«No son presos políticos», dice Moncada ante ola de arresto de opositores

El canciller de Nicaragua aseguró que el gobierno sandinista "actúa en base a su constitución política" tras la creación de leyes en diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional, bajo su dominio.

El canciller sandinista, Denis Moncada, en una entrevista al canal de televisión venezolano Telesur, dijo que «Nicaragua es una Estado libre» en relación a las demandas de la comunidad internacional de liberar a líderes opositores, y dijo que su arresto «no son por causas políticas» sino por supuestos «indicios de delitos», contradiciendo al propagandista progobierno William Grigsby, quien durante el programa radial Sin Fronteras expresó que los arrestos y allanamientos «sí son por razones políticas«.

Moncada aseguró que el gobierno sandinista «actúa en base a su constitución política y a las leyes» tras la creación de nuevas legislaciones en diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional, mayoritariamente sandinista, con las que ahora justifican la persecución y arresto a opositores durante las últimas semanas. Además, agregó que en Nicaragua existe «la función coordinada  y armoniosa de su institucionalidad» luego que la Organización de Estados Americanos -OEA- denunciara la concentración de poderes estatales en el país, y exigiera la construcción de un Estados Democrático.

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«Nicaragua es un Estado libre, independiente, soberano y con autodeterminación. realmente no somos colonia de nadie, ni Estado subordinado por una potencia imperial. El Estado Nicaragüense actúa en base a su constitución política, a las leyes y  a la función coordinada y armoniosa de su institucionalidad» manifestó Moncada al canal venezolano.

La comunidad internacional denuncia que Daniel Ortega busca su cuarto periodo consecutivo en el poder, y durante la última década las instituciones gubernamentales obedecen orientaciones políticas de la pareja presidencial, es decir, que quienes presiden los Poderes del estado nicaragüense son allegados al mandatario sandinista, como es el caso de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por Estados Unidos.

Ministerio Público abre investigaciones bajo «razones políticas»

El canciller sandinista explicó que las detenciones «arbitrarias» a 19 personas entre líderes opositores, empresarios, exfuncionarios de fundaciones, periodistas y precandidatos presidenciales, no obedecen a «causas políticas» sino por supuestos «indicios de delitos especificados en las leyes de Nicaragua», Ley 1055, o mejor conocida «Ley de Soberanía«, que justifica las investigaciones contra estas personas por realizar actos «que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» en referencia a las sanciones estadounidenses contra funcionarios sandinistas.

Sin embargo, en la misma entrevista aseguró que los delitos que se imputan contra opositores «están relacionados con el encabezamiento del golpe de Estado» que el gobierno sandinista denunció en 2018 durante las protestas antigubernamentales que exigieron la renuncia de Daniel Ortega y su gabinete de gobierno.

«Son delitos que están relacionados con el encabezamiento de golpe de Estado que alteran el orden constitucional actividades vinculadas con terrorismo, menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense. Son delitos que incitan a la injerencia extranjera en los asuntos internos nuestros. Demandan sanciones contra el Estado y nuestros ciudadanos, rayan en el delito de traición a la patria» agregó el canciller.

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Por su parte, el director de radio La Primerísima, William Grigsby, dijo a finales de mayo que las acusaciones e investigaciones del Ministerio Público se rigen bajo «razones políticas» por supuestamente ser financiados por Estados Unidos, que a su criterio, es una «potencia extranjera que se inmiscuye en asuntos de Nicaragua».

Así mismo, Moncada dijo que los cinco precandidatos opositores recientemente detenidos, entre ellos Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliar desde el dos de junio, «no son candidatos presidenciales» sino «directivos de organizaciones no gubernamentales» que han sido «financiados» por «el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea» para «desestabilizar el país».

Gobierno de Argentina y México piden a sus embajadores salir de Nicaragua

Los gobiernos de Argentina y México informaron este lunes 21 de junio que han pedido a sus embajadores en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, trasladarse a sus respectivas capitales con el objetivo de «realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días».

Al respecto Moncada dijo que «están en su derecho de convocarlos pero obviamente nosotros decimos y reiteramos no admitimos injerencias externas en los asuntos internos de Nicaragua, que le corresponden al pueblo nicaragüense y a sus autoridades, a su gobierno, a sus instituciones resolverlos. Reiteramos respeto mutuo en las relaciones internacionales y respeto que cada país resuelva los asuntos internos en el marco del Estado de derecho».

Por otro lado, Estados Unidos impuso recientes sanciones contra funcionarios sandinistas, y la OEA aprobó una resolución para exigir al Gobierno de Nicaragua que cumpla con sus obligaciones internacionales de construir un Estado de Democrático. Este 22 de junio, 59 países del mundo presentaron una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestando su preocupación y condena por la persistente violación de derechos humanos y detenciones arbitrarias desde 2018.

«Nos preocupa que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo», dice la declaración.

Por su parte, Moncada aprovechó la entrevista para acusar a Estados Unidos de «agredir» a los países «libres y soberanos» con «cienes y miles de muertos», a las que calificó «medidas unilaterales e inhumanas que obstruyen el desarrollo de los pueblos», mientras en Nicaragua se ha violentado el derecho a la vida con el asesinato de más de 300 nicaragüenses que se manifestaban en contra del mandatario sandinista durante la crisis sociopolítica desde abril 2018.

 

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