Univisión se pronuncia ante amenazas hacia su corresponsal María Lilly Delgado

La Fiscalía nicaragüense ha solicitado medidas precautelares de retención migratoria, y la prohibición de concurrir a determinados lugares y de comunicarse con personas vinculadas a la investigación, contra la corresponsal de la cadena internacional.

La cadena de noticias internacional Univisión se pronunció respecto a las amenazas gubernamentales que ha recibido su corresponsal en Nicaragua, María Lilly Delgado, quien actualmente se encuentra bajo investigación por un supuesto caso de lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

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«Estamos profundamente preocupados por las amenazas directas e indirectas en contra de la corresponsal de Univisón María Lilly Delgado por parte de las autoridades nicaragüenses. Delgado es una periodista respetada y con muchos años de experiencia reportando desde Nicaragua. Sus reportajes e informes son esenciales y es necesario que pueda continuar su trabajo sin ser acosada» declaró Daniel Coronell, presidente de Univisión.

María Lilly Delgado ingresa al Ministerio Público por caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios | Foto: NI

Delgado fue citada hace una semana ante el Ministerio Público en calidad de testigo como otras decenas de comunicadores en el caso contra la FVBCH; sin embargo, a la periodista se le cambió la calidad de testigo a imputada por negarse a brindar declaraciones sin la presencia de su representante legal. A ella y dos extrabajadores de la fundación, han sido a los únicos a quienes se les ha negado ingresar con sus abogados.

Recientemente, el martes 1 de junio, la Fiscalía nicaragüense emitió un comunicado solicitando medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares, y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados; en contra de la corresponsal de Univisión.

Delgado dijo durante su última comparecencia a la Fiscalía que no sabe porqué la vinculan a este caso porque no tiene acceso a las fondos de la fundación ya que nunca fue trabajadora de esta, «por ende no puedo conocer el manejo» que esa institución alega y al cual la tratan de vincular; e insistió en que su única relación ha sido para brindar capacitaciones a otros periodistas nicaragüenses y que «capacitar no es un delito, si esta administración y si esta Fiscalía quiere criminalizar esto, eso es problema de ellos».

Presentadores en respaldo

Reconocidos presentadores de la cadena internacionales también se sumaron a la indignación por la situación que enfrenta Delgado.

«Esta valiente periodista María Lilly Delgado es nuestra corresponsal en Managua y en los últimos días, al igual que muchos periodistas, ha sido objeto de intimidaciones por parte de la dictadura (que teme una derrota en las elecciones de Noviembre)», escribió el periodista Jorge Ramos en sus redes sociales.

«Que el mundo sepa lo que pasa en Nicaragua. Solidaridad con nuestra corresponsal Maria Lili Delgado, quien es objeto de intimidaciones por parte del gobierno de ese país», dijo por su parte Ilia Calderón también en su cuenta de Twitter.

Intimidación a periodistas

Durante las últimas semanas más de 20 periodistas y representantes de medios de comunicación se han presentado ante el Ministerio Público para dar declaraciones respecto a su relación con la Fundación Violeta Barrios, la cual ejecutó diversos proyectos de fortalecimiento a la democracia y la libertad de expresión hasta su cierre en febrero de este año.

La Fundación Violeta Barrios cerró operaciones en febrero de este año tras decretarse la Ley de Agentes Extranjeros | Foto: NI

A la FVBCH se le adjudican supuestas irregularidades en el manejo de los fondos durante los años 2015-2019, aunque la investigación ha sido señalada como una medida del gobierno para sacar de la contienda política a la aspirante presidencial y exdirectora ejecutiva de la fundación, Cristiana Chamorro, a quien ya han inhabilitado para ejercer cargos públicos de facto y mantienen bajo arresto domiciliar.

El «desfile de citatorias» ha sido rechazado por la oposición y la comunidad internacional, asegurando que el caso solo complica el panorama electoral de este año. De igual forma, la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha denunciado que el gobierno de Daniel Ortega criminaliza la labor periodística en el país e inmiscuye a quienes la ejercen «en luchas políticas».

«La intimidación continua contra los periodistas en Nicaragua atenta contra la libertad de prensa y va en menoscabo de la democracia como un todo» sostuvo Univisión a través del reciente pronunciamiento.

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