Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU), insta al gobierno de Nicaragua a poner fin a los crecientes ataques y detenciones arbitrarias en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, tras tres años consecutivos de crisis en el país.
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«Nicaragua no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, especialmente si las personas defensoras se enfrentan a una detención prolongada… El Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas», dijo la Relatora Especial de la ONU.
Lawlor hizo referencia a la situación de dos defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes habrían reportado malos tratos en prisión; se trata de la ex presa política Celia Cruz y el joven John Christopher Cerna Zúñiga, quien continúa detenido.
El joven John Cerna lleva más de un año bajo detención | Foto: Cortesía
Cruz es una mujer trans y defensora de derechos humanos, quien fue detenida el 21 de abril de 2020 «tras una serie de incidentes con las fuerzas de seguridad durante el aniversario de protestas en Ometepe», y quien a pesar de su identidad de género fue recluida en una prisión exclusivamente para hombres «lo que la expuso a agresiones sexuales y violencia verbal».
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En tanto Cerna, es un líder estudiantil y defensor de derechos humanos, fue detenido el 20 de febrero de 2020 y ha sido sentenciado a 12 años de prisión por el delito de “tráfico de estupefacientes”. El joven asegura que su detención es arbitraria y está relacionada con su trabajo como defensor de derechos humanos.
La Relatora reconoce que han recibido información de que Cruz y Cerna sufrieron «malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales y falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos en prisión». Además, las personas que protestan contra el gobierno «habrían sido recluidas en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento».
Protección a defensores
Desde el estallido de la crisis en Nicaragua en abril de 2018, las personas defensoras de derechos humanos han sido objeto de persecución por parte de las autoridades gubernamentales. Lawlor insiste en que el país «debe redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la reunión pacífica y el derecho a defender derechos, especialmente en el marco de las elecciones generales previstas para noviembre de este año».
«La labor de las personas defensoras es más esencial que nunca. Su papel en la protección de los derechos humanos y la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado» agregó.
Según la nota de prensa de la ONU, Lawlor se encuentra en contacto con las autoridades nicaragüenses sobre la situación de los defensores de derechos humanos. El pronunciamiento ha sido respaldado por otros relatores de las Naciones Unidas.
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