La muerte del nicaragüense Henry Ruiz López en Upala Costa Rica, a unos pocos kilómetros de Nicaragua, fue denunciada por el Gobierno de Daniel Ortega como un crimen de lesa humanidad del Gobierno costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.
El gobierno de Nicaragua mantiene la versión de que se trataba de pescadores artesanales, sin embargo, las autoridades costarricenses informaron que fueron advertidos de la presencia de embarcaciones no autorizadas en sus aguas que estaban introduciendo productos a su territorio, llegaron al sitio y al dar la orden de alto a las cinco embarcaciones, dos de ellas abrieron fuego. Entre el fuego cruzado el nicaragüense murió y rechazó las quejas del gobierno nicaragüense.
“Condena” expresada por #Nicaragua “no es de recibo” para Costa Rica.
— Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) August 16, 2019
El gobierno de Ortega calificó el hecho como un acto grave de violación a los derechos humanos y recurrió a estas dos instancias internacionales asegurando que la policía tica hizo un uso excesivo de la fuerza y utilizó de manera indebida armas de fuego, curiosamente los mismos delitos que ellos han cometido contra la población civil del país, dejando como saldo al menos 328 muertos y unos 60 mil exiliados, la mayoría de ellos viven justamente en Costa Rica.
«Esta actuación condenable desde todo punto de vista contraviene el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptados por Naciones Unidas», dijo Rosario Murillo.
Murillo insistió en que los policías ticos no respetaron ni protegieron la dignidad humana ni defendieron los derechos humanos de los nicaragüenses que fueron parte del operativo en Upala.
El gobierno de Ortega pide a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet que se pronuncie sobre el tema y que inste al gobierno costarricense a realizar una investigación exhaustiva que logre las sanciones a los responsables.
Con esta escalada diplomática Ortega eleva las tensiones con el Gobierno tico, a quien en meses anteriores ha reclamado por según ellos, permitir el refugio de personas a las que consideran terroristas, que no son más que civiles que huyen de la represión y persecución estatal, ejecutada incluso con fuerzas irregulares que cooperan con la policía.
El Gobierno tico a través de su cancillería emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de Nicaragua por uso excesivo de la fuerza y acusó al Gobierno de Ortega de usar esta situación para nuevamente desviar la atención sobre los problemas internos que vive el país.
Foto principal: Enrique Oporta
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