¿Cómo Caruna pretende apropiarse de una imprenta con «ilegalidades»?

El empresario Carlos Rivera sostiene que ante las diversas irregularidades se “evidencia el claro favoritismo de la justicia con Caruna”.

Carlos Rivera Álvarez, propietario y gerente general de la imprenta Inpasa, ha denunciado que la Caja Rural Nacional (Caruna) pretende despojarlo de la empresa y además amenaza con llevarlo a prisión a través de una serie de ilegalidades.

En diciembre de 2011, Inpasa adquirió una línea de crédito por medio de Caruna para la fabricación de cuadernos y textos escolares, la cual por dificultades no pudo solventar dentro del tiempo establecido. Desde entonces han sido presionados por la cooperativa para que los créditos sean pagados con el producto de la venta en subasta del inmueble hipotecado.

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Rivera considera la posición de Caruna como una obstinación, pues comparte que incluso les han ofrecido otra propiedad —de mayor valor— para saldar la deuda y la respuesta continúa siendo la misma. Destaca que el edificio de Inpasa ni siquiera tiene el valor de la deuda, por lo que al notar la insistencia que tienen sobre adquirirla, cuestiona cuales serían las verdaderas intenciones.

“¿Que están escondiendo? algo se están reservando con el edificio o realmente se quieren meter al negocio porque no tienen ninguna imprenta” señala el empresario. Inpasa ha sido tomada como prenda por parte de Caruna y desde el año 2016 ambas mantienen una reñida disputa en los juzgados, en la cual Caruna lleva una considerable ventaja.

Justicia favorece a Caruna

Caruna ha cobrado a Inpasa en dos juzgados distintos, por la misma causa y en diferentes tiempos, el primero iniciado en 2015 y el otro en 2018, por lo que la empresa alegó la existencia de litispendencia —es decir, que no pueden existir dos causas que persiguen el mismo objeto entre las partes—.

Cuando los abogados de Caruna advirtieron que existían dos procesos abiertos “corrieron a desistir del juicio más antiguo (el de 2015) y lo hicieron de una manera llana y sin guardarse las reservas de la Ley” explica Rivera. Al desistir el pasado 27 de marzo de 2020 de esa demanda, Caruna estaría también renunciando al derecho material y a las acciones de pago de todos los créditos, los cuales no podían volver a cobrarse en otro juicio (el de 2018).

La sentencia aparentemente había sido firme e Inpasa parecía tener todo a su favor, pero posteriormente “por intereses que se mueven dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)” tanto el Juez como el Tribunal de Apelaciones de Managua terminaron alegando que el desistimiento fue únicamente a la acción interpuesta y no al derecho material, por lo que aun la cooperativa demandaba ejecución forzosa e hipotecaria en contra de la empresa.

“Esta es una flagrante ilegalidad debido a que violenta el principio de legalidad que establece que los jueces están sometidos a la Constitución Política y no a intereses mezquinos”. A través de documentos compartidos con Nicaragua Investiga, Inpasa sostiene que se ha violentado las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Advertencias sobre propietario

El pasado 21 de enero de 2021 la Juez de la causa desestimó oficialmente las declaratorias de Inpasa sobre que Caruna había renunciado al derecho material, y siguiendo con la cadena de violaciones, ordenó la entrega en depósito de los bienes pignorados o que en caso contrario iniciaría acciones penales en contra de su propietario Carlos Rivera Álvarez, a quien nunca se le había requerido para la entrega de prendas.

Rivera lamenta la situación pues Inpasa cuenta con una trayectoria de 25 años en el negocio. “Somos la imprenta más grande del país, con la mayor capacidad de producción de libros, textos escolares y cuadernos, que cumplimos con las especificaciones técnicas nacionales e internacionales”. En el año 2008 al 2010, la única imprenta con capacidad para hacer masivamente libros y cuadernos era Inpasa, por lo que acumulaban contratos que les fueron pagados en un espacio de 4 años, entonces tenían préstamos con el sistema financiero nacional, entre ellos con Caruna.

El empresario Carlos Rivera | Foto: El Nuevo Diario

El empresario sostiene que desde que Caruna inició a demandarlos hace 4 años “Inpasa prácticamente desapareció del mercado nacional” porque no podían participar en licitaciones dado que la Ley de Contrataciones establece que empresas que están en alguna situación legal no pueden participar. “A Inpasa la han empobrecido, nos han ido dejando fuera del camino de trabajo, nadie nos quiere dar un crédito, nos han cerrado todos los caminos y ahora encima quieren la empresa por medios ilegales” agrega.

Caruna “usurera”

Otra denuncia que Inpasa ha realizado contra Caruna es que existe un error en la cantidad exigible ya que se han capitalizado intereses con el objetivo de cobrar intereses sobre intereses, lo cual el Código Penal reconoce como delito de anatocismo. Al momento, Rivera desconoce el total de la deuda debido a que ha crecido rápidamente con los cobros excesivos y “abuso de cláusulas” pero recuerda que la última vez esta era de US$5.7 millones, cuando inicialmente era de alrededor de US$2 millones.

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“Ellos no tienen privilegios bancarios y se comportan como usureros” sostiene Rivera, además explica que los intereses han sido cambiados por Caruna en el transcurso del tiempo de manera unilateral, algo que asegura han hecho “porque tienen el poder” pues en su momento Inpasa también presentó una certificación de los cargos con intereses realizada por un contador público autorizado pero la sentencia ya estaba hecha previamente.

Así como hicieron caso omiso de este reclamo, también se les desconoció el hecho que Caruna tiene una deuda hacia Inpasa. Aunque comparado a lo que le a ellos les cobran es mínimo, Rivera destaca que es una ilegalidad que no se les reconozca. La deuda estaría relacionada con trabajos impresos de revistas y libros que les encargaron en el pasado. El hecho de que la jueza no haya revisado las facturas aseguran que “evidencia el claro favoritismo de la justicia con Caruna”.

Por ahora, lo único que quedaría pendiente es que un perito llegue a valorar el terreno del edificio, el cual tiene un valor menor a la deuda, para que posteriormente se saque una subasta. El propietario asegura que al final esta terminará siendo adjudicada a ellos mismos pues “nadie tiene 1 millón de dólares en un maletín para irlos a ofrecer a una subasta”, entonces a falta de postores Caruna terminará adjudicándose el edificio.

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