La directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro interpuso un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, por considerar que criminaliza las funciones que su organización desempeña.
«La Ley de Agentes Extranjeros nos viola todos nuestros derechos (…) Nos quieren incriminar como traidores de la patria» valoró Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la FVBCH, mientras que Guillermo Medrano, miembro de esa organización, consideró que la Ley «violenta más de 14 artículos» de la Constitución, desde el derecho a la organización hasta el derecho a la salud.
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La FVBCH se une al grupo de organizaciones que han presentado recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual es una del tridente de leyes que Daniel Ortega mandó a aprobar en la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.
Seis meses para que haya respuesta
El capítulo dos del título tercero de la Ley 983, Ley de Justicia Constitucional detalla cómo es el procedimiento para presentar un recurso por inconstitucionalidad y cómo deben proceder las autoridades.
Según la Ley, el recurso de inconstitucionalidad «tiene por objeto el control de una ley, decreto o reglamento que se opone a la Constitución Política» y puede ser presentado por cualquier ciudadano que considere que una norma violenta cualquier principio o derecho establecido en la Carta Magna.
El artículo 67 de esa Ley establece que los recursos son admitidos en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la norma a impugnar.
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Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le compete conocer, tramitar, proyectar y resolver la impugnación que se haga y la Procuraduría General de la República también será parte de la sustanciación, de acuerdo a lo dictado en artículo 65 de la Ley 983.
Según la abogada Aura Alarcón, para que la CSJ emita una sentencia por un recurso de inconstitucionalidad, pueden pasar hasta seis meses debido a los plazos que establece la Ley para proceder.
El artículo 70 de la Ley establece que la CSJ le dará al reclamante un plazo de 10 días para que señale las omisiones que encuentre en la interposición del recurso y si se deja pasar este plazo, el Poder Judicial dará por no interpuesto el recurso por inconstitucionalidad.
Alarcón detalla que después de ese plazo, la CSJ y la Procuraduría tienen otro plazo de 20 días para rendir un informe y dictamen correspondiente del caso. Luego, la presidencia de la CSJ designará a un Magistrado para que analice y emita un proyecto de sentencia, para lo cual dispondrá de 30 días.
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Cuando el Magistrado emita su proyecto de sentencia, el Pleno de la CSJ tendrá 60 días para discutirlo y aprobarlo. Luego, la sentencia pasará a la Asamblea Nacional y se publique en La Gaceta, Diario Oficial.
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