Qué es el delito de estupro y que es ignorado por las autoridades nicaragüenses

Nicaragua es el segundo país con más casos de embarazos precoces de la región, a pesar de reconocer como delito las relaciones sexuales con menores de 14 años.

En un país donde los embarazos adolescentes son una problemática recurrente, la cantidad de acusados por los delitos de abuso sexual y estupro es prácticamente nula. Nicaragua es ubicado como el segundo país con la tasa de fecundidad en adolescentes más alta de Centroamérica y el Caribe, a pesar de que su Código Penal reconoce como un delito el sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años.

Abusos sexuales y embarazos forzados: la doble violencia contra niñas y adolescentes agudizada ante COVID-19

La situación es prácticamente normalizada. Un caso reciente que ilustra la situación fue el ocurrido el pasado 31 de julio en una comunidad rural de la Costa Caribe Sur, una niña de 13 años falleció a causa de una hemorragia posparto tras un desgarre en su útero; su cuerpo no estaba preparado para gestar una vida. De este caso solo hubo lamentos y condolencias de parte de las autoridades, pero no se investigó a su abusador.

El Código Penal de Nicaragua establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años se califica como violación y debe ser sancionada con una pena de 12 a 15 años de prisión. Sin embargo, muchos casos de embarazos adolescentes son justificados con el hecho de que la menor sostiene una relación sentimental con el implicado y que por ello el acto sexual fue cometido bajo consentimiento, recayendo así toda la culpa sobre la víctima.

¿Hay realmente consentimiento?

A pesar de lo que algunas de estas percepciones arcaicas defienden, promoviendo así la normalización de los abusos sexuales hacia menores, la actividad sexual con una persona menor de la edad legalmente establecida como mínima es considerada no consensual.

La edad mínima de consentimiento sexual —en el caso de Nicaragua, los catorce años— busca proteger a los y las adolescentes de abusos y de las consecuencias (como un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual de las cuales aún no pueden ser plenamente conscientes al momento de iniciar la actividad sexual temprana.

Asimismo, busca proteger a los menores de que sean «presionados o coaccionados en cualquier modo a participar en la actividad sexual sin tener los medios o el poder para resistir y/o su consentimiento genuino y plenamente fundamento» según lo indica un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Delito de estupro

El Código Penal de Nicaragua también reconoce los delitos de estupro y estupro agravado, el primero se refiere a «quien estando casado o en unión de hecho estable o fuera mayor de edad, sin violencia o intimidación, acceda carnalmente o se haga acceder por una persona mayor de catorce y menor de dieciséis años».

En el caso agravado, se refiere a «cuando el estupro sea cometido por quien está encargado de la educación u orientación espiritual, guarda o custodia de la víctima por persona que mantenga con ella relación de autoridad, dependencia, familiaridad o comparta permanentemente el hogar familiar con ella».

Según el anuario estadístico de la Policía Nacional, en 2020 fueron registradas seis denuncias por el delito de estupro agravado, menos de la mitad de lo reportado un año antes. Y en los casos por estupro, se reportaron 242 denuncias, un 47.6% más en comparación a 2019.

¿Cómo saber si una niña o niño está siendo víctima de abuso sexual? ¿Cómo prevenirlo?

Cifras tan bajas ante el hecho de tratarse de uno de los países de mayor tasa de embarazos precoces, solo confirman que la mayoría de casos de abuso sexual y de estupro no son denunciados ante las autoridades. Asimismo, existe cierta normalización de parte de estas mismas representatividades. Incluso la vicepresidenta Rosario Murillo, ha catalogado con anterioridad a los partos de menores como «un milagro, un signo de Dios».

Este tipo de denominaciones solo favorecen a que las relaciones entre un adulto y una menor sean vistas como un asunto consensuado, y que no sean denunciados por la familia o de interés para ser investigado por las autoridades correspondientes.

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