En Nicaragua hay más presos políticos de lo que los medios de comunicación y organismos defensores de derechos humanos denuncian. Una de las leyes que el régimen de Daniel Ortega está empezando a aplicar para acallar a ciudadanos opositores es la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de octubre del 2020.
Nicaragua Investiga ha conocido el caso del ciudadano Alexis Peralta Espinoza, de 48 años de edad, originario del municipio de Condega, quien fue encarcelado a inicios de noviembre acusado del supuesto delito de “propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación”.
El caso está siendo llevado en el Juzgado Distrito Penal de Audiencia de Estelí y según la acusación, Peralta actuó en “perjuicio” del “Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
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“Desde aproximadamente el mes de junio del año dos mil veintiuno, el acusado Alexis Peralta Espinoza ha incurrido en acciones ilícitas que han provocado alarma, temor, zozobra en la población, en el municipio de Condega y departamento de Estelí, efectuadas en contra de personas naturales y jurídicas, utilizando como método, como medio y como fin, datos, sistemas informáticos, tecnologías de la información y la comunicación en el ciberespacio, su propósito es la desestabilización de la paz social, interactuando en distintos ambientes digitales o redes sociales, tales como Facebook, con el perfil a nombre de “Alexis Peralta Espinoza @peraltalex, Twitter y la aplicación Whatsapp”, indica parte de la acusación.
Dicen que ha «menospreciado» a las autoridades
El régimen afirma que desde esas plataformas Peralta “ha efectuado publicaciones y compartido otras que implican de su parte exaltación y engrandecimiento a las sanciones económicas y de restricción en el sistema financiero de carácter internacional que hasta esa fecha habían sido publicadas en distintos medios de comunicación, impuestas a distintos funcionarios o autoridades públicas de Nicaragua”.
El documento señala que Peralta supuestamente había adoptado “prácticamente un carácter antisocial”, “menospreciando” a la autoridad legítimamente constituida.
Dos tweets como “pruebas”
Para acusarlo fueron presentadas dos publicaciones de Twitter. En una de esta, publicada el 25 de marzo, Peralta cuestionaba: “Qué pasó señores orteguistas,? No que si ganaba Biden era mejor por que es demócrata , en EEUU existe una política oficial y no cambia, cuidado el TLC, y las sanciones al EPS”; y en la otra, con fecha del 10 de junio, expresaba: “#Conclualmagronica No más violencia gubernamental en Nicaragua”.
Que paso señores orteguistas,? No que si ganaba Biden era mejorpor que es democrata , en EEUU existe una politica oficial y nocambia , cuidado el TLC ,y las sanciones al EPS.
— Alexis Peralta Espinoza (@peraltalex) March 25, 2021
#conclualmagronica No más violencia gubernamental en Nicaragua.
— Alexis Peralta Espinoza (@peraltalex) June 11, 2021
La violenta captura
Su captura tuvo lugar el 6 de noviembre aproximadamente a las 7:00 de la noche. Según un Recurso de Exhibición Personal interpuesto el 11 de noviembre en el Tribunal de Apelaciones de Estelí por su hermana Marbely Peralta, alrededor de ocho agentes de la Policía de Daniel Ortega ingresaron a la vivienda del acusado “sin ninguna orden judicial” y “de manera violenta se aventaron” contra él, “lo golpearon, lo esposaron y lo sacaron de la casa” y “se lo llevaron a bordo de una patrulla”.
El 12 de noviembre el Tribunal le dio trámite al recurso nombrando como “juez ejecutor al licenciado Elmer Umanzor, quien deberá cumplir con su cometido al tenor de lo que ordena la Ley de Justicia Constitucional”. El recurso fue “en contra del comisionado mayor Alejandro Ruiz Martínez, jefe de la Policía Nacional de Estelí, y/o comisionado Pedro Roque, jefe de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Estelí”.
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Buscan someter a todo el que adverse al régimen
Para el abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia, es ilógico que se esté acusando a alguien por hacer este tipo de publicaciones, más cuando son personas que “no tienen una connotación nacional”, y no tener muchos seguidores. Efectivamente, al revisar la cuenta de Twitter de Peralta Espinoza, solo se observan 12 seguidores.
“La ley misma, el Código Penal tiene algo que se llama principio de lesividad, y es que La Ley penal no persigue castigar por castigar sino que tiene tiene que tener una significación jurídica, una relevancia jurídica, es decir, tiene que haber una lesividad realmente”, explicó.
El especialista advirtió que en un “estado policíaco” como el que impera en Nicaragua cualquier instrumento jurídico puede ser usado “para someter a cierto grupo social que adverse al gobierno”.
“El problema no es la ley, sino el sistema de justicia que obedece directamente órdenes, jueces y magistrados que se jactan de ser máster y doctores reciben órdenes de bachilleres de El Carmen”, expresó.
Al respecto, Morazán destacó el reciente arresto del exembajador y exsacerdote Edgard Parrales, solo por analizar en medios de comunicación hechos objetivos y reales como la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El especialista en administración de justicia advierte que es muy probable que más personas sean procesados por la ley de ciberdelitos y destacó que “hay más presos políticos en Nicaragua de lo que nosotros sospechamos”, pero que los familiares de los detenidos prefieren que el hecho no trascienda para evitar represalias de las autoridades.
Otros presos acusados de violar la ley de ciberdelitos
Uno de los casos que sí ha trascendido es el de Samantha Jirón, una joven de 21 años de edad, originaria de Masaya. Esta fue detenida por el 9 de noviembre en Managua y está siendo acusada de conspiración y violar la Ley de Ciberdelitos.
Días antes, el 6 de noviembre, fue detenida también Nidia Lorena Barbosa Castillo, de 66 años de edad, en su casa de habitación en el municipio de Nindirí. El Ministerio Público la acusó de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación».
Otra que está presa desde el 29 de julio y ya fue remitida a juicio por «propagación de noticias falsas» es la defensora de derechos humanos María Oviedo.
Enorme costo de las acusaciones
Morazán señala que que todos estas acusaciones también están significando un enorme gasto para las arcas estatales. Efectivamente en el 2012 el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, afirmaba que un acusado le costaba al pueblo de Nicaragua 30 mil dólares «en todo el proceso penal».
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