vehículos sedan y 2 microbuses. La mayoría de estas realizadas entre los meses mayo y octubre de 2018. Mientras tanto en 2019 disminuyeron a 16 los procedimientos de compras para adquirir vehículos a través de 11 instituciones públicas. Registrando una adquisición total de 20 camionetas, 22 motocicletas, 4 microbuses, y un vehículo sedan.
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El gasto en la adquisición de vehículos en 2019 fue de poco más de 28 millones de córdobas, todos los fondos provinieron del gobierno de Nicaragua. Las principales instituciones adquisitorias fueron el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), y el Instituto Nacional Forestal (Inafor).
Los proveedores adjudicados a las adquisiciones realizadas estos dos últimos años son Casa Pellas, Auto Nica, Grupo Q y Julio Martínez (1). Sin embargo, también se reconoce que en 2018 la DGI compró camionetas al proveedor Operaciones Familiares S.A. (Ofasa), y tres vehículos sedan año 2012 a Alba Transporte. Y en 2019, se adquirieron motocicletas de los proveedores Velosa y Enimosa.
Policía Nacional sin información sobre compra de vehículos
En el Siscae no existe registro alguno sobre compras de medios de transporte realizadas por la Policía Nacional durante los años 2018 y 2019, a pesar de que en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la institución aparezcan planificadas.
En su plan de 2018, la institución publicó un total de 88 procedimientos de compras de medios de transporte, financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Unión Europea (UE). Y para el año 2019, estos gastos no aparecen registrados ni en el Siscae, ni en su PAC.
Dayra Valle, directora de Transparencia Nicaragua, considera que una hipótesis sería que estos vehículos presupuestados en 2018 efectivamente hayan sido comprados, pero sin cumplir con el posterior requisito de publicar el procedimiento que ayuda a brindar transparencia a los potenciales proveedores.
Sin embargo, otra posibilidad es que estas compras no fuesen realizadas, y ahí entran los cuestionamientos sobre si están comprando para otra institución y transfiriendo bienes, lo que calificaría como ilegitimo y agotaría recursos de una vía indirecta, lo que debe ser regulado por la Contraloría General de la Republica (CGR).
Para Valle es más probable que lo que sucede es que la Policía Nacional efectivamente no está publicando estos datos, pues en 2018 la institución registra 88 procedimientos de compras públicas, mientras que en 2019 registra únicamente 29 y ninguna de estas asociadas con compras de vehículos.
Algo que considera poco lógico debido al crecimiento y mayor presencia que ha adquirido la Policía Nacional desde 2018, “si agrandas tu familia, agrandas la compra que vas a hacer” pero estas más bien han sido disminuidas asegura Valle.
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