Las organizaciones sociales en Nicaragua corren contra reloj para concretar su inscripción como Agentes Extranjeros ante el Ministerio de Gobernación en el marco de la reciente ley aprobada en el país, pero hasta la fecha la gran mayoría coincide en que es casi imposible cumplir con los requerimientos de la institución estatal y pocas han logrado concretar el trámite.
Jorge Mendoza, investigador social y académico que dirige una organización no gubernamental en Nicaragua comentó a la Voz de América que de 19 organizaciones con las que trabaja solo dos lograron concretar su inscripción como agentes extranjeros.
“Nosotros ya sabíamos que no nos iban a inscribir, hemos tratado de cumplir con todos los requisitos. Pero, es un círculo vicioso en el que todo el sistema gubernamental está coludido para no entregarte las certificaciones que corresponden», aseguró.
Añadió que muchas de estas organizaciones interpusieron recursos contra la Ley de Agentes Extranjeros ante la Corte Suprema de Justicia, pero no tienen ninguna esperanza de que la Corte se pronuncie. «Sabemos que no se van a pronunciar pero es a todas luces una ley inconstitucional», enfatizó.
Algunos de los recursos presentados argumentan que esta ley viola por lo menos 17 artículos de la Constitución de Nicaragua y cuatro numerales, por lo que solicitan que la ley sea derogada parcialmente.
Según Mendoza, en Nicaragua operan más de 6.500 organizaciones sociales oficialmente registradas y muchas se enfrentan al cierre de operaciones ante la imposibilidad de inscribirse y los altos montos de las multas establecidas en la ley.
Mientras, en la Costa Caribe de Nicaragua, crece el temor de las comunidades indígenas ante la amenaza del cierre de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, según señaló José Coleman del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua.
Coleman explica que, en el caso de las organizaciones Costeras, «muchas no han hecho su inscripción. Hay muchas organizaciones que tienen ese temor. El Estado antes de eso ha estado renuente a no entregar la certificación, entonces, con esta ley no sabemos qué se va a hacer».
«Estamos viendo que organizaciones en el pacífico están cerrando, que hay muchas trabas, cuando venga el turno de nosotros no sabemos qué pasará, hay mucho temor e indefensión por dejar a las comunidades indígenas», lamentó.
Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las organizaciones que han cerrado por la polémica Ley de Agentes Extranjeros promovida por el sandinismo. Archivo/NI
Hasta ahora, la mayoría de las organizaciones mantienen su regular funcionamiento, pero temen que las medidas del Estado y las altas multas finalmente las orillen a finalizar sus operaciones lo que tendría, según analistas, un brutal impacto en los espacios de desarrollo de la sociedad nicaragüense.
La Ley Reguladora de Agentes Extranjeros fue aprobada el 15 de octubre pasado por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional de Nicaragua. La norma establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, así como la cancelación de la personalidad jurídica a las organizaciones si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”, un concepto que la legislación dejó abierta a la interpretación de las autoridades.
Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó “las acciones del régimen bajo la llamada ‘Ley de Agentes Extranjeros», asegurando que el presidente, Daniel Ortega, lleva el país hacia «la dictadura».
En tanto, la mayoría de las organizaciones sociales decidieron seguir operando a la espera de que el Estado tome medidas.
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