En medio de la crisis política y económica que atraviesa Nicaragua desde 2018 y la cual se prevé pueda agudizarse con la reelección de Ortega en unos comicios señalados de «ilegítimos», ha hecho que miles de ciudadanos decidan migrar hacia el norte de América en busca de «libertad» y estabilidad económica.
Sin embargo, no todos corren la misma suerte de permanecer en suelo estadounidense mientras esperan que su solicitud de asilo sea aceptada. Según la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, en 2021 han sido detenidos más de 50.000 nicaragüenses en la frontera sur, una cifra récord en comparación a 2020 cuando solamente se contabilizó a 2,291 nicaragüenses.
De estos, 34,000 aguardan audiencia ante un juez, una cifra alarmante cuando en 2018 solo se registraron 4,145 casos, según un estudio de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos.
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«En los últimos 10 días te puedo decir que más de 200 nicaragüenses han sido deportados», dijo el abogado de inmigración Miguel Inda Romero en entrevista al periodista nicaragüense Ivan Taylor para Univisión.
Según sus declaraciones, «José» -uno de sus clientes nicaragüenses- fue deportado luego de permanecer detenido por varios días en un centro de inmigración en el Estado de Luisiana.
«En el caso de José lo que hicieron fue ilegal, lo deportaron cuando tenía una apelación pendiente», puntualizó el abogado del Sur de la Florida.
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Por su parte, el joven nicaragüense, dijo al periodista que decidió viajar a Estados Unidos en busca de «libertad», y solicitar asilo por la incesante persecución parapolicial que vivía en Nicaragua por su participación en las manifestaciones antigubernamentales.
«Anduve en marchas pacíficas, participé contra el gobierno», expresó José, y agregó que al regresar a Nicaragua tuvo que ser resguardado y ante la inminente persecución «no sale por miedo».
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De acuerdo a las declaraciones del abogado, muchas de estas deportaciones se debe a que los jueces de inmigración desconocen la situación de riesgo que atraviesan miles de nicaragüenses en su país.
Por otro lado, el hecho de estar detenido en un centro de inmigración en Estados Unidos no hace posible que el solicitante pueda presentar las pruebas necesarias sobre la persecución política que vive en Nicaragua, e incluso, prestar los servicios de un abogado que lo defienda en el proceso judicial.
Otro caso es el de una caraceña que salió del país desde el pasado mes de septiembre y ha llegado a California en Estados Unidos donde espera un proceso judicial para recibir el asilo político.
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