Las afectaciones y pérdidas económicas que ha dejado el paso de los huracánes Eta y Iota en menos de dos semanas, se estiman en el 3% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, según lo expresado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, quien también mencionó que desde el gobierno se hacen labores para conseguir fondos de cara a la reparación de los daños.
La vicepresidenta y vocera estatal Rosario Murillo también ha apelado a la cooperación internacional durante sus discursos de medio día, e incluso ha reclamado una indemnización por el cambio climático a los países más desarrollados por considerar que son los que potencian los fenómenos naturales que afectan a la región.
«Por eso que nuestra Nicaragua se manifiesta, se expresa en los organismos internacionales diciendo justicia climática, compensación para estos países que estamos en una situación de extrema vulnerabilidad sin merecerlo, Centroamérica, el Caribe» dijo Murillo el pasado 16 de noviembre, cuando el huracán Iota impactó territorio nicaragüense.
Por ahora, organismos internacionales y otros países han anunciado el desembolso en concepto de préstamos o donaciones para Nicaragua después del paso de los huracanes. La suma de todo lo que ha recibido el gobierno de Daniel Ortega hasta el momento por parte de estas instituciones asciende a más de 49 millones de dólares.
Más de 49 millones de dólares ha recibido el gobierno de Ortega tras el paso de los huracanes
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros establece que todas las organizaciones o personas que reciban fondos de gobiernos u organismos internacionales deberán reportarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación y deberán cumplir con un reglamento que priva de los derechos civiles y políticos a los nicaragüenses que reciban este tipo de fondos.
Sin embargo, hubo modificaciones a la Ley que contemplan la excepción a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, así como las Misiones Diplomáticas, Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación Internacional, medios de comunicación internacionales y sus corresponsales, y personas jurídicas de carácter religioso debidamente inscritas en el país.
A pesar de que se exime a este tipo de organismos, la diputada liberal Azucena Castillo considera esas excepciones son confusas y que solamente sirven para darle más discrecionalidad al Ministerio de Gobernación que es quien ejecutará esta Ley. «No va a estar mandando a inscribirse como agente extranjero a todos aquellos que van a ejecutar estos programas que son de urgencia» detalla la parlamentaria.
Castillo, que es integrante de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, la cual analizó esta Ley, explica que esta disposición podría afectar la ayuda humanitaria que el país u organizaciones reciban para atender a los damnificados por los huracanes. «Van a tener que considerar en el gobierno que se están dando con la piedra en los dientes porque ellos mismos pusieron esos obstáculos a la Cooperación Internacional» comenta la legisladora liberal.
Ley es más que solo para perseguir opositores
En su momento, la oposición política del país denunció que esta Ley busca regular el financiamiento del exterior que reciben las organizaciones y movimientos políticos que adversan a Daniel Ortega, pero en la práctica también puede afectar la cooperación internacional que desembolsen organismos extranjeros para atender emergencias como la del Covid19 o los embates de los huracanes.
«Esa Ley tiene nombre y apellido contra la oposición pero realmente es una ley que afecta el derecho de los nicaragüenses de recibir la cooperación internacional» y poder acceder a este tipo de fondos cuando suceden desgracias, explica la parlamentaria.
Para Castillo la Ley goza de mucha discrecionalidad y a pesar de que las remesas quedaron excluidas de ser reguladas por esta norma, el Ministerio de Gobernación podría notificarle a la Unidad de Análisis Financiero que investigue cualquier remesa que considere «sospechosa».
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Una visión similar tiene el asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, quien comenta que efectivamente habrá afectaciones a los desembolsos de los cooperantes.
Cuevas prevé que la mayor afectación que podría dejar la implementación de esta Ley es el no desembolso de los cooperantes porque quien reciba los fondos sin estar registrado como agente extranjero y autorizado por el Ministerio de Gobernación para esa labor, «podría enfrentar repercusiones penales», aún si se tratase de una acción humanitaria.
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«Si de por si las autoridades ya van más allá de lo que les permite la Ley ahora imagináte con una Ley. Serán más extremos (…) el objetivo de la Ley es una centralización y un control total por parte de las autoridades y que no haya más movimiento con dinero, más que el movimiento oficial» complementa el experto.
Solo el gobierno puede llevar ayuda
Pablo Cuevas también menciona que el gobierno es el único que prácticamente está habilitado para llevar asistencia humanitaria, pues recuerda que en 2016 se aprobó una disposición gubernamental que prohibía la recolección de dinero para víctimas de desastres naturales y que solamente el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED, es el autorizado para esa labor.
«Es una imposición oficializada por el Estado y sus instituciones» valora Cuevas y considera que atenta contra la solidaridad de los ciudadanos con sus connacionales que están pasando por una grave tragedia. «Aquí la solidaridad está proscrita», agrega.
«Si en realidad tuviera la plena intención de que la gente saliera beneficiada, (el gobierno) procuraría más bien motivar a que todo el que pueda recoger dinero o ayuda» comenta Cuevas y rememora que para el tsunami de 1992 en el pacífico del país, hubo personas que por su propia cuenta llevaron ayuda y las autoridades de aquel entonces no obstaculizaron estas muestras de solidaridad.
Gobierno deberá ajustarse a las exigencias de los cooperantes
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros entrará en vigencia el próximo 15 de diciembre y a partir de esa fecha el Ministerio de Gobernación deberá investigar todo financiamiento que venga del exterior, pero más bien el gobierno de Ortega tendrá que ajustarse a las exigencias de los cooperantes, tal y como lo hizo con un desembolso aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente, considera Azucena Castillo
De acuerdo a lo establecido por la Ley, ninguna organización podrá ocupar fondos que vengan desde el exterior mientras no se reporten como agentes extranjeros, por lo que, después del 15 de diciembre todos los fondos de todas las organizaciones deberán ser regulados por la entidad y se complicaría el uso de los mismos.
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«Va a tener que reconsiderar el gobierno y no estar haciendo estas exigencias porque estaría tardando con burocracia toda esta ayuda (…) el gobierno va a tener que abrirse porque en realidad el gobierno está sin dinero. Ellos están pensando que la solución les va a venir precisamente de la cooperación internacional», explica Castillo.
De acuerdo al ordenamiento jurídico del país, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros no puede juzgar lo que se ha cometido antes de su aprobación, si no lo que pasa después debido a que las Leyes no son retroactivas, a excepción de cuando se trata de materia penal y solo cuando favorece al reo.
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