El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), recibirá una partida del Presupuesto General de la República de 220 millones 824 mil córdobas para este 2021. Aproximadamente 10 millones de córdobas le ha quitado el gobierno de Daniel Ortega a esta institución rectora del ecosistema. Los ambientalistas valoran que este monto que no responde a las necesidades que se prevén para el año entrante, más aún con los impactos del huracán Iota y Eta, que causaron cuantiosos daños en Nicaragua.
Cabe señalar que el presupuesto fue presentando antes que los dos huracanes impactaran en territorio nicaragüense. Luego de los estragos que dejaron los fenómenos naturales, no hubo ningún cambio para redireccionar más recursos a esta crisis ambiental. Los expertos consultados por Nicaragua Investiga consideran que el recorte a esta asignación deja en evidencia hay un «discurso» de doble mora por parte del gobierno sandinista.
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El ambientalista y director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, sostiene que antes de la gestión del gobierno sandinista, el presupuesto para el MARENA rondaba en el 0.7%. Sin embargo, dice el experto, que la partida disminuyó al 0.2%. «Esto demuestra una falta de voluntad política para atender la parte ambiental. Los recursos del Estado no se están invirtiendo en lo que se debería de invertir, tomando en cuenta que la institución es la rectora del ambiente», añade.
A juicio de Ruiz, esto se traduce, además, en la poca funcionalidad de la vigilancia y la fiscalización de los recursos naturales del país. Por lo que prevé que si la asignación no es suficiente para suplir las necesidades ambientales, «la institución no va a tener cómo operar», por lo cual podría funcionar en las mínimas posibilidades.
Así se ha venido reduciendo las asignaciones para el MARENA
En el año 2018, la partida presupuestaria era de C$492 millones 461 mil. En el año 2019 la asignación disminuyó a C$377 millones 153 mil. La reducción fue de 115 millones de córdobas.
Para este año la designación fue 231 millones 172 mil córdobas. La partida para el 2021 es de C$220 millones 824 mil: esto se redujo a 10 millones 348 mil córdobas. «Mientras eso se reduce aumenta para la policía, aumenta para el Ejército y para los gastos del Ejecutivo», dice Ruiz.
«Desde 2007 a la fecha se ha venido dando una reducción de aproximadamente del 20% hasta el 2021», detalló Javier Mejía, coordinar del área de recursos naturales del Centro Humboldt, y explica que este sería el presupuesto más bajo en los 13 años de gobierno de Ortega.
Sin embargo, Mejía resalta que antes del 2007 la participación de los donantes extranjeros era más participativa, pero ha ido mermando con el gobierno de Ortega. Pues lo temas ambientales «son los que tienen menos porcentajes del Presupuesto General de la República».
Amaru Ruiz señala que los recursos ambientales del país juegan un rol importante para mejorar la calidad de vida, pero también «para enfrentar los fenómenos naturales como lo que hemos visto con los huracanes». Sostiene que la protección de estos ecosistemas sirve de barreras naturales para enfrentar la furia y la fuerzas de los fenómenos.
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Desinterés en el tema ambiental y un discurso de doble moral
Por otra parte, Mejía destaca que si se suman otras entidades ambientales como la Autoridad de Gran Canal, el MARENA, Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) todo juntos no suman ni el 1% del presupuesto público. Esto lo considera que las asignaciones que se da al tema de vigilancia y de ambiente es mínima.
«Esto demuestra que el tema ambiental para el gobierno ha sido únicamente un discurso, porque si ellos tuvieran la voluntad política de tener una mayor vigilancia y regulación de los recursos se vería reflejado en una partida presupuestaria mucho mayor a la que le están asignando», apuntó el experto.
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Amaru Ruiz señala que por un lado el «régimen pide reales en función del tema ambiental, pero por otro lado tenés un régimen que no invierte en la institución rectora para fiscalizar y administrar esos bienes naturales». Agrega que el “discurso” del gobierno se vuelve ambiguo cuando en la práctica se hace todo lo contrario, por lo que dice que «no hay un interés político de atender el tema ambiental«.
En esto coincide Javier Mejía con Ruiz manifestando que por no tener los recursos suficientes el MARENA, «se vuelve un observador y que no tiene las capacidades de ir a todas las empresas hacer inspecciones y estudio de impacto ambiental».
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