FSLN, el partido que promovió penalizar el aborto terapéutico en todos los casos

Este 26 de octubre se cumplen 14 años desde la penalización del aborto en Nicaragua en todas sus formas. Un tema que, además de polémico, constituyó una estrategia política junto a las jerarquías religiosas de la época para asegurar el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en los comicios de 2006, pues fue el partido que se comprometió a su penalización total.

Nicaragua aprobó su primer Código Penal en 1837, en este se despenaliza el aborto por razones médicas (aborto terapéutico). Luego en 1879, durante los 30 años de gobiernos conservadores, se establece que «no incurrirá en pena alguna el médico o cirujano, comadrón o partera, que procure el aborto cuando no haya otro modo de salvar la vida de la mujer embarazada».

Abusos sexuales y embarazos forzados: la doble violencia contra niñas y adolescentes agudizada ante COVID-19

Sin embargo, el 26 de octubre de 2006 esta fue derogada por la Asamblea Nacional, tras 169 años de que el aborto terapéutico fuese considerado una alternativa para salvar la vida de las mujeres. Nicaragua pasó desde entonces a formar parte de una lista minoritaria de países en el mundo que cierran por completo la alternativa del aborto a las mujeres, incluso si existen riesgos fatales o si el embarazo es producto de un violación.

El aborto terapéutico es aquel inducido por razones médicas, ya sea porque el feto presenta malformaciones congénitas que lo condenan a la muerte o que por diversas razones representa un riesgo para la vida de madre, como en casos de menores de edad o mujeres con enfermedades crónicas como cáncer.

Ley 603 y la bancada sandinista

Tras la sesión parlamentaria del 26 de octubre, que contó con 52 votos a favor, el 17 de noviembre la Ley 603 fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial bajo el nombre de Ley de Derogación al Artículo 165 del Código Penal Vigente.

El largo rechazo de Rosario Murillo hacia las feministas en Nicaragua

La abogada Juanita Jiménez, Directora Ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), comparte el impacto que tuvo para ella como mujer la aprobación de esta Ley al ver lo que considera «la manipulación y el oportunismo político» del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), bancada que facilitó la penalización total del aborto en la Asamblea Nacional como «moneda de cambio» a las negociaciones establecidas con las jerarquías religiosas.

La penalización del aborto terapéutico estuvo marcada por un contexto de «mucho oportunismo político» asegura Jiménez, pues justamente coincide con el retorno del FSLN y el liderazgo de Daniel Ortega a la presidencia, «y en ese contexto hay que recordar como hubo toda una manipulación religiosa de arrepentimiento del FSLN y de sus líderes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes recorrieron todas las iglesias católicas, particularmente, y evangélicas, donde se arrepentían supuestamente de todos los crímenes o violaciones de derechos cometidos en la década de la revolución».

Elia Palacios, de la Asociación de Mujeres Axayacatl, destaca que se cumplen 14 años de «condenar a muerte» a muchas mujeres, principalmente a aquellas de bajos recursos económicos, y lamenta que los derechos de las mujeres «siempre sean negociados».

Aborto, una moneda de cambio

Para Ana Quirós, feminista y experta en salud pública, la penalización absoluta del aborto en medio de una campaña política solo muestra que la vida de las mujeres «es utilizada como moneda de cambio y que no hay un interés verdadero en su bienestar y sus vidas».

El Código Penal de Nicaragua establece penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que interrumpan sus embarazos, sin embargo desde su aprobación no se cuentan con datos específicos sobre la aplicación de la misma, además de la falta de información respecto a los efectos en la salud, incluidas las muertes maternas, las cuales según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) aumentaron de 11  en 2019 a 16 hasta la semana 20 de este año.

Y en el caso de los profesionales médicos que los practican, estos pueden recibir hasta seis años de prisión y perderían su licencia para ejercer. «Es un retroceso porque se opta por la vida de un no nacido por encima de la vida de una persona existente, muchas de las veces el no nacido no es viable y por lo tanto es necesario hacer un aborto para salvar la vida de la mujer que está en riesgo, sin embargo por el temor que crea la reforma al Código Penal, el personal de salud muchas veces no actúa y termina muriéndose la mujer y por supuesto el feto», señala Quirós.

Niñas y adolescentes desprotegidas ante el abuso

Nicaragua tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes a nivel latinoamericano, 1 de cada 4 partos en el país corresponden a una menor de 18 años. Las adolescentes entre 15 o 13 años tienen el doble de probabilidades de morir a causa de complicaciones durante el embarazo que en relación a las mujeres entre 20 y 24 años. Este riesgo se cuadruplica cuando se trata de menores de 15.

