Comunidad LGBT+ sin protección ante acciones de discriminación

Sentir inseguridad en espacios públicos, prestar atención a cualquier burla y mirada juzgante de parte de desconocidos que puede surgir de la nada y que se puede transformar en un acto violento, forma parte del día a día de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+.

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Días atrás un joven hizo pública su experiencia en un «food court» de la capital, dónde desde el restaurante en el cual planeaba consumir recibió cuchicheos despectivos de parte de los trabajadores, quienes hicieron burlas de su orientación sexual. El joven mostró su indignación destacando que «la mofa y la cultura machista de este país resulta agotadora». Su percepción es similar al resto de personas que forman parte de la comunidad LGBT+, quienes deben hacer cara a situaciones como esta constantemente.

Venus Caballero López, Directora Ejecutiva de la Organización de personas Transgénero de Nicaragua (Odetrans), confirma que este tipo de discriminaciones son más recurrentes de lo que las personas creen, que además exponen a las personas LGBT+ a otro tipo de violencias (físicas, verbales y psicológicas), de parte de «personas desconocidas que se creen con el derecho de discriminar porque no existe en nuestro país un respaldo estatal que garantice el cumplimiento de nuestros derechos humanos».

Urge ley de protección

Situaciones como la expuesta hace pocos días en redes sociales, vuelven a poner en el ojo público la necesidad de la creación de una Ley que vele por los derechos de las personas LGBT+ y que penalice cualquier acto de discriminación y de violencia.

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«La única manera que podemos regular es con la aprobación de una ley que penalice la discriminación por orientación sexual e identidad de género» reconoce Caballero, haciendo énfasis a su vez de la importancia de la educación a la población para lograr verdaderos cambios sociales.

En países como México, que este mismo año aprobó una Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBT+, las personas de la diversidad sexual y de género cuentan con un respaldo legal que garantiza su derecho al trato digno y sin discriminación. Un vacío en las leyes nicaragüenses.

De hecho, hasta el año 2008 las relaciones homosexuales eran penalizadas en Nicaragua, por lo que la lucha de los colectivos LGBT+ en el país es de reciente data. Marlene Vivas, presidenta de la Asociación por los derechos de la diversidad sexual Nicaragüense (Adeseni), destaca que «a pesar de que el articulo 27 y 28 del Código Procesal Penal habla de que nadie puede ser discriminado, no existe una ley que en si penalice los crímenes de odio por discriminación», por lo que asegura que los casos continuarán presentándose.

«Se necesita cambiar el sistema, este país está plagado por el machismo en todos los sectores, desde las instituciones del Estado, desde la sociedad, desde la familia; es una transformación social que se necesita hacer tanto a nivel cultural, pero también a nivel legal» coincide Caballero.

No hay voluntad

Para la Directora de Odetrans, «no hay voluntad por parte del Estado, y no solamente hablando de este gobierno sino de todos los gobiernos que han transcurrido en la historia de Nicaragua; no hay esa voluntad para que se cumplan efectivamente los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT+, entonces a partir de esto no se han aprobado leyes, resoluciones, protocolos, que cumplan los derechos humanos de nuestra población diversa».

Vivas insiste en que la discriminación está presente en diversos espacios, «en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la familia… vivimos en una actualidad que realmente la gente que te agrede son inmunes, porque son casos que quedan ahí».

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Y la discriminación no termina ahí, pues esta se presenta incluso en el momento en que las víctimas se acercan a presentar sus denuncias, donde son revictimizadas por las autoridades policiales. Para ella, resulta un avance importante que desde los colectivos se presente una propuesta de Ley de identidad de género o que penalice la discriminación. Cabe destacar que de la Ley de identidad ya fue presentada una propuesta en el año 2010, pero desde entonces esta no ha logrado avanzar.

Caballero reconoce que la mayoría de avances que se han hecho han sido en el ámbito de la salud, y que construir una propuesta consensuada en estos momentos es «muy difícil», no solo por lograr la cohesión entre los diferentes colectivos, sino también debido a la «hermandad del Estado con las iglesias» y la situación sociopolítica que dificultaría la aprobación de una propuesta de Ley actualmente.

Mientras no se aprueben regulaciones contra la discriminación LGBT+ en el país, «lo que podemos hacer es un cambio estructural desde la educación a los niños, desde la escuela, empezar a mencionar estos temas, respeto a las identidades de las personas independientemente de su orientación o identidad» reflexiona Caballero.