La caída en la calidad del sistema educativo y el adoctrinamiento político que se da dentro de los institutos públicos del país ha aumentado la necesidad de acceso a una educación privada. Sin embargo, sostener las cuotas en muchas de estas escuelas y universidades no resulta accesible para la mayoría de familias nicaragüenses.
Altos gastos. Matrícula, pre matrícula, mensualidad, materiales de estudio, credenciales, uniformes, y ahora incluso clases en línea. La inversión que deben hacer los tutores de los estudiantes es elevada. Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, coincide en que no todos los padres de familia ponen a sus hijos en centros privados, aunque quisieran. Y quienes realizan el esfuerzo para costear dicha educación, muchas veces deben descontinuarlo debido al aumento de las cuotas e ingresar al sistema público.
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Juan Carlos López, de Defensa al Consumidor, destaca que hay muchos factores que afectan los costos de los centros como el pago a los maestros y las condiciones de las instalaciones, sin embargo, acepta que algunos incluso poseen cuotas dolarizadas y aunque otros cuentan con mensualidades más económicas posteriormente “te masacran con los costos de los libros”, ya que muchas escuelas se alían con alguna editorial y los costos de los materiales que otorgan terminan siendo elevados. “La entrada de los colegios para los padres golpea bastante” agrega.
El tema de la privatización de una parte de la educación siempre ha generado recelos, sobre todo en lo referente a la educación pública. Las opiniones varían entre que la privatización lleva inevitablemente a la segregación por clases, y quienes sostienen que dejar al Estado la gestión de la educación es peligroso porque puede convertir la escuela en una herramienta de adoctrinamiento. Para Rodríguez “todo el que tiene los medios” debería ingresar al sistema educativo privado en Nicaragua ya que “la mayor parte del tiempo van a utilizarlo para la educación, la instrucción, y no para hacer políticas partidarias”, pero acepta que esto puede significar un alto costo para las familias.
Esfuerzos para entrar al sistema privado
Contrario a lo que puede percibirse, las instituciones privadas del país no solo están ocupadas por familias de clase alta, Rodríguez asegura que “si vemos a los colegios para clase media, muchos pobres hacen un esfuerzo y matriculan a sus hijos en los colegios privados”.
El académico Ernesto Medina compara lo anterior con su experiencia en la Universidad Americana (UAM) “uno pensaría que todos los que van son los de la elite, los millonarios de Nicaragua, y no es cierto, mucha gente de clase media–media baja hace enormes sacrificios para que sus hijos estudien ahí porque creen que vale la pena el sacrificio de pagarles una buena educación”.
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Guillermo Medrano, especialista en planificación educativa, comparte que muchos padres prefieren hacer el esfuerzo de pagar un centro privado ya que en Nicaragua “la educación pública adolece siquiera de estar dentro de los estándares mínimos, contamos con mucho rezago en cuanto a niveles de competencia”. Por ello prefieren matricularlos “aunque sea en colegios privados pequeños”, donde a pesar de ser similares a los centros públicos, pues “estos trabajan con las mismas guías metodológicas del Ministerio de Educación (Mined), la ventaja es que no existe el adoctrinamiento político y la cantidad de estudiantes es menor”.
Para Medina “es injusto que esas personas tengan que estar sacrificando una buena parte de sus ingresos” con el fin de costear una mejor calidad de enseñanza, sobre todo porque ya están destinando parte de sus impuestos en un sistema educativo en el que no confían. Destaca que “claramente se trata de en un negocio, no de hoy sino de siempre”. Las familias deben “pagar por una educación que en teoría es un poco mejor” que lo que ofrece el sistema, pero en esta oferta hay de todo, “desde instituciones muy serias hasta gente que se aprovecha de la situación y ve esto como una oportunidad de negocio”.
El experto en educación Guillermo Medrano. Archivo NI
Regulación de cobros
En Nicaragua no existe ninguna regulación ni vigilancia de estos centros, por lo que los costos de las colegiaturas varían considerablemente entre sí. Rodríguez considera que debería existir una regulación y supervisión de las colegiaturas y comparte que hace unos años lo solicitaron formalmente ante el Mined, pero la respuesta fue “¿por qué no se van a los colegios públicos? ¿quién los manda a ustedes a elegir un centro privado? Si eligen un centro privado es porque tienen para pagarlo”.
