“La policía mintió”, eso es lo que dice el abogado y por 8 años funcionario del poder judicial Yader Morazán, luego de revisar los antecedentes penales de los tres jóvenes acribillados por varios oficiales este miércoles.
Morazán entró al sistema Nicarao, de gestión procesal al que tienen acceso los abogados del país y revisó si tal y como aseguró la policía en el comunicado No. 26-2019, existían antecedentes penales y orden de captura para los jóvenes Bryan Yeraldine Murillo López, muerto en el acto y Kenner Javier Murillo López y Javier Feliciano Cortéz Castillo, heridos de gravedad.
Morazán explica que en el caso de Bryan, de 22 años, solo se registra una acusación en el año 2016 por el delito de posesión menor de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas, el caso se archivó luego de un año porque la fiscalía jamás dio seguimiento al proceso. No aparece ninguna acusación por robo con violencia ni otro delito de alta peligrosidad a como citó la policía.
“No aparece más información reciente sobre él. No hay una solicitud ni hay la emisión de una orden de captura en contra de él”, asegura el abogado.
Más contradicciones
Morazán identifica al menos 11 incongruencias en los planteamientos de la Policía, entre ellos el hecho que se haya, según esa institución, girado una orden de captura sin antes haber presentado formal acusación.
“Si están en diligencias investigativas por los ¨robos¨, y van a remitir a los ¨delincuentes¨ al juez, ¿cómo es que ya tenían una orden de captura judicial? solo se obtiene con expediente judicial presentado”, nos dice este profesional de las leyes.
La Policía aseguró en su nota de prensa que Bryan Murillo es un “prófugo por delitos de peligrosidad, robo con intimidación y robo con violencia” en perjuicio de dos ciudadanos cuyos nombres no revelan.
Morazán explica que las órdenes de captura tienen varias limitaciones legales, entre ellas “no autorizan a allanar una casa, solo a detener fuera de esta, exceptuando en flagrante delito o por el consentimiento del dueño de la casa”, que no es lo que expresa la nota de prensa policial. También advierte que haber allanado una vivienda sin una orden judicial, que es lo que la familia afirma “es un delito castigado de 3 a 5 años, tal como lo dispone el artículo 201 del Código Penal”, afirma.
#NicaraguaInvestiga Los récords de policía de Bryan Murillo (asesinado a balazos ayer), Kener Murillo y Javier Cortez demuestran que ninguno tenía antecedentes https://t.co/UyLPCoTFsU pic.twitter.com/hRtX5cSs77
— nicaraguainvestiga (@nicaraguainvest) July 18, 2019
El exfuncionario judicial también explicó que el allanamiento ocurrió en horarios no aprobados por la Ley que son entre seis de a mañana y seis de la tarde.
En el cuarto párrafo de la nota de prensa la policía no solo involucra en delitos a Bryan, sino que a los otros dos jóvenes que fueron heridos gravemente, “Los delincuentes registran antecedentes delictivos por robo con intimidación, violencia, amenazas de muerte y violación de domicilio”, cita la nota.
Morazán explica que aquí se comete otro error porque “para la policía son investigados, y no debe de utilizar se peyorativos como, delincuentes, terroristas o golpistas, ya que solo un juez, a través de un proceso penal y en base a pruebas que les de certeza, es quien puede así declararlo, de lo contrario, debe de ser tratado como inocentes o investigados, según el artículo 34.1 de la Constitución Política”, dice.
En los casos de Kenner Murillo y Javier Cortez no hay ninguna causa presentada jamás en sus expedientes. En el registro de Cortéz se identifica solamente una denuncia que él presentó contra una empresa por demanda de beneficios laborales.
«Conclusión, la Policía no sabe ni inventar, pero ni en papel su propia mentira», afirma Morazán de manera categórica.
Morazán explica que la actuación de los oficiales en este caso requiere una investigación penal, pero la Policía no mencionó absolutamente nada sobre el tema, por lo que se entiende que no habrá castigo para los oficiales que perpetraron el asesinato.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + emitió una nota de prensa en la que coincide con los puntos de Morazán, entre ellos los horarios ilegales de allanamiento, la falta de presentación de una orden judicial y los calificativos de delincuentes usados contra personas a las que no se les ha dictado sentencia, y atribuyen los trágicos hechos a la represión política que vive el país.
«La privación de la vida en perjuicio de Bryan ocurre en el contexto de estado de excepción de facto en el territorio nicaragüense, donde prevalece la represión estatal, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal, así como constante persecución política», expresa el comunicado de este colectivo en el exilio.
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