Abusos sexuales y embarazos forzados: la doble violencia contra niñas y adolescentes agudizada ante COVID-19

CODENI señala que a nivel regional Nicaragua es el país con mayor proporción de embarazos en adolescentes, donde 92 de cada 1,000 adolescentes son madres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo este jueves una audiencia acerca de la violencia sexual, los embarazos forzados y la falta de acceso a los servicios de salud frente al contexto de la pandemia del COVID-19 en la región latinoamericana.

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Ante la pandemia miles de niñas han quedado encerradas con sus agresores y “si bien ello se ha identificado con la aparición de denuncias de violencia sexual, la falta de información, la opacidad de las cifras y la falta de rutas alternativas a las tradicionales, sugiere que existe un subregistro abismal de estos casos” destacó Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.

Foto: Nicaragua Investiga

Martínez enfatizó que desde antes del COVID-19 la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes ya era una pandemia existente en Latinoamérica, donde además los partos en menores de edad continúan en aumento.

Elia Palacios, de la Asociación de Mujeres Axayacatl, expuso ante la audiencia de la CIDH la crítica situación que atraviesan las mujeres y las niñas en Nicaragua.

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“Es alarmante la situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes tras la crisis sociopolítica del 2018 y agravada con la pandemia del COVID-19 en el 2020. Las niñas y adolescentes se encuentran expuestas a sufrir violencia intrafamiliar, abuso sexual, embarazo y maternidad impuesta” señaló Palacios.

La Federación Coordinadora Nicaragüense que Trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) señala que a nivel regional Nicaragua es el país con mayor proporción de embarazos en adolescentes, donde 92 de cada 1,000 adolescentes son madres.

Según Palacios en Nicaragua cada día 5 niñas son obligadas a una maternidad forzada, “incrementado las secuelas y el trauma ocasionados por la violación, destruyendo así su proyecto de vida”.

Nicaragua prohíbe el aborto en todas sus formas desde el año 2006, lo que para defensoras de derechos humanos afecta gravemente la vida de las niñas y adolescentes en un país donde no hay acceso a la educación sexual reproductiva.

A nivel regional Nicaragua es el país con mayor proporción de embarazos en adolescentes, donde 92 de cada 1,000 adolescentes son madres.

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“Son niñas cargando a otros niños” señala Palacios, y a esto se suma el bullying que las niñas deben enfrentar durante y después del embarazo forzado.

Por ello, frente a un contexto en que ya existían un sinnúmero de vulnerabilidades para las niñas y adolescentes en Nicaragua, en los últimos años la situación de violencia contra las mujeres solo se ha encrudecido.

Las últimas cifras de la Policía Nacional muestran que durante el año 2019 se registraron 1,908 denuncias por delitos sexuales, mientras que en 2018 fueron 1,596, es decir que hubo un incremento del 20% de estos casos.

Este año, hasta el mes de septiembre la organización Católicas por el Derecho a Decidir registra un total de 61 femicidios de los cuales 11 corresponden a niñas y adolescentes, muchas de ellas violadas y torturadas antes de ser asesinadas.

Conviviendo con los agresores

La mayoría de las agresiones son perpetradas por personas cercanas a las víctimas, y el actual autoconfinamiento por la pandemia y el desempleo que enfrenta el país, han forzado a las niñas y adolescentes a convivir con sus agresores, incrementando los índices de violencia sexual.

“El lugar más seguro que se supone que es nuestro hogar, en este contexto se ha convertido en un espacio de violencia, de inseguridad, de dolor y terror para muchas niñas y adolescentes. Ellas podrán estar a salvo del contagio del COVID-19, pero no de la violencia sexual” enfatizó Palacios.

Y de igual forma sostuvo que entre los factores que favorecen a este incremento de casos en el país se encuentra la naturalización de la violencia y abuso sexual, la falta de acceso a la justicia, los beneficios otorgados a los agresores como indultos, la ausencia de albergues para proteger a las sobrevivientes, la inexistencia de campañas de concientización, la ausencia de clases de género, y el que no haya estadísticas confiables, claras y actualizadas.

El papel de los gobiernos

La Relatora para los Derechos de la Mujer, Margarette May Macaulay, destacó que faltan estudios por parte de los gobiernos que muestren el por qué suceden estos casos. Sin embargo, aseguró que esto puede deberse a que incluso “algunos oficiales gubernamentales están perpetrando estos delitos”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, fue denunciado en 1998 por su hijastra Zoilamérica Narváez por abusar sexualmente de ella desde los once años de edad. El caso nunca vio la justicia, y Narváez permanece actualmente en el exilio.

Las feministas nicaragüenses han demandado desde entonces justicia para el caso, y consideran que la denuncia en contra de Ortega junto al encubrimiento público por parte de su esposa y madre de Narváez, la vicepresidenta Rosario Murillo, deja en evidencia la falta de interés del actual gobierno por los derechos de las mujeres.

Para Palacios existen dos responsables directos, el agresor como tal, y el Estado por no prevenirlos, “por eso consideramos que la prevención realmente es lo que dará la vía para poder contribuir en la erradicación de la violencia en las niñas”.

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Maryce Mejía, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, comparte que es esencial la educación para ir erradicando estos comportamientos que afectan a las mujeres, niñas y niños, quienes pueden convertirse en víctimas o en futuros victimarios. Y en su lugar, promover prácticas afectivas donde se respeten sus cuerpos.

Destaca que es importante escuchar y creerles a las niñas desde un primer momento, y promover la comunicación constante y asertiva para que puedan confiar abiertamente en sus padres para señalar cualquier situación.

Mejía asegura que la responsabilidad recae tanto en los padres, como el Estado, la empresa privada, la iglesia y medios de comunicación, quienes pueden iniciar a reeducar o a reforzar estos patrones de violencia.

Los padres, por un lado, deben estar alerta “porque en estos momentos difícilmente se puede confiar en cualquier persona”, y por otro, el Estado tiene la obligación de aplicar realmente la ruta de acceso a justicia y destinar recursos económicos y humanos  para

También la iglesia «tiene un rol importantísimo, porque muchas veces ellos han reforzado esas cadenas de violencia y abusos, mandando a perdonar o a rezar por los agresores». Y agrega que es importante seguir denunciando por los medios los abusos, la violencia y los femicidios, pues «no podemos seguir normalizando la violencia».

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