Datos de la Federación Coordinadora que Trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) muestran que 92 de cada mil adolescentes ya son madres, y el número de partos de niñas entre los 10 y 14 años ha aumentado en un 47.9% en la última década, es decir que trata de niñas que quedaron embarazadas producto de una violación, pues el Código Penal establece como delito que una persona adulta sostenga relaciones sexuales con una niña menor de 14 años.

Quirós destaca que el Minsa debería actuar de oficio denunciando estas violaciones, y tanto el Ministerio de la Familia como la Policía Nacional deberían actuar para «apresar a estos hombres que han embarazado a esas niñas, y no solo es el hecho que las embarazan, es que también ponen sus vidas en riesgo». Una situación difícil ante una sociedad que normaliza los abusos en contra de las niñas.

Aumento de abusos contra menores intensifica indignación de la población

En 2011, la misma vicepresidenta Rosario Murillo utilizó el embarazo de una niña indígena durante la campaña de reelección de Ortega para reafirmar la posición del partido frente al tema del aborto. La menor de 12 años que habitaba en una comunidad alejada del Caribe fue abusada y posteriormente obligada a dar a luz, a pesar de las complicaciones de salud que el parto representó para la niña, esta situación fue calificada como «un milagro de Dios» por Murillo. El abusador nunca fue perseguido por la justicia.

Foto referencial | Cortesía

«Ningún milagro de Dios, fue producto de una violación, fue la desgracia para esta niña, el empobrecimiento para ella, para el bebé y para el resto de su familia, porque generalmente estamos hablando de niñas pobres, de familias empobrecidas en las que tener un bebé o una boca más que alimentar es realmente un castigo y una carga que no se puede sobrellevar» advierte Quirós.

Inconstitucionalidad

Ante el riesgo que representaba la Ley 603 para la salud y vida de las mujeres y niñas, colectivos de mujeres se organizaron y presentaron un Recurso de Institucionalidad contra la misma.

Sin embargo, Jiménez comparte que hasta la fecha no se han resuelto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los más de 100 recursos, que más de 600 mujeres y algunos hombres solicitaron para que se declarara la penalización total del aborto inconstitucional pues «afectaban directamente el ejercicio de derechos que como humanas y ciudadanas tenemos las nicaragüenses».

Casos de femicidios en Nicaragua rodeados de irregularidades judiciales

El debate del aborto ¿entrará a la agenda 2021?

El tema es polémico, porque la mayoría de partidos políticos, y sobre todo el FSLN han creado prejuicios sobre el tema y han obviado las causales de esta medida, por lo que es de esperarse que el tema sea abordado en estas próximas elecciones de 2021.

Quirós considera que este será uno de los temas que «las fuerzas de Ortega van a utilizar para dividir a las fuerzas de oposición», por lo que sostiene que en primer lugar lo que Nicaragua necesita es que «se imponga una democracia en que se puedan discutir con criterio científico temas como el del aborto».

Destaca que las decisiones sobre políticas públicas no pueden ser regidas por criterios religiosos sino que deben regirse por criterios científicos, y se muestra con esperanzas ante la idea de que «sea la ciencia la que prime, y no los prejuicios y el desprecio por la vida de las niñas y de las mujeres».

Para Quirós el tema de los prejuicios morales y religiosos, los prejuicios dados por la práctica, y los prejuicios impuestos por una cultura de tolerancia a la violencia sexual, tienen gran relevancia en la problemática que enfrenta el país.

Daniel Ortega niega acusaciones de abuso sexual de su hijastra Zoilamérica en 1998 | Foto Archivo: La Prensa

«Si en Nicaragua fuéramos menos tolerantes a la violencia sexual, en primer lugar, Daniel Ortega hubiera muerto como político hace muchísimo tiempo, y en segundo lugar, hay un montón de hombres que habrían dejado de figurar en la vida pública y de tomar decisiones por las mujeres, niñas, y adolescentes que han embarazado y que luego abandonan, porque la inmensa mayoría tienen que asumir la sobrevivencia y el cuido con su propia familia y no con el respaldo de los violadores causantes de ese embarazo» advierte Quirós.

De igual forma, Jiménez coincide en que a través del restablecimiento de un sistema democrático en Nicaragua se podrá retomar de manera consciente, en un nuevo contexto, esta problemática y que exista la posibilidad de reivindicar la situación de las mujeres, donde el Estado no las criminalice y que las problemáticas sociales que se derivan por ser mujer se eliminen.