El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) junto a tres organizaciones regionales defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión pidieron al Gobierno de Nicaragua poner fin al acoso contra los periodistas.
En un pronunciamiento escrito «expresan su solidaridad con los periodistas nicaragüenses e instan a las autoridades de todo el país a cesar el hostigamiento generalizado de periodistas y a garantizar que los medios y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad».
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En la misiva, las organizaciones señalan que el Gobierno y las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron de manera «brutal» a los manifestantes durante las protestas que iniciaron en abril de 2018.
«El clima para el ejercicio del periodismo en Nicaragua se ha vuelto cada vez más hostil», agregan y señalan que «al menos 12 medios se han visto obligados a cerrar permanentemente».
Así mismo, afirman que los periodistas han sino amenazados y hasta encarcelados.
A esto se le suma la falta de claridad en el tema, en medio de la pandemia de COVID-19, la cual «no ha hecho más que contribuir a reforzar la falta de transparencia, pues el Gobierno nacional niega la gravedad de la crisis y ha logrado que sea prácticamente imposible para los periodistas y la ciudadanía encontrar información confiable en materia de salud pública».
El comunicado también expresa la preocupación por dos leyes adoptadas a finales del 2020 que, según las organizaciones, incrementa la censura y el control del Gobierno.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos «ampliaron la capacidad del Gobierno de controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación, según el análisis de Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH», indica el texto.
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El panorama preocupa, debido a que la prontitud con que se realizarán las elecciones nacionales programadas para noviembre de 2021. Por eso, la organizaciones instan al Gobierno nicaragüense «a cumplir sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información, cesar el empleo de leyes restrictivas para censurar a la prensa, y permitir que los periodistas y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa desempeñen sus actividades libremente».
Otra preocupación latente son los casos de periodistas exiliados y la suspensión de actividades de las principales organizaciones nacionales defensoras de la libertad de expresión, PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El texto explica que los cierres se dan «debido a que les preocupaba la posibilidad de enfrentar procesos judiciales en virtud de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros».
El pronunciamiento se hizo a propósito del Día Nacional del Periodista en Nicaragua y el CPJ se sumó a tres organizaciones: el IFEX-ALC, la AMARC-ALC y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Nicaragua Investiga
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