Para López es difícil determinar un monto regulación y considera que “se justifica un poco porque exclusivamente cada centro escolar tiene condiciones diferentes, no a todos los maestros les pagan el mismo salario”, entonces las condiciones del lugar “lo trasladan al estudiante”. Y agrega que “lo que puede revisarse es que haya aranceles que puedan ser promediados, como los costos de papelería”.
“El problema en Nicaragua es que tal vez los costos son altos porque nuestro salario promedio de la clase trabajadora es bajo, la vida la sentimos más cara por las circunstancias, entonces nos golpea más todavía el tema de la inclusión en los temas educativos” sostiene.
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Por su parte Medina también difiere con el establecimiento de regulaciones, destaca que ha trabajado en ambos sistemas y por lo tanto cree que “regular los aranceles en manos de un estado populista como el que tenemos ahora, me parece que sería un atentado en contra de la calidad de instituciones que talvez están haciendo las cosas bien y que por un discurso populista se les va a obligar a una tarifa por la que obviamente no pueden ofrecer una educación de calidad”.
“Lo que debemos estar claro es que la educación de calidad cuesta” y sostiene que el Estado debería no estar definiendo aranceles, sino que vigilando y poniendo parámetros de evaluación de calidad. “Que se establezca un sistema para evaluar si las instituciones educativas están cumpliendo con esos parámetros, que cada quien se someta a esas evaluaciones y que este órgano que debe ser serio, responsable, diga como están las instituciones si están cumpliendo o en que están fallando para ir mejorando”.
Un sistema más justo
El académico comparte que la existencia de un sistema público y un sistema privado es una muestra de la inequidad que atraviesa la sociedad en todos los aspectos de vida, “tenemos un grupo que en teoría se beneficia de las acciones del Estado como salud, educación, transporte, algunos servicios públicos, que están diseñados para los pobres” pero la realidad es que en Nicaragua “no se ha hecho nada para superar esta dicotomía”, ya que “desgraciadamente el sistema privado existe porque los padres de familia históricamente han desconfiado de la calidad de la oferta pública en los servicios”.
“Lo verdaderamente equitativo es que todos los niños y jóvenes tuvieran acceso al mismo tipo de sistema educativo que garantice un aprendizaje de calidad y que le sirva de base para un futuro mejor, pero eso no es así”.
Para Medrano lo fundamental es que el Mined cree un plan nacional de educación, ya que actualmente no existe uno, “directamente se dan clases, pero no se está enseñando mucho; da clases cualquiera, pero se enseña cuando hay una planificación, cuando existen metas, cuando existe un plan con objetivos claros a alcanzar”.
“Deberíamos de empezar por lograr la articulación de los diferentes subsistemas educativos (básico, medio y superior), saber lo que se espera de cada uno de estos, promover la participación activa de la comunidad educativa (estudiantes-padres de familia-maestros), revisar la planificación educativa y los recursos didácticos que están utilizándose”.
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Cuestiona que la evaluación de los aprendizajes no es auditada por personal calificado, pues han visto en la educación media de escuelas públicas jóvenes egresados de la juventud sandinista que «sin ninguna formación académica aparecen como técnicos del Mined ¿y qué pueden saber de pedagogía? ¿en qué manos estamos ahorita?”
De igual forma, cuestiona que en el mismo calendario escolar no se está cumpliendo con los días lectivos, una situación presente desde antes de la pandemia debido a los festivales y actividades políticas a las cuales son convocados tanto estudiantes como maestros. Los días que se pierden en las escuelas públicas también influye en la dispersión y preferencia que se mantiene por las instituciones privadas.
“Desgraciadamente el Estado nunca ha tenido la voluntad ni las ganas de controlar esto porque obviamente esta es una situación que le favorece” agrega Medina. “Para ellos es ideal tener una mayoría de gente que recibe educación supuestamente gratuita y que las reciben como un favor porque así se la venden” y que quienes estén inconformes con eso tengan que pagar un colegio o una universidad privada y no se quejen de ello “aunque lo estén sufriendo y en el fondo saben y toleran la injusticia”.
En un mundo ideal deberíamos tener un solo sistema, como en los países desarrollados donde las escuelas privadas son una rareza casi exclusiva para las elites, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas mandan a sus hijos a las escuelas públicas que son de excelente calidad, señala. Para Medina esa debería ser la aspiración en nuestra sociedad, “que las escuelas sean lo suficientemente buenas para que uno asista ahí sin preocupaciones de cuánto debe pagarse, pues la verdad es que la gente paga lo que sea para que su hijo reciba una educación de calidad”.
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