Daniel Ortega se mandó a aprobar, con carácter de urgencia, una ley de atención para las víctimas de la violencia durante las protestas del año pasado.
La Asamblea Nacional, bajo el control absoluto de Ortega, aprobó la ley, llamada «Ley de Atención Integral a las Víctimas» con 69 votos a favor.
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En la ley Ortega ofrece a las “víctimas y sus familiares” del “intento fallido de un golpe de Estado”, atención en salud, educación, viviendas, becas de estudios y entradas gratis a eventos deportivos y de recreación en espacios públicos.
Sin embargo, lo más llamativo es que la ley no habla de justicia.
En el caso de la vivienda, la iniciativa dice que “las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018”.
También asegura que el Estado garantizará que las víctimas tengan acceso “a las instituciones deportivos públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de forma gratuita”.
Además resalta que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDDH) debe “organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento y monitoreo de la atención” en las instituciones.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ya dura 13 meses sin que haya algún indicio de poder superarla en el corto plazo.
Desde que comenzaron las manifestaciones, en abril de 2018, los nicaragüenses están exigiendo elecciones adelantadas y la salida de Ortega del poder.
Organismos internacionales de derechos humanos han acusado al Gobierno de Nicaragua de haber cometido crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
Fotografía: Nicaragua Investiga/NI
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